Latinoamericanas
El aborto, prohibido o limitado en la mayor parte de América Latina
Agencia Efe
ARGENTINA.- El Senado argentino debate este martes un proyecto para permitir el aborto hasta la semana 14 de gestación, que de aprobarse convertiría a Argentina en uno de los pocos países de Latinoamérica donde esta práctica está legalizada.
El derecho al aborto es, de hecho, inexistente o muy limitado en la mayor parte de los países latinoamericanos, solo Cuba y Uruguay tienen permitida la interrupción voluntaria del embarazo y, además, cuentan con políticas de prevención y seguimiento de la salud reproductiva de las mujeres, mientras que otros países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam la prohíben en todas las circunstancias.
EN CHILE, DESPENALIZADO EN TRES SUPUESTOS
En Chile, el aborto estuvo totalmente prohibido hasta 2017, cuando se despenalizó en tres supuestos: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. El acceso al aborto en este país, sin embargo, choca con una alta objeción de conciencia por parte de los médicos especialistas.
En Brasil el aborto es legal solo en caso de violación, riesgo de muerte para la madre y anencefalia (fetos sin cerebro). La normativa boliviana permite abortar solamente en casos de violación o riesgo para la vida o salud de la madre o el feto. El Código Penal de Panamá tipifica como ilegal el aborto, pero con excepciones en los casos de que el embarazo sea producto de una violación y si hay riesgo para la salud de la madre.
En Colombia no es delito interrumpir voluntariamente un embarazo en caso de violación, malformación del feto y cuando la madre o el niño corran peligro. El aborto está permitido en Ecuador solo para cuando peligra la vida de la mujer como consecuencia del embarazo o como producto de la violación a una persona con discapacidad mental.
El Código Penal de Costa Rica señala que no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios.
EN PERÚ Y VENEZUELA SI LA VIDA DE LA MADRE CORRE PELIGRO
En Perú solo es legal el aborto en el caso de que la vida de la madre esté en peligro, al igual que en Venezuela, que, sin embargo, castiga otra opción con seis meses a dos años de cárcel.
En Paraguay, el aborto y su tentativa se encuentran penalizados, con una condena de hasta cinco años y solo está autorizado interrumpir un embarazo cuando hay riesgo de vida para la madre. También está prohibido en Guatemala, donde solo se permite en casos extremos para salvar la vida de la mujer. Se penaliza desde un año hasta los 12 años de prisión.
HASTA 40 AÑOS DE CÁRCEL EN EL SALVADOR
El aborto en El Salvador está penalizado en todos los supuestos, la ley establece penas de entre 2 y 8 años de cárcel a quien provoque, consienta o practique una interrupción del embarazo, aunque se han dado casos en los que la condena ha sido de 40 años, al ser considerado un homicidio.
La interrupción del embarazo está penalizada también en Nicaragua desde 2006 y en 2017 la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó las peticiones de las Iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico. En Honduras no está permitido el aborto y varias iniciativas para la despenalización no han tenido eco entre los diputados.
En República Dominicana las posturas divergentes de los diputados dominicanos sobre el aborto, que está prohibido en el país, frustraron la aprobación de un nuevo Código Penal que lleva años discutiéndose.
En agosto de 2020, la Cámara de Diputados decidió que el asunto quede fuera del Código Penal y que se debata como una ley aparte más adelante y envió a una comisión especial un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en tres supuestos: riesgo para la vida de la mujer, cuando es inviable o cuando es resultado de violación o incesto.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-El incremento de la violencia de las bandas de la que no escapan siquiera los aviones, el nombramiento de un nuevo primer ministro o el papel de la misión multinacional, son algunas de las claves que marcan la caótica situación en Haití, donde 5,4 millones de personas, la mitad de la población, sufre hambre aguda.
Una violencia que no cesa
Haití, el país más pobre de América, lleva años sumergido en una crisis en todos los órdenes, agravada por la incursión de las sanguinarias bandas armadas, que se han hecho prácticamente con el control de la capital, Puerto Príncipe, causando miles de muertos y heridos.
Cada cierto tiempo, la capital es paralizada, como ocurrió esta semana después de que el pasado domingo las bandas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble (Vivir Juntos), liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, anunciaran días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ante la indiferencia de las autoridades, que no dieron señales concretas para sofocar la situación.
Sólo entre julio y septiembre pasado al menos 1,223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño (Binuh).
A ello se suman las 3.900 víctimas, entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8.000 víctimas.
La ineficiencia de las fuerzas de seguridad
La llegada hace casi cinco meses al país de los primeros miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, no ha producido ningún cambio en la situación de la seguridad en el país, que, por el contrario se ha deteriorado completamente y el 80 % de la capital permanece en manos de las bandas armadas.
El dominio territorial de las bandas armadas obliga a miles de personas a huir de sus barrios capitalinos, convirtiendo a sus habitantes en eternos desplazados.
Las escasas operaciones llevadas a cabo por la fuerza multinacional y la Policía Nacional haitiana han sido ineficaces y no han logrado recuperar los territorios ocupados por las bandas.
Con las carreteras nacionales bloqueadas, la escasez de combustible y el cierre del principal aeropuerto de la capital, el país corre el riesgo de sufrir un grave deterioro de la crisis humanitaria, que desde hace tiempo se encuentra en estado crítico.
Casi una década sin elecciones
Haití celebró sus últimas elecciones 2015 y 2016, cuando ganó Jovenel Moise, el presidente asesinado en julio de 2021 en su residencia privada por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.
Tras el asesinato de Moise fue designado Ariel Henry, quien terminó dimitiendo tras la violencia que estalló en Puerto Príncipe el 29 de febrero de este año, cuando se supo que planeaba posponer las elecciones hasta agosto de 2025 a pesar de que su mandato expiró el 7 de febrero.
Desde abril el país cuenta con un Consejo Presidencial de Transición (CPT), que asumió con el objetivo de organizar votaciones en el país a finales de noviembre de 2025.
Pero existe una lucha por el control y la toma del poder entre el CPT, una pugna que desembocó hace casi dos semanas en la destitución del primer ministro, Garry Conille, quien, de acuerdo con varias fuentes, exigió la salida de tres miembros del Consejo señalados en un caso de corrupción.
Conille, médico de profesión, fue sustituido por el empresario Alix Didier Fils-Aimé, quien al juramentar el sábado a su Gabinete dijo que el país vive una situación «crítica» y afirmó que «no hay tiempo que perder».
La hoja de ruta del Gobierno, declaró el primer ministro, «consiste en restablecer la seguridad, responder a la emergencia humanitaria, relanzar la economía y preparar las elecciones».
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Consejo Presidencial de Haití condena el tiroteo contra dos vuelos comerciales de EE.UU.
Agencia Efe
Puerto Príncipe.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití condenó este martes con el «máximo rigor» el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas en Puerto Príncipe y el ataque perpetrado el lunes contra dos aviones comerciales estadounidenses en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture.
«Este crimen cobarde, que amenaza la soberanía y la seguridad de Haití, pretende aislar a nuestro país en la escena internacional. Los autores de estos actos atroces serán perseguidos y llevados ante la Justicia», afirmó el Consejo en un comunicado.
La parte oficial dijo que «en las últimas 48 horas, miembros de bandas armadas han puesto en peligro la vida de ciudadanos pacíficos, han incendiado propiedades privadas e incluso han disparado contra un avión de Spirit Airlines que procedió de Fort Lauderdale el lunes 11 de noviembre». de 2024″.
Además del ataque a ese vuelo, un avión de la aerolínea JetBlue también fue tiroteado ayer cuando despegaba de Puerto Príncipe con destino a Nueva York.
El Consejo recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional haitiana, y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad han desplegado inmediatamente sus unidades para reforzar la seguridad de las familias y de los alrededores del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, con el fin de garantizar la protección de los vuelos comerciales que operan en el país.
El CPT llamó a la población para que permanezca vigilante y colabore estrechamente con las fuerzas del orden para prevenir cualquier acción que pueda comprometer la paz y la seguridad colectiva.
«Juntos, pondremos fin a estos actos incalificables», concluyó la nota.
Puerto Príncipe vivió este martes una jornada de tensa calma, con tiroteos esporádicos en algunas zonas y sin operaciones en el aeropuerto internacional, cerrado hasta el 18 de noviembre.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció este martes la suspensión temporal de la entrega de ayuda humanitaria en Haití por la imposibilidad de acceso al puerto y al aeropuerto en la capital debido al grave deterioro de la situación de seguridad.
Este mismo día, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. prohibió los vuelos comerciales a Haití tras los ataques a tiros que sufrieron el lunes las dos aeronaves.
Además, la compañía estadounidense American Airlines anunció este martes que suspendió sus vuelos a Haití por los próximos tres meses, tras descubrir que uno de sus aviones que despegó desde Puerto Príncipe fue impactado por una bala.
Mientras, el ministro de Justicia en funciones, Carlos Hércules, condenó el ataque armado perpetrado contra los aviones.
«Se trató de un acto terrorista contra la vida de nuestros compatriotas y de todos los que se encontraban a bordo de este avión», dijo Hércules en referencia al tiroteo contra el avión de la aerolínea Spirit.
El funcionario pidió a las fuerzas de seguridad nacional que tomen medidas para restablecer un clima de seguridad en el país, para que se puedan reanudar las actividades, especialmente en la capital y sus alrededores.
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Fiscalía argentina imputa a tres personas por la muerte de Liam Payne en Buenos Aires
Agencia efe
Buenos Aires, Argentina.-Una fiscalía argentina imputó este jueves a una persona por abandono de persona seguido de muerte y a otras dos por suministro de estupefacientes en la causa que investiga la muerte del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.
«En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes», informó hoy la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14.
Uno de los acusados es una persona que acompañó a Payne durante su estadía en Buenos Aires, otro es un empleado del hotel en el que tuvo lugar su fallecimiento y el tercero fue descrito como «un proveedor de estupefacientes».
La fiscalía informó que la imputación de estas tres personas, cuya detención ya ha sido ordenada, llegó tras una extensa investigación que incluyó decenas de testimonios, el análisis de más de 800 horas de filmaciones de cámaras del hotel y de la vía pública y del contenido del móvil de Payne y de varios testigos, así como estudios tanatológicos y de laboratorio.
El primero de los acusados fue descrito en el anuncio como «quien acompañaba de manera cotidiana al artista» durante su estadía en Buenos Aires y se le imputaron los delitos de abandono de persona seguido de muerte y de suministro y facilitación de estupefacientes.
El segundo es un empleado del hotel Casa Sur, en el que se encontraba alojado Payne, acusado de haber suministrado cocaína al músico durante su estadía; mientras que el tercero habría suministrado estupefacientes al músico en dos ocasiones.
Los informes presentados a la fiscalía concluyeron que «todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas».
Además, confirmaron las pericias iniciales que indicaban que el músico no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que consideran que «pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia» y descartan la posibilidad de «un acto consciente o voluntario» ya que «en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo».
«Más allá de la contundencia probatoria que se logró hasta el momento (visual, registral, médica, científica, documental, telefónica, testimonial, etc), se debe continuar la investigación, pues, entre otras diligencias, aún está en curso el desbloqueo de la netbook personal de la víctima -que está averiada- y otros aparatos incautados en la investigación», añadió el comunicado.
El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction fue trasladado ayer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) hacia Londres en un vuelo de la aerolínea British Airways, poco después de que fuera embalsamado en el Cementerio Británico de Buenos Aires con el fin de preservar sus restos.