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Eduardo Estrella propone Dirección de Asistencia Fiscal (DAF) para PYMES y sector informal.
Ayudaría gratuitamente al mediano y pequeño empresario a cumplir la ley y a protegerse del acoso de la DGII.
Santo Domingo.- El presidente del Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Eduardo Estrella, propuso al gobierno habilitar una Dirección de Asistencia Fiscal (DAF) dirigida a asesorar, orientar y defender a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a las personas físicas, en el aspecto tributario, como forma de que se organicen contablemente y puedan transparentar y formalizar sus negocios ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
“Esta Dirección ayudaría a quienes se les ha hecho imposible organizarse al no poder pagar los servicios de un profesional del área, para llevar una contabilidad organizada y evitar que la DGII pueda seguir haciendo estimaciones de ingresos de manera antojadiza, obligando a estos pequeños negocios a pagar impuestos sobre beneficios que ellos nunca han tenido, lo que ha llevado a muchos a la quiebra por no poder pagarlos”, indicó.
Manifestó que “el gobierno no puede ser insensible ante esta realidad, por lo que proponemos, que cesé en su voracidad de aumentar, cobrar injustamente e implementar nuevos impuestos, y se aboque a la creación de la Dirección de Asistencia Fiscal (DAF) que suministre orientación de manera gratuita al mediano y pequeño empresario, para que los ayude a formalizar su negocio y cumplir la ley”.
El dirigente político opositor dijo que de esta manera estos pequeños negocios al momento de ingresar al sistema como contribuyentes formales, tendrían un mejor y más rápido acceso a obtener financiamiento y sus empleados pasarían de manera inmediata a tener los beneficios de la seguridad social para ellos y los miembros de sus familias.
Según explicó, el DAF además se encargaría de difundir y orientar a estos pequeños negocios a implementar e interpretar las nuevas leyes, normas, reglamentos y resoluciones sobre materia impositiva.
“Esta Dirección también asistiría a los pequeños contribuyentes ante la DGII en términos similares a lo que en el poder judicial es el papel del defensor público o abogado de oficio, que protege y representa a un acusado que no tiene recursos económicos para cubrir el pago de su propia defensa”, indicó.
“Las grandes empresas tienen la facilidad de contratar contadores, abogados, administradores y economistas especializados en materia impositiva, pero las mayoría de las PYMES no cuentan con esa herramienta que les permita orientarse y trazar las pautas para cumplir la ley y así evitar pagar sumas elevadas en multas, que las lleva a la descapitalización y al final a la quiebra”, manifestó.
El líder de DxC afirmó que en la República Dominicana el gobierno aplica un sistema tributario complejo y abusivo, que muchas veces persigue a la mujer y al hombre de trabajo, acusándolo en algunos casos de evasor y constituyéndose en un obstáculo para el buen desempeño de las PYMES, por lo que tiene que transformarse en un Estado facilitador, aliado y colaborador del comerciante o empresario, que promueva el aumento de la producción nacional, la competitividad del país y el fomento de las exportaciones.
“El mejor aliado de un gobierno es todo aquel que contribuye a la creación de empleos, en nuestro país pasa todo lo contrario, primero son muchas las trabas que existen para todo aquel que quiere iniciar una empresa o negocio, además la primera visita que se reciben es de la DGII cobrando impuestos, muchas veces antes de empezar a producir”, señaló.
Eduardo Estrella indicó que su propuesta va orientada a contribuir con todo dominicano que en base a mucho sacrificio ha decidido iniciar su propia empresa o negocio, ya que es la mejor manera de crear empleos, reducir la delincuencia y dinamizar el aparato productivo nacional.
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Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.