Nacionales
Advierten que reducción presupuesto vigente de Educación debe ajustarse a la ley
Santo Domingo.-Una eventual reducción de 500 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación, solo es viable si las autoridades gubernamentales entienden que corresponde a un ajuste a la baja en las proyecciones del comportamiento de la economía, según lo considera la Acción Empresarial por la Educación (Educa).
Indicó que esa posibilidad solo es factible en momentos que se considera un presupuesto complementario, dentro del marco legal permitido.
De acuerdo con la organización empresarial, si la disposición se enmarca en dicho contexto correspondería una reprogramación en función de la realidad macroeconómica ajustada, y de esta manera no se estaría incumpliendo la Ley.
Educa reaccionó al conocerse que el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley que modificará el presupuesto general de la nación, en el que se propone reducir fondos de determinadas instituciones, entre las cuales figura Educación con un monto de $500,000,000 pesos, para reasignarlos entre distintas entidades.
“La Ley claramente establece una asignación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año. En consecuencia, es importante señalar que la magnitud en cuestión, si bien representa una suma considerable, apenas equivale al 1.8/1000 del presupuesto originalmente definido. Por lo tanto, esta posible reducción no afectaría significativamente la programación de actividades y su financiamiento, dado que el Minerd ha experimentado históricamente un porcentaje de no ejecución entre el 1 % y el 2 % “, planteó la entidad representante del sector privado en materia educativa.
Recomendó que las autoridades se pronuncien al respecto para despejar toda duda, y en todo caso, que expliquen las razones de esta potencial reducción.
Señaló, que para no incumplir con lo establecido por el legislador y en el Pacto para la Reforma Educativa, los fondos deberán ser reasignados a la función educativa del Estado.
“Cualquier otra razón o destino de los recursos implicaría un incumplimiento a lo determinado por la Ley, algo a lo que EDUCA, en defensa de la institucionalidad, se opone firmemente “, acotó.
Al tiempo de agregar “no obstante lo anterior, EDUCA entiende como verdaderamente preocupante los bajos niveles de ejecución financiera del MINERD en lo que va del año fiscal, y de continuar esta tendencia, 2023 constituiría el nivel de ejecución más bajo de la última década, lo que implicaría probablemente más de RD$15 mil millones sin ejecutar”.
Aseveró finalmente, que la conquista del 4 % a la educación es un logro de toda la sociedad dominicana, y si bien estos recursos pueden y deben rendir más para mejorar los aprendizajes, reducir los recursos nunca será la solución.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.