Santo Domingo, RD.-El Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (CHU), al celebrarse este sábado el primer Congreso de Normas Comunitarias, detalló que aproximadamente el 67 por ciento de los actos violentos que ocurren en los diferentes sectores y comunidades son provocados por problemas de convivencia ciudadana.Nacionales
Ministro dice que mayoría de actos violentos en el país son por problemas de convivencia.
Santo Domingo, RD.-El Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (CHU), al celebrarse este sábado el primer Congreso de Normas Comunitarias, detalló que aproximadamente el 67 por ciento de los actos violentos que ocurren en los diferentes sectores y comunidades son provocados por problemas de convivencia ciudadana.El funcionario expresó el dato al mostrar su preocupación por la violencia en el país y al detallar el objetivo de la realización del Congreso, el cual tiene como finalidad crear un acercamiento con la población entre los comunitarios y de esta manera reducir los inconvenientes que se producen a diario.
Durante el acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader, estuvieron presentes comunitarios de 45 barrios de la capital los cuales forman parte de la “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro”.
Al pronunciar su discurso, Peña, resaltó que Luis Abinader, ha asumido un compromiso moral y ético con todos los dominicanos de trabajar para favorecer la generación de una conciencia ciudadana fuerte y bien arraigada que eleve a los barrios hacia un espacio de la decencia, el respeto a la convivencia y a la buena vecindad.
Líderes barriales
Los residentes seleccionados son denominados “lideres barriales” y suman aproximadamente 6,000 y según explicó Vázquez, fueron capacitados con seminarios impartidos por el Ministerio de Interior y Policía donde se les instruyó acerca del compromiso que deben de asumir desde ya con su sector.
Lo que deben de cumplir
Durante el acto donde estaban vestidos con los colores de la bandera tricolor, los líderes barriales prometieron promover principios y valores cívicos entre los vecinos, denunciar el delito y acompañar a la víctima, solicitar ayuda para ellos mismos o cualquier persona que deba mejorar su comportamiento o que exhiba una conducta violenta, así como también, requerir asistencia de las autoridades para afectados.
Además, deberán de encargarse de orientar a los demás para evitar ruidos y escándalos antes de las 10:00de la mañana y después de las 10:00 de la noche, sobre todo de domingo a jueves. Deberán de informar con tiempo a vecinos sobre cualquier actividad en los espacios públicos.
Otras de las normas que los residentes seleccionados deben de implementar colaborar con las autoridades en el mantenimiento del orden y la paz comunitaria, hacer que se respeten las leyes de tránsito, cuidar el medio ambiente, moderar los ruidos innecesarios, comunicar las actividades que pudieran generar molestias a nuestros vecinos, cuidar de los espacios públicos del barrio, colaborar con la limpieza de la comunidad y la colocación de la basura en lugares apropiados.
Barrios participantes
Algunos de estos barrios están ubicados en las circunscripciones dos y tres del Distrito Nacional, entre estos Capotillo, 27 de Febrero, Las Cañitas, La Ciénega, María Auxiliadora, Gualey, Ensanche Espaillat, Luperón.
También Mejoramiento Social, 24 de Abril, Simón Bolívar, Guachupita, Los Guandules, Villa Consuelo, Villas Agrícolas, Villa Francisca, La Zurza, Villa María, Cristo Rey, La Puya de Arroyo Hondo, San Carlos, Los Ríos, La Esperanza, Las 800, Los Callejones, Barrio Azul, Barrio Cuba, Los Vecinos, La Guayubín, El Caliche, Los Pinos, Villa Marina, entre otros.
Hoy los comunitarios aseguraron que “sí se puede” lograr #MiPaísSeguroRD al celebrar el Primer Congreso sobre Seguridad Ciudadana y #NormasComunitarias con ciudadanos de más de 40 barrios de la capital. pic.twitter.com/aqwGP6D4vs
— Min. de Interior y Policía (@MinInteriorRD) August 6, 2022
Santo Domingo, R.D.-El principal diario impreso y digital de la República Dominicana, el Listín Diario, trajo en su portada este domingo un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, número TC-0788-24, la cual declara inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, que tratan sobre las candidaturas políticas independientes por entender que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados porque se condicionaba la posibilidad de participar en esa condición a la creación de una organización política.
Esos artículos manifestaban que para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido; la 20-23 igual señala que para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva; mientras que el nivel de alcaldías y regidurías, estos tienen que presentar una organización municipal que los abale.
El párrafo tres del articulo 157 reseña que “serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustenten, las demás disposiciones que establece esta ley, en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y a las candidaturas sustentadas por estos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE).
La alta corte decidió que estos textos eran inconstitucionales debido a que se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», señala el dispositivo de la sentencia.
Una “amenaza” al sistema de partidos
Tras la sentencia, que se produjo a raíz de un recurso interpuesto por Roberto Fiallo, el tema se ha mantenido en el escaparate público en los últimos días; tanto que varios dirigentes de partidos han indicado que la sentencia sería una “amenaza” al sistema político.
Sobre ello, el delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la JCE, Sigmund Freund, indicó que ya se está orquestando una reunión con todos los partidos del sistema para debatir todas las implicaciones que tiene la sentencia y fijar una posición unísona ante la decisión del Tribunal Constitucional.
“Imaginas que ahora todo el que sienta que puede ser candidato vaya y se inscriba, porque eso es lo que están diciendo. O sea, no habrá ningún requisito previo. ¿Cómo se van a contar los votos o repartir los fondos cuando hayan 200 candidaturas?», cuestionó Freund al conversar con representantes de los medios de comunicación.
Sin respuesta de la JCE
Con el pasar de los días, el pleno de la JCE aún no ha dado a conocer su posición sobre el tema ni los nuevos lineamientos que se estarían implementando a raíz de la sentencia de la alta corte.
Otra modificación a la ley electoral
La sentencia prepara el camino para que la ley 20-23, de Régimen Electoral, tenga que ser modificada para eliminar los artículos declarados inconstitucionales. Sería la tercera vez desde el 2018 que las leyes que rigen el sistema partidos y democracia de República Dominicana tengan que ser cambiados.
Precisamente en 2018 fue promulgada la ley 33-18 sobre Partidos Políticos tras varios años de debate en el Congreso Nacional; luego fue aprobada la 15-19, de Régimen Electoral; ambos textos legislativos sustituían a la antigua “Ley Electoral” que regía en el país desde 1997.
Tras las elecciones de 2020 y varias sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral (TSE) recriminando la ambigüedad de la ley con relación a varios temas, se hizo imperiosa la necesidad de modificar la misma.
En febrero del 2023 fue promulgada la actual ley 20-23, que trajo consigo la implementación de un sistema de consecuencias por exceder el tope de los gastos de campaña, la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales.
«El Congreso Nacional debe aprovechar esta situación para evaluar todas las cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales», exclamó Freund.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
Las candidaturas independientes plantean retos significativos, como la viabilidad financiera y organizativa. Será crucial que las autoridades electorales establezcan mecanismos claros y accesibles para garantizar que estas nuevas opciones no solo existan en papel, sino que puedan competir de manera efectiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
La sentencia concluyó que había una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.