SANTO DOMINGO.-263 empleados de la Dirección General de Migración (DGM) fueron desvinculados desde enero de 2025 hasta la actual fecha por «acciones que violan las normas institucionales», informó la institución este lunes.

Estas desvinculaciones se dan como resultado de 980 procesos de investigación administrativa y seguimiento a procesos internos.

De dichos casos, a los que da seguimiento la Dirección de Asuntos Internos de la DGM, 185 expedientes siguen en estado de investigación, 244 empleados han sido amonestados y sancionados, y 66 han sido suspendidos.

Además, 123 trabajadores han sido trasladados, 21 despachados y en 75 de ellos no se adoptó ningún tipo de sanción porque no se pudo comprobar la participación de los investigados en los hechos imputados, detalló la DGM en un comunicado.

Para la institución, estos resultados «evidencian un sistema activo de supervisión institucional donde las investigaciones se desarrollan bajo criterios de objetividad, respeto al debido proceso y aplicación proporcional de las medidas correspondientes y las normativas del Ministerio de Administración Pública».

Por otro lado, el año pasado el Departamento de Investigaciones procesó 7,050 casos de fraude documental, 4,400 de suplantación de identidad, 850 casos de procesos migratorios y 185 casos de intentos de violación de impedimentos, sustentados en órdenes judiciales.

La DGM exhortó a la ciudadanía a «colaborar con la notificación de cualquier irregularidad o presencia de asentamientos ilegales, así como de malas prácticas detectadas en las que se puedan ver envueltos miembros de la institución».

«La DGM, reitera su política de no tolerancia frente a cualquier tipo de acción que vaya en contra de la naturaleza y la misión para la cual fue creada la institución; y que mantiene una política de no hacer concesiones a favor de personas que estén en procesos de investigación por violación a la Ley 285-04», indicó la institución.

Santo Domingo, R.D.-Debido a complicaciones de salud la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 20 de abril el conocimiento de la audiencia preliminar seguida contra el exsenador Rafael Calderón, imputado en el Caso Calamar.

El proceso judicial contra el exlegislador se desarrolla de manera independiente, luego de que la magistrada ordenara separar su expediente del grupo principal de imputados.

El exsenador por la provincia de Azua es acusado por el Ministerio Público de integrar un «holding criminal» dedicado a la expropiación irregular de terrenos y a la distracción de fondos públicos durante la gestión del expresidente Danilo Medina, con el fin de financiar la campaña política de 2020.

De manera puntual, el órgano acusador señala en su expediente que, valiéndose de su cercanía con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exlegislador gestionaba directamente la autorización de pagos de deuda administrativa por concepto de expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.

Según la acusación, Calderón presuntamente exigía a los propietarios legítimos la entrega de montos que oscilaban entre el 40 % y el 70 % de la suma pagada, bajo acuerdos transaccionales firmados por Guerrero «sin ninguna justificación ni fundamento legal, salvo el pago de sobornos».

El expediente detalla que, para ocultar el origen ilícito del dinero, el excongresista utilizó a personas físicas y jurídicas como prestanombres. Entre los mencionados figuran el ciudadano Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y las empresas del acusado Omar Manuel Miqui Arias, específicamente las sociedades Miqui Trade, S.R.L. e Industria Misaqui, S.A.

El Ministerio Público determinó que, producto de este entramado, Rafael Calderón habría obtenido la suma total de RD$ 165,297,166.71.

Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 564 paquetes de presunta cocaina fue incautado  la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en una labor de interdicción conjunta desarrollada frente a las costas  de Barahona.

En la operación que participaron miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y el Ejército (ERD) coordinados por del Ministerio Público, los agentes interceptaron una lancha rápida, que según informes de inteligencia, se movilizaba hacia las costas dominicanas, con un importante alijo de presuntas sustancias narcóticas.

Durante la intervención, arrestaron a cinco hombres y se ocupó una embarcación de 23 pies de eslora, con un motor fuera de borda de 60 caballos de fuerza, una pistola con su cargador, varias cápsulas, entre otras evidencias.

A través de un comunicado de prensa se informó que tras horas de persecución los individuos al notar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha, lanzaron varias pacas al mar y emplayaron la embarcación en las costas de la playa San Rafael, lo que obligó una amplia movilización de unidades de reacción para asegurar el control total de todo el litoral.

Posteriormente, se ejecutó un operativo de búsqueda y rastreo en toda la zona, logrando confiscar en el interior de la embarcación, varias pacas, así como recuperar de las aguas del mar Caribe, otros 13 sacos, conteniendo un total de 564 paquetes de presunta cocaína, forrados con cinta adhesiva y con varios logotipos.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia, a otros miembros de esta estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

«Se trata de estructuras criminales que operan en la región Este del país, cuya metodología consiste en ingresar cargamentos masivos de sustancias narcóticas, mediante embarcaciones de alta velocidad provenientes de las costas suramericanas”, señala el comunicado de prensa.

Los 564 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el peso exacto del cargamento confiscado en esta nueva operación contra las estructuras de narcotráfico.