Comunidad en el exterior
Dominicanos piden que la reforma migratoria llegue también a Puerto Rico
Dicen que en Puerto Rico viven de forma ilegal más de 200,000 dominicanos
SAN JUAN, (EFE).- El Comité Dominicano de los Derechos Humanos pidió que la reforma migratoria que prepara el Congreso de EE.UU. llegue también a Puerto Rico, donde, según esa organización, viven de forma ilegal más de 200,000 dominicanos que sufren las consecuencias de la falta de papeles.
El presidente de la sección de Puerto Rico del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, José Rodríguez, dijo hoy a Efe que con un proyecto de ley para una reforma migratoria a debate en el Senado no se debe olvidar que en este estado libre asociado de EE.UU. también existe el problema de la inmigración ilegal.
Rodríguez encabezó este miércoles una concentración en San Juan ante las instalaciones federales de Inmigración en la isla caribeña para denunciar un problema que afecta a cerca de la mitad de los dominicanos que viven en Puerto Rico.
«Se trata de una comunidad que tiene que tomarse en cuenta», dijo el líder de la ONG, que calcula que los dominicanos que viven en Puerto Rico suman cerca de 400.000 personas y supone más del 90 por ciento de todos los extranjeros que residen en la isla caribeña.
Destacó que los dominicanos que viven de forma ilegal en Puerto Rico son acosados por las fuerzas de seguridad locales, que, dijo, actúan como agentes de Inmigración sin contar con jurisdicción para esa tarea.
«Los dominicanos en situación ilegal son un caldo de cultivo para la Policía», insistió Rodríguez, que en múltiples ocasiones ha denunciado la persecución y discriminación racial contra la comunidad de su país en Puerto Rico por parte de las fuerzas de seguridad de la isla.
A su juicio, con la regularización de los dominicanos ilegales en Puerto Rico se solucionarían las situaciones de abuso que sufre reiteradamente esa comunidad a manos de empresarios sin escrúpulos que se aprovechan de la indefensión de este colectivo.
Rodríguez denuncia que en muchos casos, en especial en el sector de la construcción, algunos patronos se aprovechan de la situación irregular de los dominicanos para no pagarles las cantidades a las que tienen derecho.
«Les amenazan y salen -los dominicanos indocumentados- huyendo, olvidándose de sus pagas», asegura Rodríguez, que dice conocer casos de trabajadores que han dejado de cobrar muchos miles de dólares ante el temor de que sus patronos les denunciaran a las autoridades de Inmigración.
El nuevo gobernador puertorriqueño del Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla, se comprometió en la campaña electoral a atender la situación de ese colectivo. Fruto de ese compromiso, la comunidad dominicana se beneficiará del proyecto de ley que presentará el Ejecutivo para que los indocumentados en la isla puedan solicitar una licencia de conducir.
En Puerto Rico hay 68.000 dominicanos con ciudadanía estadounidense, aunque de forma extraoficial se barajan cifras de una población total de entre 200.000 y 400.000 personas.
NUEVA JERSEY.- Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informaron la captura de dos dominicanos que eran buscados por varios delitos.
Jennifer del Carmen Rosario Monción, quien fue arrestada en Newark, Nueva Jersey, era buscada en la República Dominicana por homicidio.
El nombre del otro arrestado no fue revelado de inmediato, pero ICE informó que fue acusado de conspiración para distribuir y poseer fentanilo con intención de distribuirlo.
Rosario Monción permanecerá bajo custodia mientras se realizan los trámites de deportación para que enfrente la justicia en la República Dominicana.
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NUEVA YORK.- A pesar de los avances, ningún país ha conseguido cerrar las brechas legales entre hombres y mujeres. Aún persisten leyes y prácticas sociales discriminatorias que frenan el progreso de las mujeres y que afectan a cuestiones vitales como el acceso a la propiedad, al mercado laboral o a emprender un negocio, así lo señala ONU Mujeres, que asegura que las «barreras invisibles» impedirán la igualdad económica durante 286 años. Actualmente, solo el 4% de las mujeres del mundo vive en economías que ofrecen una igualdad legal casi plena, según el Banco Mundial.
Esa es la temática principal sobre la que gira este año la 70 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) que se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Más de 8.000 personas, de gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil, se reúnen para evaluar la agenda de género global.
Muchas de las barreras a las que se enfrentan las mujeres comienzan en el hogar. En América Latina, por ejemplo, en numerosas ocasiones deben buscar la aprobación de sus maridos o familiares varones para tomar decisiones financieras importantes. De hecho, un estudio de CAF muestra que solo el 33% de las mujeres toma decisiones financieras de forma autónoma, comparado con el 48% de los hombres. Y eso sucede cuando, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL (datos 2024), el 25% de las mujeres en América Latina no cuenta con ingresos monetarios propios, una cifra que contrasta drásticamente con el 10% de los hombres.
Ante este escenario, las soluciones innovadoras en inclusión financiera son una herramienta clave. Según Javier Flores Moreno, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), estas restricciones sociales se pueden evitar: ”En República Dominicana concedemos créditos a mujeres rurales sin exigir la titularidad de la tierra (a menudo en manos de hombres) y somos, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la única entidad que aprueba mayores montos a las mujeres y con las mismas condiciones de interés y plazo.
“En un contexto de vulnerabilidades acumuladas e incertidumbre y presiones crecientes, la igualdad entre mujeres y hombres exige mucho más que voluntad: requiere de consensos e instituciones eficaces para transformar sesgos que restringen oportunidades y libertades, y abrir futuros posibles para la resiliencia, la agencia y la prosperidad sin exclusión”, ha señalado en su intervención Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (PNUD).
Según Gloria Reyes, ministra de la Mujer de República Dominicana, “la desigualdad de género no se sostiene solo en brechas legales o económicas; también se alimenta de creencias profundamente arraigadas que siguen asignando a las mujeres la carga del cuidado y limitando su autonomía”. La ministra subrayó además que “ la inclusión económica de las mujeres no se logra con esfuerzos aislados: requiere políticas integrales que conecten inclusión financiera, corresponsabilidad en los cuidados y oportunidades reales para emprender y trabajar”.
Para Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, “romper los sesgos no es solo un desafío social, es una responsabilidad concreta del sector financiero: debemos diseñar soluciones que atiendan a la realidad de las mujeres y les permitan avanzar con autonomía y oportunidades reales”. La entidad atiende a más de 540,000 emprendedoras que, como Elsa, salen adelante gracias a su esfuerzo y al acompañamiento y acceso a digitalización y a servicios financieros y no financieros (ahorro, microseguros de vida o capacitación) diseñados para que los emprendedores de sectores menos favorecidos puedan progresar y salir de la pobreza. De los emprendedores que consiguen salir de esta situación, 7 de cada 10 son mujeres, y lo logran después de tres años con la entidad.
Un ejemplo de que el emprendimiento ayuda a lograr esa inclusión es la emprendedora dominicana Elsa Gómez que tiene un negocio de demolición y venta de materiales de construcción reciclados en Santo Domingo. Ha contado en la CSW que todavía resulta extraño que una mujer se dedique a este negocio. Banco Adopem, entidad de la FMBBVA, le proporciona financiación y educación financiera para administrar sus recursos. «Lo más importante para mí como mujer es trabajar y luchar cada día para avanzar», ha explicado Elsa, que gracias a su negocio ha pagado su carrera universitaria, la casa de su madre y la educación de sus hijos. Como ella, el 86% de las mujeres en América Latina opta por ser su propia jefa por necesidad.
La FMBBVA atiende a más de 3 millones de emprendedores de escasos recursos, más de la mitad mujeres (1,8 millones), en cinco países de América Latina, entre ellos República Dominicana. Sus datos de desempeño desmienten los prejuicios sobre el riesgo financiero femenino: 7 de cada 10 personas que abandonan la pobreza son mujeres y aunque solicitan montos menores, sus negocios crecen al mismo ritmo que los de los hombres.
NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat anunció la asignación de más de un millón de dólares para apoyar el trabajo de la organización comunitaria We All Really Matter (W.A.R.M.), dedicada a asistir a sobrevivientes de violencia doméstica y fortalecer los servicios para familias vulnerables en el distrito congresual NY-13 de Nueva York.
Los recursos forman parte de más de 14 millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos comunitarios gestionados por el legislador, con el objetivo de ampliar programas de apoyo directo, intervención en crisis y acompañamiento a personas que enfrentan situaciones de violencia en el hogar.
Espaillat explicó que «esta inversión ayuda a garantizar que quienes atraviesan una crisis tengan acceso a seguridad, apoyo y un camino claro para reconstruir sus vidas, mientras reforzamos una red comunitaria de protección, dignidad y esperanza para todos».
We All Really Matter es una entidad sin fines de lucro fundada en 2010 por la activista y sobreviviente de violencia doméstica Stephanie McGraw. Ofrece apoyo integral a víctimas y sobrevivientes a través de programas de intervención en crisis, planificación de seguridad, consejería, grupos de apoyo y asistencia para acceder a vivienda de emergencia y otros recursos esenciales.
Además de brindar acompañamiento emocional y social, ayuda a las personas afectadas a navegar procesos legales, acceder a servicios de salud mental y obtener asistencia pública, con el objetivo de que puedan reconstruir sus vidas y alcanzar estabilidad a largo plazo.
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