Nacionales
El 90% vehículos no tienen catalizador que reduce el monóxido de carbono
SANTO DOMINGO. El 90 por ciento de los vehículos que circulan en el país no tienen instalado el convertidor catalizador del motor de combustión que sirve para la reducción y control de los gases nocivos expulsados por estos.
Así lo estiman varios mecánicos consultados por Diario Libre sobre la posibilidad de que la falta de esta pieza tuviera incidencia en la muerte de Regy Dally Mery Contreras, de 28 años de edad; Dohanlly Mariel Contreras Montero, de 14 años, y Lya Camille Pérez Contreras, de dos años, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo, como sugiere el informe preliminar de la Policía Nacional.
Al respecto, Emilthon Rivas, propietario de tres reconocidos talleres de mecánica del país, dice que “el catalizador es una pieza muy costosa y te afecta al vehículo. Cuando tú vas a un centro de muffler te dicen vamos a quitarte el catalizador y vamos a ponerte un resonador. Ese catalizador lo venden, porque la pieza que tiene es platino , y con eso hacen implantes dentales y de otras partes”, expresa.
Explica que eso sucede porque, además de ser una pieza que no se importa en el país, “un catalizador que no sirva te lo compra cualquier persona por entre RD$7,000 a RD$10,000”, sostiene.
Agrega que es escasamente posible que los gases entren a la cabina de los vehículos si no se realiza algún tipo de manipulación para que eso suceda.
Opinión parecida tiene el mecánico Juan Polonia, quien dice que “en un vehículo expuesto al aire libre, la probabilidad de que haya algún tipo de intoxicación por monóxido de carbono son mínimas, pero en un espacio cerrado sí porque el olor es bastante fuerte”.
No obstante, el mecánico Ernesto Beras afirma que “cuando las gomas del baúl no están bien puestas crea una turbulencia detrás del vehículo por el choque de aire y va entrando por las compuertas (en referencia al monóxido de carbono)”, dice, tras señalar que la instalación de radios u otros accesorios podría provocar que personas le hagan hoyos a la carrocería por donde pueden entrar gases en caso de escape.
El patólogo Sergio Sarita Valdez dice que cinco minutos de exposición al monóxido de carbono son suficientes para provocar la muerte en una persona.
“Es tan rápido, porque los vehículos de motor generan demasiado de ese gas (monóxido de carbono). Es producto de la combustión incompleta de la gasolina, el gas licuado, el gasoil y el metano. Es decir todo lo que combustiona o se quema no lo hace por completo, no se vuelve carbón y sale esa molécula.
En el informe de autopsia practicado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se hizo constar que las tres víctimas perecieron a causa de intoxicación aguda por monóxido de carbono.
Los cadáveres fueron sepultados en la tarde de ayer en el cementerio Cristo Redentor.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.