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EEUU envía mensaje para caso Odebrecht al cancelar visa a Rondón
Consideran que la decisión es por la fragilidad del sistema judicial
SANTO DOMINGO. Estados Unidos ha enviado un mensaje claro a las autoridades dominicanas apoderadas de la investigación e instrucción del caso Odebrecht consideraron ayer varios juristas y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Copley.
“Alrededor del mundo existen instituciones democráticas y judiciales que son débiles, que no tienen independencia o se les hace difícil, si no imposible, combatir a la poderosa élite económica y política que cometen estos delitos. Las acciones del gobierno estadounidense demuestran que no permaneceremos en silencio frente a la impunidad”, afirmó Copley en un artículo ayer de opinión publicado en un medio de circulación nacional.
En el escrito titulado “un paso adelante en la lucha contra la corrupción”, el encargado de negocios afirmó que el empresario Ángel Rondón Rijo, a quien su nación le suspendió la visa, ordenó la congelación de bienes y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con él, es una persona muy conocida en República Dominicana. Agregó que el caso Odebrecht sigue en investigación.
Dijo además que la declaración hecha por el gobierno estadounidense enfoca la atención hacia actos de corrupción y violación de derechos humanos, “y sirve como advertencia para otros”.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Medina Calcaño y el abogado Julio Cury, consideraron ayer que la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, están mandándole una señal a las autoridades locales por el manejo dado al caso.
“Envía un mensaje de la posición de ese país sobre este caso, para que no quede cubierto por el manto de la impunidad y le plantea un gran reto al sistema de justicia que enfrenta un proceso que marcha lento, donde todos los imputados están en libertad, con falta de credibilidad de la población que ve con escepticismo la real voluntad de combatir los flagelos de la corrupción y la impunidad”, argumentó Medina Calcaño.
Cury explicó que la orden firmada por el propio presidente Donald Trump, es una alerta porque Estados Unidos conoce la fragilidad del sistema judicial dominicano.
“Ellos no tratan a Rondón como un presunto corrupto sino como corrupto”, explicó.
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun espera que esto no afecte la sana administración de justicia en el país.
“Lo lógico es que medidas como esa, independientemente de que las haya tomado Estados Unidos, no afecte la sana administración de justicia y que en consecuencia, el Poder Judicial, pues tome una decisión en base a los elementos probatorios”, agregó.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.