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EEUU envía mensaje para caso Odebrecht al cancelar visa a Rondón
Consideran que la decisión es por la fragilidad del sistema judicial
SANTO DOMINGO. Estados Unidos ha enviado un mensaje claro a las autoridades dominicanas apoderadas de la investigación e instrucción del caso Odebrecht consideraron ayer varios juristas y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Copley.
“Alrededor del mundo existen instituciones democráticas y judiciales que son débiles, que no tienen independencia o se les hace difícil, si no imposible, combatir a la poderosa élite económica y política que cometen estos delitos. Las acciones del gobierno estadounidense demuestran que no permaneceremos en silencio frente a la impunidad”, afirmó Copley en un artículo ayer de opinión publicado en un medio de circulación nacional.
En el escrito titulado “un paso adelante en la lucha contra la corrupción”, el encargado de negocios afirmó que el empresario Ángel Rondón Rijo, a quien su nación le suspendió la visa, ordenó la congelación de bienes y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con él, es una persona muy conocida en República Dominicana. Agregó que el caso Odebrecht sigue en investigación.
Dijo además que la declaración hecha por el gobierno estadounidense enfoca la atención hacia actos de corrupción y violación de derechos humanos, “y sirve como advertencia para otros”.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Medina Calcaño y el abogado Julio Cury, consideraron ayer que la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, están mandándole una señal a las autoridades locales por el manejo dado al caso.
“Envía un mensaje de la posición de ese país sobre este caso, para que no quede cubierto por el manto de la impunidad y le plantea un gran reto al sistema de justicia que enfrenta un proceso que marcha lento, donde todos los imputados están en libertad, con falta de credibilidad de la población que ve con escepticismo la real voluntad de combatir los flagelos de la corrupción y la impunidad”, argumentó Medina Calcaño.
Cury explicó que la orden firmada por el propio presidente Donald Trump, es una alerta porque Estados Unidos conoce la fragilidad del sistema judicial dominicano.
“Ellos no tratan a Rondón como un presunto corrupto sino como corrupto”, explicó.
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun espera que esto no afecte la sana administración de justicia en el país.
“Lo lógico es que medidas como esa, independientemente de que las haya tomado Estados Unidos, no afecte la sana administración de justicia y que en consecuencia, el Poder Judicial, pues tome una decisión en base a los elementos probatorios”, agregó.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.