Nacionales
Eduardo Estrella propone Dirección de Asistencia Fiscal (DAF) para PYMES y sector informal.
Ayudaría gratuitamente al mediano y pequeño empresario a cumplir la ley y a protegerse del acoso de la DGII.
Santo Domingo.- El presidente del Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Eduardo Estrella, propuso al gobierno habilitar una Dirección de Asistencia Fiscal (DAF) dirigida a asesorar, orientar y defender a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a las personas físicas, en el aspecto tributario, como forma de que se organicen contablemente y puedan transparentar y formalizar sus negocios ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
“Esta Dirección ayudaría a quienes se les ha hecho imposible organizarse al no poder pagar los servicios de un profesional del área, para llevar una contabilidad organizada y evitar que la DGII pueda seguir haciendo estimaciones de ingresos de manera antojadiza, obligando a estos pequeños negocios a pagar impuestos sobre beneficios que ellos nunca han tenido, lo que ha llevado a muchos a la quiebra por no poder pagarlos”, indicó.
Manifestó que “el gobierno no puede ser insensible ante esta realidad, por lo que proponemos, que cesé en su voracidad de aumentar, cobrar injustamente e implementar nuevos impuestos, y se aboque a la creación de la Dirección de Asistencia Fiscal (DAF) que suministre orientación de manera gratuita al mediano y pequeño empresario, para que los ayude a formalizar su negocio y cumplir la ley”.
El dirigente político opositor dijo que de esta manera estos pequeños negocios al momento de ingresar al sistema como contribuyentes formales, tendrían un mejor y más rápido acceso a obtener financiamiento y sus empleados pasarían de manera inmediata a tener los beneficios de la seguridad social para ellos y los miembros de sus familias.
Según explicó, el DAF además se encargaría de difundir y orientar a estos pequeños negocios a implementar e interpretar las nuevas leyes, normas, reglamentos y resoluciones sobre materia impositiva.
“Esta Dirección también asistiría a los pequeños contribuyentes ante la DGII en términos similares a lo que en el poder judicial es el papel del defensor público o abogado de oficio, que protege y representa a un acusado que no tiene recursos económicos para cubrir el pago de su propia defensa”, indicó.
“Las grandes empresas tienen la facilidad de contratar contadores, abogados, administradores y economistas especializados en materia impositiva, pero las mayoría de las PYMES no cuentan con esa herramienta que les permita orientarse y trazar las pautas para cumplir la ley y así evitar pagar sumas elevadas en multas, que las lleva a la descapitalización y al final a la quiebra”, manifestó.
El líder de DxC afirmó que en la República Dominicana el gobierno aplica un sistema tributario complejo y abusivo, que muchas veces persigue a la mujer y al hombre de trabajo, acusándolo en algunos casos de evasor y constituyéndose en un obstáculo para el buen desempeño de las PYMES, por lo que tiene que transformarse en un Estado facilitador, aliado y colaborador del comerciante o empresario, que promueva el aumento de la producción nacional, la competitividad del país y el fomento de las exportaciones.
“El mejor aliado de un gobierno es todo aquel que contribuye a la creación de empleos, en nuestro país pasa todo lo contrario, primero son muchas las trabas que existen para todo aquel que quiere iniciar una empresa o negocio, además la primera visita que se reciben es de la DGII cobrando impuestos, muchas veces antes de empezar a producir”, señaló.
Eduardo Estrella indicó que su propuesta va orientada a contribuir con todo dominicano que en base a mucho sacrificio ha decidido iniciar su propia empresa o negocio, ya que es la mejor manera de crear empleos, reducir la delincuencia y dinamizar el aparato productivo nacional.
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Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.