El expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, fue excluido del expediente. JORGE CRUZ/
Santo Domingo, RD.- El rostro del expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel Díaz, fue cambiando ayer a medida de que el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional motivaba su decisión sobre el porqué éste no podía ser encausado por presunto lavado de activos.
Dotel Díaz, quien durante su intervención por ante el juez José Alejandro Vargas lloraba de indignación al ser vinculado a la red que dirigía César Emilio Peralta, saltó de la emoción cuanto el magistrado lo desvinculó de los cargos presentados por los fiscales.
En la audiencia, el magistrado, al motivar la decisión, determinó que no halló indicios de que Dotel Díaz fuera testaferro de César Emilio Peralta (César el Abusador), quien se encuentra prófugo.
Sin embargo, el tribunal planteó que había elementos para dictar medida de coerción en contra de Dotel Díaz, por la implicación que le hace el ministerio público sobre porte de arma de fuego, razón por lo que le impuso el pago de una garantía económica de un millón de pesos bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
Mientras que a la salida del tribunal, mientras el exjugador de Grandes Ligas era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, una multitud aplaudía y vociferaba su nombre, proclamando “libre, libre Dotel”.
Asimismo, el juez dispuso la libertad de los imputados Obispo Feliz Lorenzo, contable, y de Roberto José Cáceres, también vinculados a César el Abusador, tras imponerles el pago de una garantía económica de 500,000 pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Prisión preventiva
Mientras que el tribunal dictó tres meses de prisión preventiva en contra de José Bernabé Quiterio, para ser cumplidos en la cárcel de La Victoria. Al principio el juez dispuso que fuera enviado a la cárcel de Najayo, pero su abogado Felipe Herrera, pidió que si se podía cambiar de recinto carcelario, a lo que el juez aceptó.
Para dictar prisión preventiva, el juez alegó que como las autoridades de Estados Unidos aseguran que varias de las propiedades incautadas pertenecen a César el Abusador, también Bernabé Quiterio, dice que las mismas son de su propiedad, por lo que a su juicio hay una vinculación de este con César el Abusador, al tiempo que declaró el caso complejo. Mientras que el Ministerio Público adelantó que una vez le sea notificada la decisión del juez Vargas que dejó en libertad a los tres imputados, la recurrirá en apelación, al considerar que la decisión no se ajusta a la ley y que hubo una incorrecta valoración de las evidencias presentadas en contra de los encartados.
Al grupo se le acusa de incurrir en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto del delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas.
DECISIONES
Armas. La Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional acusan a Dotel Díaz de los delitos de tenencia ilegal de armas, municiones y sus accesorios, y tenencia y uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Sostuvo que el transcurso de las pesquisas de este caso que lleva cabo junto a la DNCD ha obtenido suficientes evidencias que vinculan al grupo con la red criminal y que la medida que debió imponerse en este caso es la prisión preventiva.
Libres. El juez ordenó la libertad de Obispo Feliz Lorenzo, contable, y de Roberto José Cáceres, también vinculadados a la red de “El Abusador”, tras imponerles pago de una garantía económica de 500,000 pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.
