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Eddy Olivares desmiente pleno JCE haya aprobado nuevo formato de cédula
Santo Domingo.-El miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, aclaró ayer que el Pleno de esa institución no aprobó el formato de la nueva cédula de identidad y electoral, como se ha interpretado.
Aseguró que el órgano “tarde comprendió” que había incumplido con el requisito de consultar a los partidos políticos sobre ese tema, antes de iniciar el proceso de licitación pública para imprimir ese documento.
En un comunicado, el funcionario destacó que el Pleno no estudió la resolución que contiene el formato de la cédula, porque fue convocado con menos de 24 horas de anticipación.
Manifestó que por lo tanto, “será después que celebremos una sesión con los delegados de los partidos políticos reconocidos, conforme al artículo 8 de la Ley Electoral 275-97, que el Pleno tomará una decisión en torno al formato de la cédula”.
A continuación la declaración íntegra del magistrado Olivares:
ACLARACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL FORMATO DE LA CÉDULA
No es cierto que se haya aprobado un nuevo formato de la Cédula de Identidad y Electoral como ha sido informado después de los detalles ofrecidos por el vocero de nuestra institución en lo concerniente a las decisiones adoptadas por el Pleno en su Sesión Administrativa Extraordinaria del día 14 de enero del 2014, que tenía ese tema como segundo punto de la agenda.
Se trató de una convocatoria extraordinaria que, debido a que se hizo con menos de 24 horas de anticipación, dificultaba el estudio de la mencionada propuesta, razón por la cual se decidió remitirla a los partidos políticos sin haber sido discutida por el Pleno.
Considero que esa urgencia se debió a que tarde se comprendió que se había incumplido con el requisito de consultar a los partidos políticos,tal y como lo sugerimos al pleno desde el inicio de la licitación para la compra de los equipos, materiales y servicios para impresión del nuevo formato, en razón de que tienen un interés legítimo en todo lo relacionado con el documento de identidad.
En ese sentido, nuestra solicitud de revocación de la mencionada licitación, de fecha 23 de abril del 2013 y rechazada por el Pleno el 26 de ese mismo mes, estuvo motivada entre otras razones, en que los partidos no habían sido consultados y ni siquiera informados sobre el propósito de cambiar la cédula.
Por lo tanto, será después que celebremos una sesión con los delegados de los partidos políticos reconocidos, conforme al artículo 8 de la Ley Electoral 275-97, que el pleno tomará una decisión en torno al formato de la cédula.
El cambio del actual formato de la cédula debió ser discutido antes de iniciarse el proceso de licitación, tal y como lo sugerimos en el documento antes mencionado.
Eddy Olivares Ortega
Miembro Titular JCE
15 de enero de 2014
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.