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Eduardo Estrella: “Estado pierde RD$550 millones semanales por retraso renegociación contrato Barrick”
Dice pueblo dominicano tiene derecho a pedir revisión del contrato, tal como la Barrick lo hizo en el 2008.
Santo Domingo.- El presidente del Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Eduardo Estrella, manifestó que por cada semana que se retrasa la renegociación con la Barrick Gold el país deja de recibir quinientos cincuenta millones de pesos, por lo que, el pueblo dominicano tiene derecho a exigir la renegociación de dicho acuerdo, tal como lo hizo esa multinacional en el año 2008.
“Con cada semana que pasa sin que se renegocie el contrato Barrick Gold, el pueblo dominicano es estafado con quinientos cincuenta millones de pesos”, indicó
Consideró urgente que el gobierno se aboque a renegociar ese contrato, en donde el Estado debe recibir este año 31,000 millones de pesos en vez de 2,400 millones de pesos, por lo que el país dejaría de percibir 28,600 millones al año, es decir 550 millones semanales, de no modificarse el acuerdo existente.
“Ya es hora de que el gobierno coja el toro por los cuernos y se aboque formalmente, designando una comisión por decreto, que se encargue de negociar con la Barrick un nuevo contrato, que contemple que el 50% de los ingresos por la venta de nuestro oro y demás minerales, sea para el Estado dominicano”, enfatizó.
En ese mismo sentido, Eduardo Estrella saludó que más dominicanos y dominicanas se sumen al clamor que exige la revisión inmediata del contrato con la Barrick, por lo que reiteró su llamado a la ciudadanía a continuar la lucha y no descansar hasta lograrlo.
“Si la Barrick se sintió con el derecho de pedir una revisión del contrato en el año 2008, ese mismo derecho tiene el pueblo dominicano de demandar una renegociación del mismo, luego que se ha disparado el precio del oro de 500 a 1,700 dólares la onza”, indicó.
El líder de DxC señaló, que con los $550 millones de pesos de ingresos adicionales que produzca el nuevo contrato con la empresa canadiense, el gobierno podría construir 280 viviendas en 7 días para la clase pobre, igual a decir 40 viviendas diaria, para familias que hoy no tienen techo propio.
“Otro importante uso que se le puede dar a los ingresos producto de la revisión del contrato Barrick Gold es construir nuevas plantas de generación a base de gas natural o carbón para que se reduzca, de una vez y por todas, el precio de la factura eléctrica a la población y al sector productivo nacional. Es decir con los ingresos de solo tres años, a razón de US$800 millones por año, el Estado dominicano puede instalar cuatro plantas de 300 megas cada una, sin tener que seguir endeudando al país”, manifestó.
Eduardo Estrella enfatizó que llegó la hora de enmendar este grave error del gobierno de Leonel Fernández, modificando el actual contrato y traduciendo a la justicia los responsables que traicionaron los intereses nacionales.
“Reiteramos que estamos de acuerdo que se explote la mina de oro, pero lo que no podemos seguir permitiendo es que se regale nuestro oro dominicano, por eso demandamos y exigimos la revisión del contrato de la Barrick Gold”, señaló.
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Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.