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Despliegue militar de EE.UU. en República Dominicana causa inquietud en poblacion.
Santo Domingo.- La autorizacion del gobierno de la Republica Dominicana para que Estados Unidos utilice de manera «provisional» dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación ‘Lanza del Sur’, ha creado una cierta inquietud en amplios sectores de la vida nacional de las reales motivaciones del acuerdo, anmunciado por el presidente Luis Abinader, a proposito de la visita al pais del secretario de Guerra de la potencia del norte, Pete Hegseth.
- Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro, ambos en la provincia de Santo Domingo, destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico como parte de las operaciones de Washington en el Caribe, afirmó Abinader en presencia de Hegseth, el primer secretario de Guerra estadounidense en realizar una visita oficial al país.
Abinader no ofreció mayores detalles sobre el alcance de esta colaboración, aunque dijo que se enmarca dentro de los «permisos especiales» concedidos a Estados Unidos bajo los protocolos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
La visita de Hegseth fue anunciada por el Gobierno dominicano como parte del reforzamiento de la lucha de ambos países contra el narcotráfico internacional y en momentos en que Estados Unidos ejecuta una operación de destrucción contra lanchas rápidas que salen de Suramérica y que el Gobierno de Donald Trump asegura tenían como destino a Estados Unidos.
Las autoridades dominicanas han informado del decomiso de 1,290 paquetes de droga en dos operaciones realizadas este mes enmarcadas en «Lanza del Sur».
Hegseth, de su lado, agradeció al Gobierno dominicano la cooperación en la materia y destacó que las acciones estadounidenses representan el «único idioma» que entienden los narcotraficantes y las organizaciones terroristas.
«Estamos defendiendo a nuestros ciudadanos, buscamos la seguridad para que nuestros países sigan prosperando, para poner fin a tanta violencia y a salvar a decenas de miles de vidas. El presidente (estadounidense Donald) Trump cree y refuerza estas alianzas», puntualizó el alto cargo.
Al igual que Abinader, el jefe del Pentágono dijo que la utilización de áreas en los dos aeropuertos dominicanos será de manera «provisional«, por lo que agradeció a Abinader esas facilidades y reconoció a República Dominicana como «líder regional» en materia de lucha contra el narcotráfico.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.