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Una expresión de desorden en el país es que El 60 % de las tierras y propiedades en RD no tienen títulos
El desorden que se observa en el Estado dominicano se expresa contundentemente con el hecho de que en la República Dominicana alrededor de un 60 % de las tierras y propiedades no tienen títulos de manera formal.
La información la ofreció el director de Catastro Nacional, Héctor Pérez, quien explicó que, aunque las propiedades no tengan títulos, se encuentran registradas como propiedad estatal.
Pérez puso de ejemplo que cuando una persona compra una propiedad y no hace la transferencia debida para que ese título pase a su nombre, “formalmente no está registrada a nombre suyo, aunque usted legalmente la posea”.
El funcionario destacó que la informalidad de las propiedades en República Dominicana es un asunto que tiene más de 60 años.
«Aproximadamente, que no están formalmente regularizadas, puede ver un promedio de un 60 %. Claro, recuerden que estos son asuntos que vienen históricamente, que tienen más de 60 años”, dijo.
En ese sentido, el director destacó que, con el Sistema de Información Geográfica, implementada por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General del Catastro Nacional, le permitirá al Estado conocer, en materia de inmuebles, la cantidad, localización, propietarios y valor de cada uno, para mejorar la integridad de los datos que conforman el patrimonio nacional inmobiliario.
“Esto sí va a ayudar, con otros programas, a que superemos esa etapa de deficiencia que hay en la titularidad de las propiedades, sobre todo las privadas”, dijo.
Pérez precisó que el proyecto, además de transformar la gestión y calidad de los datos de los inmuebles del Estado, también posibilitará la vinculación de las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes para el desarrollo de las políticas público-privadas, orientadas al logro de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Según Pérez el Sistema de Información Geográfica transformará el catastro dominicano en muchos aspectos, principalmente en el ordenamiento territorial.
“Desde la Dirección General del Catastro Nacional agradecemos el apoyo del Ministerio de Hacienda y del Banco Interamericano de Desarrollo, que han dispuesto de sus recursos para la transformación del catastro dominicano y resaltamos el esfuerzo de los colaboradores de esta Dirección, quienes implementan las mejores prácticas para la construcción de un mejor país”, subrayó.
De su lado, el viceministro del Tesoro, Derby de los Santos, explicó que con esta iniciativa se procura aumentar la capacidad recaudatoria del Estado, para continuar mejorando la calidad de vida de la población, contribuir a fortalecer el proceso de registro y titulación de tierras, al tiempo de disponer de un inventario de inmuebles más confiable, permitiendo la aplicación de técnicas de valoración que impactarán positivamente en la gestión de ingresos, robusteciendo la disponibilidad de caja del tesoro.
De los Santos agregó que, como componente clave, el proyecto apoyará la toma de decisiones, tomando en cuenta los modelos de ordenamiento territorial y el impacto en las personas como elemento de actividad y permitirá el fortalecimiento de la DGCN en cuanto a los aspectos normativos, equipamiento técnico y desarrollo tecnológico.
“Desde el Viceministerio del Tesoro nos satisface ser partícipes de este lanzamiento, que permitirá la gestión de un catastro mediante un sistema informático con capacidad de manejar la información alfanumérica, geográfica y fotogramétrica”, comunicó.
El Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfica, que se enmarca en el Programa de mejora de la eficiencia de la administración tributaria y de la gestión del gasto público en la República Dominicana, cuenta con el apoyo técnico y financiero del BID, con su red de expertos, liderados por Ariel Zaltsman, especialista líder en gestión fiscal.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.