Reportaje A Fondo
El 90% de las muertes causadas por la policía en Río de Janeiro quedan impunes
Una investigación parlamentaria y varios estudios muestran que la mayoría de los casos en el Estado brasileño acaban archivados
Un grupo de madres cuyos hijos han sido asesinados por policías con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia
Las operaciones policiales en el Estado de Río de Janeiro raramente pasan por el escrutinio de las autoridades, ya sea la Policía Civil o la Fiscalía, incluso cuando acaban en muertes. Al menos tres informes recientes señalan que más del 90% de las muertes ocasionadas por agentes durante redadas no se investigan o terminan archivándose. Se trata de una rutina de impunidad que estimula toda suerte de abusos por parte de los policías. Y que ahora sobrevuela el caso Ágatha Félix, la niña de ocho años que murió tras recibir un disparo en septiembre, en el complejo de favelas de Alemão. Regresaba a casa en una furgoneta de transporte público, junto a su madre, cuando recibió un tiro de fusil en la espalda.
Al contrario de lo que afirma la Policía Militar, varios testigos niegan que hubiera un intercambio de tiros con criminales y aseguran que el tiro procedía del arma de un policía. La muerte de la niña -el quinto menor muerto en circunstancias similares en la ciudad este año— elevó la presión sobre la política de seguridad del gobernador Wilson Witzel. Entre 10 y 20 policías invadieron el hospital al que había sido trasladada la pequeña y trataron de llevarse el proyectil extraído de su cuerpo, según publicó la revista Veja. Los médicos no lo permitieron. Desde enero, otros 15 menores de 12 años fueron heridos por disparos policiales. Y 43 adolescentes entre 12 y 18 años murieron, según la plataforma Fogo Cruzado.
A finales de los sesenta, la dictadura militar (1964-1985) introdujo un instrumento jurídico que protege a los agentes que matan, partiendo del supuesto de que lo hacen en legítima defensa y evitando que sean detenidos in fraganti. Los expertos argumentan que estimula la impunidad. Un informe de una comisión de investigación de la Asamblea de Río, concluida el año pasado, afirma que el 98% de los casos entre 2010 y 2015 fueron archivados. El documento señala al Ministerio Público de Río como “un gran archivador de casos, colaborando a la impunidad de los policías criminales”. El poder judicial local se caracteriza, según el informe, por la connivencia con las malas prácticas policiales, sin asegurarles a quienes viven en las comunidades desfavorecidas el respeto a una serie de derechos y garantías constitucionales.
En Brasil, menos del 10% de todos los asesinatos son aclarados por la falta de investigadores e inversiones, según los expertos. Por tanto, las cifras de impunidad policial siguen la misma tendencia. Sin embargo, hay un elemento más: el poco empeño de las autoridades en aclarar las muertes causadas por los agentes. En su tesis doctoral en Ciencias Políticas, Orlando Zaccone, excomisario de la Policía Civil de Río, analizó cerca de 300 casos de letalidad policial archivados entre 2003 y 2009. “En todos se indicaba que el suceso se había producido en una favela, donde constantemente había tiroteos entre traficantes y policías. Es decir, el lugar de los hechos es uno de los elementos que legitimaba la muerte», explica.
En su estudio del lenguaje y del tipo de argumento usado en esos casos archivados, también encontró con frecuencia los antecedentes penales de los fallecidos —en su mayoría hombres jóvenes, negros y pobres—. “Poco se hablaba de la acción policial”, señala. Y recalca: “A menudo había una incompatibilidad entre la descripción de los hechos por parte de los agentes y el propio examen del cadáver”. En suma: el objeto de las investigaciones era la víctima, no el agente.
Aumento de la letalidad policial
En el informe Você matou meu filho: homicídios cometidos pela Polícia Militar no Rio de Janeiro (Has matado a mi hijo: homicidios cometidos por la Policía Militar en Río de Janeiro), de 2015, la ONG Amnistía Internacional verificó el estado de 220 investigaciones de homicidios en acciones policiales en 2011 en la ciudad de Río. Al cabo de cuatro años, 183 investigaciones seguían abiertas. A pesar de existir la denuncia ante la policía, no se había puesto en marcha ninguna actuación.
Las cifras oficiales de las muertes cometidas por agentes en el Estado de Río baten récords este año: de enero a agosto, los diferentes cuerpos policiales ya han asumido la muerte de 1.249 personas, un promedio de cinco por día. En la región metropolitana de Río, la policía es la responsable de casi la mitad de todas las muertes violentas.
Sin embargo, estos números solo se refieren a los casos en los que el policía asume haber matado a alguien. Los datos no consideran las ejecuciones cometidas por agentes que actúan en la sombra o por grupos milicianos, formados mayoritariamente por policías y bomberos en activo o en reserva.
Paloma Lamego, defensora del pueblo en Río de Janeiro, argumenta que «la expresión bala perdida”, muy empleada para describir las muertes durante los tiroteos, “hace que todo se trate como si fuera una fatalidad”. Da a entender que “no tenemos que averiguar la responsabilidad, que es imposible decir de dónde provino la bala, o que hubo alguna intención de matar…”, dice. Añade que, en Río, la policía tiene la costumbre de alterar la escena del crimen para dificultar la investigación. «¿Por qué no se confiscó inmediatamente el arma de los policías después de que Ágatha recibiera el disparo? Tiene que haber un compromiso de la Policía Civil con las investigaciones y de la Policía Militar, con los protocolos. No encaramos la letalidad policial con la seriedad que deberíamos”.
Tras la noticia de que policías militares invadieron el hospital, el gobernador Witzel tuiteó inmediatamente: “Todo se investigará con rigor. Los hechos, si se comprueban, son inadmisibles. Se castigará a los culpables”. El gobernador, que durante la campaña electoral prometió disparar «a la cabecita de los delincuentes», no moderó su discurso tras asumir el cargo en enero.
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La embajada estadounidense afirma: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en la designación de nuevos funcionarios de la Corte
En lo que parece ser una razón más de indignacion de los paises latinoamericanos, según una publicaciñn del periódico El Pais de España, la cual es reproducida inextensa por este diario, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este martes de que su Gobierno consultó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre una supuesta injerencia en la elección de dos magistrados, entre ellos la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien, según la información del mandatario, sería nombrada para ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
“Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras”, dijo Arévalo en una conferencia de prensa y en un comunicado emitido más tarde por el Gobierno. “Esta situación es altamente irregular y preocupante. Acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones entre nuestro Gobierno y el de Estados Unidos. Por ello, hemos comenzado las consultas con el Departamento de Estado para aclarar esta situación”, informó el mandatario.
Consuelo Porras en Guatemala, en septiembre de 2025.Congreso de Guatemala
Guatemala deberá designar este año a los nuevos magistrados de la Corte para el periodo 2026-2031. Para integrar ese ente, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, la principal del país, votan a lo interno para nombrar a un magistrado titular y un suplente eligiendo así cinco magistrados titulares y cinco suplentes que dirigirán esa Corte.
Las declaraciones del presidente surgieron luego de que uno de los candidatos que apoyaba el Ejecutivo a través de su bancada oficial y de diputados aliados, Rony López, actual magistrado suplente de la CC, quien ha denunciado al MP por seguimiento y amenazas, perdió los votos y en su lugar comenzó a correr el rumor de que el actual magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, sería reelecto.
Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia en 2018 con Zury Ríos, la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, acusado de haber cometido un genocidio contra las poblaciones indígenas de Guatemala. Además, ha sido criticado por sus fallos judiciales en los que anuló la condena por genocidio contra Ríos Montt, por fallar a favor del expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina y por beneficiar al líder del Barrio 18, Aldo Ochoa.
Medios locales, que han documentado dos lobbys pagados por políticos de oposición y algunos empresarios de la élite guatemalteca, atribuyen el apoyo de la mayoría de diputados y de la embajada de Estados Unidos a favor de Barreto debido a ese cabildeo. La embajada estadounidense en Guatemala no respondió a las consultas sobre la denuncia del presidente. John Barrett, encargado de negocios de la embajada, dijo en la red social X que “como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.
Reportaje A Fondo
Una segunda vida para los disfraces de Carnaval: la idea de Río para que los residuos de la fiesta no acaben en el vertedero
El proyecto ‘Sustenta Carnaval’ ha recuperado casi 70 toneladas de los vestuarios que se usan en el Sambódromo, reduciendo emisiones e integrando a población en riesgo de exclusión social
Río de Janeiro.-En la bella canción del sambista carioca Martinho da Vila llamada ‘Para tudo se acabar na quarta feira (Para que todo se acabe el miércoles)’ el compositor exalta, con cierta melancolía, a los artesanos del carnaval, esas personas anónimas que trabajan todo el año “empeñadas en construir la ilusión” para que después, todo se termine el Miércoles de Ceniza. El carnaval es, por definición, la fiesta de la alegría efímera, pero en el caso del Sambódromo de Río de Janeiro, con sus monumentales desfiles, esa fugacidad tiene un coste ambiental considerable. En las noches en que reinan las escuelas de samba, desfilan decenas de miles de personas vestidas con aparatosos disfraces, unos 100.000 cada año. Su vida útil es lo que se tarda en cruzar el gran estadio del carnaval durante el desfile, menos de 90 minutos. Hasta hace pocos años, después de brillar bajo los focos y los aplausos muchos de ellos acababan en el vertedero. Para luchar contra ese problema ambiental y convertir el residuo en oportunidad, hace unos años surgió el proyecto ‘Sustenta Carnaval’.
La sede de la organización está en la zona portuaria de Río, a pocos pasos de la Cidade do Samba, el gigante recinto donde se construyen las carrozas y se confeccionan los disfraces del carnaval. Aquí el almacén es menos opulento, pero igualmente colorido: montañas de disfraces se acumulan en el suelo y suben varios metros hasta casi tocar el techo en algunos puntos. Son los restos de los carnavales de otros años, que tras pasar por aquí tendrán una segunda oportunidad: los clientes de a pie más creativos pueden llevarse piezas tras un módico precio en función del peso, pero además hay convenios con agrupaciones carnavalescas con menos recursos o incluso con ayuntamientos de otras ciudades que buscan organizar un carnaval más económico. También se donan a escuelas públicas, o se alquilan a compañías teatrales y rodajes de cine. La idea es reciclar de todas las maneras posibles. De momento, en los últimos cinco años, los impulsores de la idea ya han salvado de la basura 66 toneladas.
Pululando entre esta marea de sombreros, faldas, plumas y todo tipo de tejidos aparece, siempre sonriente, Jean Santos, el coordinador técnico del proyecto. Recuerda divertido la aventura del primer año: “Fue un test, alquilamos un camión y recolectamos tres toneladas. Las colocamos provisionalmente en mi casa y en casa de una amiga, fue una locura”. En realidad, las propias escuelas de samba recopilan sus propios disfraces para reutilizar lo que se pueda al año siguiente (tras un minucioso trabajo de descarte, reconversión, pintura, tinte, etc).
No obstante, muchas no tienen los recursos ni la logística necesaria para movilizar camiones, personal y almacenes y acaban desechando parte de sus disfraces. Durante años, muchos quedaban acumulados al final del Sambódromo durante horas, pero generaban problemas incluso de seguridad, porque se generaban auténticas montañas que dificultaban la salida del recinto de los componentes de las escuelas, un flujo continuo que dura toda la madrugada durante cinco noches consecutivas.
El proyecto ha sido premiado incluso en el Reino Unido y ha logrado la certificación ISO20121, por su minucioso trabajo para mitigar la huella de carbono de estas piezas. Se sabe que la industria textil es de las más contaminantes del mundo, y según estudios de ‘Sustenta Carnaval’ un kilo de un estos disfraces generalmente sintéticos y procedentes de China o India ha supuesto, a lo largo toda su trayectoria, la emisión de 47,2 kilos de CO2 equivalente. Por eso estiman que con todo lo que se ha reusado hasta ahora se ha evitado la emisión de más de 3.115 toneladas de CO2 en a la atmósfera.
Pero la preocupación no es sólo ambiental, sino también social. En el almacén de Río trabajan personas en riesgo de exclusión social y parte de los disfraces son transformados en carteras por mujeres inmigrantes y vecinas de una favela de la ciudad de Niterói. En el propio almacén de la organización estos días se imparten talleres de reciclaje de disfraces y accesorios.
‘Sustenta Carnaval’ cuenta con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del ayuntamiento de Río y de la Liga Independiente de las Escuelas de Samba, pero faltan recursos. Santos explica que el sueño que acarician ahora es poder construir un entresuelo para ganar espacio y clasificarlo todo. Además, así también podrían impartir clases continuamente. “Nuestro sueño es que las personas que trabajan todos los años en el carnaval puedan hacer un curso y certificarlas como profesionales. Hoy en día ya hay cursos de posgrado en temas de carnaval, pero sobre todo en el mundo académico. La gente que está en la base no está certificada, nuestra idea es revertir eso”, dice optimista. Mientras tanto, una vez termine el carnaval, la rueda volverá a ponerse en marcha: será hora de hacer espacio para otra veintena de toneladas y de ir pensando en cómo aprovechar esa infinidad de posibilidades.
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En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado
Históricamente, Centroamérica ha sido dominada por cuatro grandes tendencias: la violencia política, el intervencionismo extranjero, la desigualdad económica y social, y la ausencia de regímenes democráticos. Es decir, de regímenes estructurados en torno a un Estado de derecho más o menos viable, instituciones legítimas y, sobre todo, una administración capaz de gestionar lo público con eficacia y eficiencia.
Con excepciones, tales tendencias suelen acompañarse de algunos factores inexorables: el militarismo, la corrupción y la exclusión de la mayoría de la población, ya sea por razones étnicas, sociales, económicas o políticas. Y aunque fueron brevemente neutralizadas tras la firma del Plan de Paz de Esquipulas II (7 de agosto de 1987), en las últimas dos décadas Centroamérica ha iniciado un proceso de involución que recuerda -pero todavía no sobrepasa- los horrores de la década perdida de los años 1980.
En efecto, Centroamérica logró reencauzar sus esfuerzos de reconstrucción y reconciliación de forma gradual durante el decenio de 1990, mismo que produjo elecciones libres en todos los países, el relanzamiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y lo que parecía ser una etapa de estabilidad. Pero, lamentablemente, todo aquello se volvió un espejismo.
Ya para inicios del siglo XXI empezaron a despuntar nuevas, y a reverdecer viejas, disfunciones en toda la zona. Ello fue resultado de una combinación de factores como la reaparición de poderes fácticos, en particular el crimen organizado; el gradual debilitamiento de las democracias electorales; el lento proceso de reactivación económica prometido pero no concretado por el libre comercio; la inconclusa transición hacia modelos de gobierno y de sociedad más inclusivos, y el abandono del desarrollo sostenible como concepto guía del sistema regional. Pronto afloraron nuevas formas de violencia y represión, y se iniciaron masivas olas migratorias hacia Estados Unidos. En pocos años, Nicaragua cayó presa de una dictadura atroz gracias al llamado Pacto Ortega-Alemán (2000), Honduras experimentó un nuevo golpe de Estado (2009), se produjeron un sinnúmero de eventos como el asesinato de periodistas y dirigentes ambientalistas y sociales, y aparecieron poderosas redes de narcotraficantes y renovadas tensiones geopolíticas. Estos elementos configuran hoy una región que en poco tiempo, y pese a la masiva ayuda recibida de la Cooperación Internacional, ha sucumbido ante los avatares de su propia historia.
Acabar con las guerras domésticas -y particularmente con el terrorismo de Estado- fue uno de los logros más notables del Procedimiento de Esquipulas II. Sin embargo, desde entonces Centroamérica ha sido víctima de “otras violencias” no menos graves y dolorosas. Quizá la mayor de ellas sea la resultante de las acciones del crimen organizado y ordinario, cuyas raíces en el área eran de larga data, pero que se aceleraron y profundizaron como resultado de una triple coyuntura: el descalabro institucional de las democracias electorales a partir del año 2008; los rápidos cambios acaecidos en la producción, la comercialización y el control de las redes de del narcotráfico internacional, y el aumento y diversificación de los flujos de cocaína proveniente de Colombia, resultantes de las nuevas condiciones domésticas en ese país (acordadas en el plan de paz de 2016).
Ello vino acompañado de un incremento de otras formas de crimen organizado no menos perniciosas, como la trata de personas, el tráfico de armas, los diversos tipos de contrabando (oro, bienes culturales y naturales, cigarrillos, cosméticos y licores, entre otros) y el fenómeno de las pandillas o “maras”, que impusieron un virtual “estado de sitio” en amplios espacios urbanos del llamado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Las extorsiones, secuestros, estafas cibernéticas y, más recientemente, el aumento de los femicidios y los actos de violencia contra otras poblaciones en condición de vulnerabilidad son también expresiones de una realidad que afecta a todas las sociedades centroamericanas.
El miedo y la zozobra que acompañan siempre a la violencia, y en particular a la violencia criminal cuando esta se entroniza y produce una percepción generalizada de inseguridad e indefensión, han traído como consecuencia el retorno de las propuestas de mano “super dura”, que se han posicionado como “únicas e idóneas” para neutralizar tales fenómenos. Ese fue el caldo de cultivo que permitió el arrollador triunfo en el Salvador del presidente Nayib Bukele, quien fue capaz de someter a las “maras” de su país por medio de políticas represivas ampliamente apoyadas por la población. Si bien el costo de esas políticas en términos de libertades públicas y calidad democrática ha sido devastador, las mismas han catapultado a Bukele como líder internacional de un “modelo” de Estado que repudia a la democracia liberal y propone sustituirla por un régimen autocrático unipersonal.
En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado. Este proceso de deterioro ha sido resultado de las disfunciones propias de regímenes políticos que, en distintas proporciones y formas, han tenido como características comunes la ausencia de políticas públicas inclusivas, el consecuente aumento de la desigualdad y la pobreza, una masiva corrupción y el ya mencionado aumento de la violencia criminal. Todos estos fenómenos han producido, más recientemente, el surgimiento de liderazgos populistas que, emulando a otros en América Latina, Estados Unidos y Europa, proponen soluciones “contra la dominación de los de siempre” (a quienes se señala como beneficiarios de la corrupción), y de un entramado presuntamente cómplice de estos, conformado por medios de comunicación, poderes judiciales, partidos políticos, agentes legislativos y algunos sectores económicos privados.
Además del caso salvadoreño ya mencionado, hay dos ejemplos muy claros (aunque también muy distintos) de esta tendencia. El primero, de perfiles decimonónicos, es la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que desde 2018 domina al país a sangre y fuego a través de mecanismos de represión que recuerdan los peores días del somocismo, e incluso los superan. Estos mecanismos, algunos tipificados como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyen -además de asesinatos, torturas, desapariciones y persecución de medios y periodistas independientes– el destierro, las expropiaciones arbitrarias y la eliminación de la nacionalidad de quienes el régimen considera enemigos. El segundo caso, sorpresivo y para muchos inaudito, es el de Costa Rica. Allí gobierna, con amplio respaldo popular, Rodrigo Chaves, un exfuncionario del Banco Mundial, quien fue electo en 2022 con una propuesta antisistema. Neoliberal en lo económico y conservador (aunque laico) en lo social, Chaves ha satanizado los entendimientos políticos predominantes en el país desde 1948, promovido la confrontación entre el Ejecutivo y los demás poderes de la República (incluido el Tribunal Supremo de Elecciones), deteriorado la libertad de expresión y de prensa, alimentado deliberadamente la polarización social y, últimamente, deslegitimado la institucionalidad judicial, que es la única que hasta ahora ha impedido el éxito de su proyecto político.
Los tres países restantes también discurren por sendas complicadas. En Guatemala, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, desde antes de su toma de posesión (2024), libra una batalla sin descanso contra el llamado “Pacto de Corruptos”, un conglomerado de poderes fácticos que buscan afanosamente su caída por medio de permanentes conspiraciones que involucran a la Fiscal General y a jueces corruptos del Poder Judicial. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro -quien fue electa con altas expectativas tras dos mandatos de un presidente que terminó indultado por Trump luego de haber sido condenado en los tribunales estadounidenses por narcotráfico- hoy propone anular los últimos comicios generales (noviembre de 2025) en medio de un proceso electoral de gran opacidad, persiguiendo fines de muy dudosa naturaleza. Mientras tanto, en Panamá el clima político y social se ha enrarecido en la administración de Raúl Mulino, un presidente que fue electo como sustituto del candidato de su partido, el expresidente Ricardo Martinelli, quien fue encontrado culpable de corrupción e inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral para ocupar cargos públicos.
Todo lo anterior se produce en un contexto de reconstitución hegemónica de los Estados Unidos, cuyo gobierno ha retomado su dominio histórico, basado en al menos dos ámbitos: el enfrentamiento con China y el apoyo público -e incluso la interferencia abierta en procesos electorales internos- a los gobiernos y líderes dispuestos a cumplir con sus designios en la zona (especialmente en temas migratorios y de inversiones en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la minería, de combate al narcotráfico y de cooperación militar). Además, buena parte de los gobiernos centroamericanos se han sumado a la diplomacia estadounidense en los foros multilaterales, alineándose en temas como el apoyo a Israel, las críticas a la Agenda 2030, el cambio climático, la invasión rusa a Ucrania, etc. Ese sometimiento, sin duda, recuerda al predominante durante la Guerra Fría.
La democracia vive hoy horas oscuras en Centroamérica, horas que, pareciera, no serán más luminosas en el futuro previsible.
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