Una posible solución negociada es una ley federal de protección a los medios

Esta fotografía de archivo del 13 de mayo de 2013 muestra la pantalla de la consola telefónica de la recepción de la oficina de The Associated Press en Washington. (AP)

WASHINGTON.- Fue un momento inusual en las relaciones entre la prensa y el gobierno: en 2008, el director del FBI llamó a los directivos del New York Times y el Washington Post para disculparse porque su agencia había obtenido inadecuadamente registros telefónicos de sus reporteros cuatro años antes.

La extraordinaria llamada telefónica de Robert Mueller fue un reconocimiento de que las acciones del FBI violaron la política del Departamento de Justicia en torno a la búsqueda de los registros telefónicos de los periodistas. Pero nada de lo que la agencia hizo en 2004 parecía violar ninguna ley.

El esfuerzo más reciente del Departamento de Justicia para examinar con quién hablan los periodistas -la obtención secreta de los registros telefónicos de reporteros de The Associated Press de abril y mayo del año pasado- demuestra que los investigadores gubernamentales se guían por conveniencia política y por el criterio de funcionarios de alto rango más que por leyes específicas o, en este caso, la necesidad de satisfacer a un juez federal independiente.

El caso de la AP implica una investigación penal en torno a quién dio información a los reporteros de la cooperativa noticiosa en torno a una conspiración fallida en Yemen para hacer estallar una bomba. La historia difundida por The Associated Press el 7 de mayo de 2012 atribuía detalles de la operación a funcionarios gubernamentales cuyos nombres no fueron revelados.

Hace 10 días el gobierno informó a la AP que había obtenido en forma secreta los registros de 21 números telefónicos, incluidos los de los reporteros sobre la historia de la conspiración. Las directrices del departamento, elaboradas por primera vez luego de los abusos gubernamentales de la época del escándalo Watergate, piden que se informe a las organizaciones noticiosas antes de que los investigadores le pidan los registros a las compañías telefónicas, a menos que el hacerlo así ponga en riesgo la investigación.

El secretario de Justicia Eric Holder dijo que la historia divulgada por la AP fue resultado de «una filtración muy grave».

Por su parte, Gary Pruitt, presidente y director general de la agencia de noticias, consideró que la recopilación de registros telefónicos es «una intromisión enorme y sin precedentes» en la forma en que las organizaciones noticiosas recaban la información.

Nuevos hechos surgieron el lunes en otro caso que ha llevado a la acusación formal de un funcionario por revelar información secreta. Los fiscales federales obtuvieron una orden de allanamiento para obtener los correos electrónicos privados del reportero James Rosen de la cadena Fox News y utilizaron los registros de seguridad del edificio del Departamento de Estado para rastrear sus movimientos mientras buscaban identificar en quién se había apoyado para obtener información secreta en una historia sobre Corea del Norte.

La tensión en torno a equilibrar la labor del gobierno de proteger la seguridad nacional y el papel de los medios de comunicación como supervisores de la vida pública se remonta a tiempo atrás. Si se retira la protección a las fuentes anónimas que dan información a los reporteros y «la gente que sabe lo que está pasando se vuelve temerosa, no revelará información que el público podría hallar muy valiosa», dijo Lucy Dalglish, decana de la facultad de periodismo de la Universidad de Maryland. «Es un clásico efecto congelador».

Pero el público tampoco quiere un mundo en el que trabajadores gubernamentales revelen lo que quieran sin que el gobierno tenga oportunidad de investigar, dijo Orin Kerr, profesor de derecho de la Universidad George Washington.

«Se requiere un equilibrio muy delicado. No queremos ninguno de los dos extremos», señaló Kerr.

Una posible solución negociada es una ley federal de protección a los medios, de la cual se ha hablado hace mucho tiempo, que vaya de la mano con leyes similares en la mayoría de los estados.

Incluso mientras el presidente Barack Obama defendió la búsqueda intensa que hace su gobierno de los que filtran secretos gubernamentales, dijo también que el Congreso debería sopesar una ley que proteja en general a los periodistas de los citatorios gubernamentales y le permita a los jueces, en casos inusuales, decidir si las preocupaciones sobre seguridad nacional deben estar por encima de las libertades de la prensa.

POR MARK SHERMAN,ASSOCIATED PRES