Santo Domingo, RD.-El Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (CHU), al celebrarse este sábado el primer Congreso de Normas Comunitarias, detalló que aproximadamente el 67 por ciento de los actos violentos que ocurren en los diferentes sectores y comunidades son provocados por problemas de convivencia ciudadana.Nacionales
Ministro dice que mayoría de actos violentos en el país son por problemas de convivencia.
Santo Domingo, RD.-El Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (CHU), al celebrarse este sábado el primer Congreso de Normas Comunitarias, detalló que aproximadamente el 67 por ciento de los actos violentos que ocurren en los diferentes sectores y comunidades son provocados por problemas de convivencia ciudadana.El funcionario expresó el dato al mostrar su preocupación por la violencia en el país y al detallar el objetivo de la realización del Congreso, el cual tiene como finalidad crear un acercamiento con la población entre los comunitarios y de esta manera reducir los inconvenientes que se producen a diario.
Durante el acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader, estuvieron presentes comunitarios de 45 barrios de la capital los cuales forman parte de la “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro”.
Al pronunciar su discurso, Peña, resaltó que Luis Abinader, ha asumido un compromiso moral y ético con todos los dominicanos de trabajar para favorecer la generación de una conciencia ciudadana fuerte y bien arraigada que eleve a los barrios hacia un espacio de la decencia, el respeto a la convivencia y a la buena vecindad.
Líderes barriales
Los residentes seleccionados son denominados “lideres barriales” y suman aproximadamente 6,000 y según explicó Vázquez, fueron capacitados con seminarios impartidos por el Ministerio de Interior y Policía donde se les instruyó acerca del compromiso que deben de asumir desde ya con su sector.
Lo que deben de cumplir
Durante el acto donde estaban vestidos con los colores de la bandera tricolor, los líderes barriales prometieron promover principios y valores cívicos entre los vecinos, denunciar el delito y acompañar a la víctima, solicitar ayuda para ellos mismos o cualquier persona que deba mejorar su comportamiento o que exhiba una conducta violenta, así como también, requerir asistencia de las autoridades para afectados.
Además, deberán de encargarse de orientar a los demás para evitar ruidos y escándalos antes de las 10:00de la mañana y después de las 10:00 de la noche, sobre todo de domingo a jueves. Deberán de informar con tiempo a vecinos sobre cualquier actividad en los espacios públicos.
Otras de las normas que los residentes seleccionados deben de implementar colaborar con las autoridades en el mantenimiento del orden y la paz comunitaria, hacer que se respeten las leyes de tránsito, cuidar el medio ambiente, moderar los ruidos innecesarios, comunicar las actividades que pudieran generar molestias a nuestros vecinos, cuidar de los espacios públicos del barrio, colaborar con la limpieza de la comunidad y la colocación de la basura en lugares apropiados.
Barrios participantes
Algunos de estos barrios están ubicados en las circunscripciones dos y tres del Distrito Nacional, entre estos Capotillo, 27 de Febrero, Las Cañitas, La Ciénega, María Auxiliadora, Gualey, Ensanche Espaillat, Luperón.
También Mejoramiento Social, 24 de Abril, Simón Bolívar, Guachupita, Los Guandules, Villa Consuelo, Villas Agrícolas, Villa Francisca, La Zurza, Villa María, Cristo Rey, La Puya de Arroyo Hondo, San Carlos, Los Ríos, La Esperanza, Las 800, Los Callejones, Barrio Azul, Barrio Cuba, Los Vecinos, La Guayubín, El Caliche, Los Pinos, Villa Marina, entre otros.
Hoy los comunitarios aseguraron que “sí se puede” lograr #MiPaísSeguroRD al celebrar el Primer Congreso sobre Seguridad Ciudadana y #NormasComunitarias con ciudadanos de más de 40 barrios de la capital. pic.twitter.com/aqwGP6D4vs
— Min. de Interior y Policía (@MinInteriorRD) August 6, 2022
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.