Análisis Noticiosos
El Abusador y las pruebas PISA dos heridas en el alma nacional
Por Juan Bolívar Díaz
La captura esta semana en Colombia del narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alias El Abusador, tras haber escapado del país, pone sobre el tapete el alto grado de complicidad de las autoridades nacionales con esa actividad criminal y el nivel de la corrupción que socaba las instituciones.
Otro acontecimiento abrumador de la semana ha sido el resultado de las pruebas PISA que colocaron a los estudiantes dominicanos de 15 años en el último lugar, entre 79 países, en comprensión de la lectura, matemáticas y ciencias, revelador del fracaso de las políticas educativas de las últimas décadas y la incapacidad para superarlas.
Una historia repetida
La captura de El Abusador en Colombia, tras escapar de la República Dominicana, es una historia repetida, esta vez después de un espectacular como ineficiente operativo nacional, pues ocurrió anteriormente con otros grandes narcotraficantes, como Figueroa Agosto, Toño Leña y Arturo del Tiempo. Otros relevantes, como Ernesto Quirino, fueron arrestados en el país, pero virtualmente por agentes del Departamento contra narcóticos de los Estados Unidos (DEA).
En todos esos casos ha quedado de manifiesto la complicidad de autoridades dominicanas, a menudo de tan alto nivel, que ni los estadounidenses se atreven a identificar porque han sido financiadores de gobernantes, políticos y legisladores activos. La DEA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a menudo se conforman con el desmantelamiento de las bandas. En pocas ocasiones los organismos nacionales de inteligencia, policiales, militares y antidrogas han sido eficientes, y han dilatado los requerimientos de las agencias estadounidenses, como ocurrió durante varios meses en el caso de El Abusador.
El involucramiento de altos oficiales militares y policiales ha quedado evidente en casos como el de la matanza de Paya, Baní, en 2008, cuando 7 narcotraficantes colombianos fueron ejecutados por altos oficiales de la Marina de Guerra (Armada) para quedarse con el dinero que acumulaban. En 2013 el general Francisco Hiraldo Guerrero, quien era nada menos que el director de Operaciones de la DNCD, fue extraditado a Estados Unidos y allí condenado tras ser delatado como protector de narcotraficantes. En 2017 fue capturado en Puerto Rico el coronel del Ejército de RD Rafael Collado con un cargamento de 860 paquetes de cocaína. En septiembre pasado, el periódico Acento desplegó, sin ser desmentido, un informe confidencial de que 6 generales y 28 coroneles militares y policiales, incluyendo a tres ex presidentes de la DNCD, estaban bajo observación de la DEA.
Un reinado público
El caso más evidente de enriquecimiento sospechoso y de fácil seguimiento puede haber sido el de El Abusador, quien salió de la nada para acumular una gran cantidad de empresas, vinculadas al espectáculo, el entretenimiento y mobiliarias, que exhibía en las redes yates, autos de lujo y hasta joyas, y quien dejaba las propinas en maletines por donde pasaba. Se le vinculó a altas autoridades militares y policiales, así como a ministros y políticos, lo que explica que ni siquiera atendiera unos 50 requerimientos impositivos que le fueron formulados, pero no les intervenían sus empresas.
En el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras su arresto, se llegó a afirmar que Peralta pudo operar mucho tiempo una red criminal que envió toneladas de drogas a ese país gracias a la corrupción y la complicidad de autoridades que predomina en la República Dominicana.
En la madrugada del domingo 18 de agosto El Abusador estaba en un espectáculo artístico en el hotel Hard Rock de Punta Cana, donde fue saludado por un popular bachatero, y se le vio salir del establecimiento a media tarde de ese día, escoltado por dos vehículos, uno de los cuales ocupado por oficiales policiales. Unas 36 horas después, al amanecer del lunes 20, fue montado el espectáculo de 50 allanamientos, con decenas de fiscales y cientos de agentes que intervinieron sus propiedades, y detuvieron a algunos de sus colaboradores, pero no pudieron atrapar al hombre de vida pública. Y las autoridades dijeron que el operativo había sido minuciosamente preparado durante algún tiempo.
El pisoteo de las PISA
El otro caso de consternación de la semana fue la revelación de los resultados de las pruebas PISA, en las que los estudiantes dominicanos de 15 años quedaron en el último lugar, entre 79 países en capacidad para asimilar la lectura y en matemáticas y ciencias, con una muestra de 5 mil 674 alumnos de 234 escuelas públicas y privadas.
El resultado fue parcialmente sorprendente, al repetir los niveles de 2015, cuando han pasado 7 años desde que las autoridades gubernamentales decidieron acatar la ley de 1997 que disponía invertir el 4% del PIB en educación, pero no del todo, si se toma en cuenta que en los índices de competitividad global del Foro Económico Mundial la educación dominicana ha seguido apareciendo en los últimos cinco o seis lugares de 142 y 144 países.
Sería mezquino atribuir la mayor responsabilidad al actual Gobierno, que ha destinado unos 900 mil millones de pesos a la educación, por la acumulación de atrasos en los estudiantes, o a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), aunque ambos tengan su cuota. Es indiscutible que con la inversión del 4% el Gobierno de Danilo Medina ha hecho esfuerzos, ha logrado mejorías de aulas, alimento a los estudiantes, y Tanda Extendida, aunque ha privilegiado mucho el cemento y el empleo administrativo, con ministros que no eran técnicos en educación ni maestros, dos de los cuales fueron luego precandidatos presidenciales, uno de ellos con un gasto de decenas de millones de pesos en más de un año de campaña política.
La ADP tiene una cuota en el “luchismo” que la ha caracterizado, aunque fue empujada a ello por los años de salarios miserables y falta de materiales didácticos. Tiempos hubo con presidentes intelectuales en que no había ni tiza ni borradores en las escuelas. La mayor responsabilidad ha sido de las políticas sostenidas por décadas, por gobiernos que centran el desarrollo en las construcciones visibles, en vez de la educación. También las universidades, que convertidas en simples fábricas de profesionales, forjaron maestros con enormes deficiencias. Esos que Educa estima que tomará 25 años renovarlos. El clientelismo, la politiquería y el triunfalismo de la “revolución educativa” pregonada con enorme gasto publicitario, han quedado en cuestionamiento, mientras el actual ministro de Educación acaba de ser designado para encabezar la campaña electoral oficialista en Santiago.
Fortaleza institucional
Los dos acontecimientos lacerantes de la semana vuelven a remitirnos a la necesidad que tiene esta sociedad de hacer un alto y recuperar los cauces institucionales, proscribir la corrupción, reducir el clientelismo y la politiquería y privilegiar la planificación y la inversión reproductiva. Se escuchó el miércoles al ministro Antonio Isa Conde proclamar que parece necesario un sacudimiento telúrico para que esta sociedad comience a superar tantos atavismos. Y ayer en un artículo en HOY, Isidoro Santana, hasta hace poco ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, tras denunciar la corrupción, la delincuencia, el mal funcionamiento de los servicios públicos, la evasión de impuestos, que permiten generalizar la conducta delictiva y criminal, escribió que “tendría que pasar algo muy grande” para superarlos.
Todos los diagnósticos y estudios indican que el crecimiento económico de las últimas 6 décadas no ha generado proporcional desarrollo humano, y que las precariedades institucionales, el desconocimiento de la Constitución y las leyes, el clientelismo y el rentismo, corroen y castran las energías sociales.
Una vez más deberíamos echarle una ojeada al Reporte Harvard de, 2012, y al Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la RD, 2010-20, conocida como “Comisión Attalí”. Este último privilegia la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que entonces se discutía y fue promulgada en 2012, quedando pendiente gran parte de sus mandatos. Atrás quedaron los 7 lineamientos, con 77 propuestas de Jacques Attalí, el primero de los cuales pregona la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, con múltiples recomendaciones que duermen el sueño eterno.
Si las máximas autoridades de persecución del crimen quedaron mal paradas por el ineficiente operativo de agosto, cuando fue evidente que El Abusador fue alertado, ahora tras su captura en Colombia han quedado en ridículo, al haber pretendido atribuirse el mérito. La Procuraduría General de la República (PGR) y la DNCD se disputaron una rueda de prensa la tarde del lunes 2, tras la captura, que se realizó alrededor de las 6 en el local de la primera, aunque había sido convocada a las 4 para la sede de la segunda.
Un comunicado escrito de la PGR dice que el arresto “fue posible gracias a un proceso de coordinación entre la PGR, la DNCD, y con el apoyo de alguaciles federales de los Estados Unidos liderados por los marshalls de Colombia”. Luego dice que a través de una labor de inteligencia llevada a cabo por la DNCD, se determinó el paradero de El Abusador y que de inmediato se efectuó su apresamiento.
O las autoridades colombianas son mezquinas, o las locales fantasiosas, porque en las abundantes declaraciones ofrecidas por el general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Colombia, en Cartagena, donde fue apresado el narcotraficante, no aparece la menor referencia a la contribución de las autoridades nacionales. Más bien se ha encargado de contradecir la versión nacional de que El Abusador salió del país una semana antes. Sanabria dice que estaba en Colombia desde fines de agosto o principio de septiembre. En realidad hasta fines de noviembre aquí se hicieron numerosos operativos masivos supuestamente “orientados por labores de inteligencia”, supuestamente para capturarlo. La percepción es que se buscaba atenuar la ineficiencia y complicidad en el caso. Mientras se han difundido por radio grabaciones de conversaciones telefónicas, donde el perseguido ofrecía entregarse si le dejaban en libertad a su esposa y para que atendiera a sus hijos.
MiNI RESUMEN DEL INFORME ATTALI (2010-20)
• De 1970 al 2008, crecimiento económico anual sobre 5.5%, debido en parte a estabilidad política a partir de la segunda mitad de la década de 1970.
• Economía vulnerable, orientada al consumo, poca innovación, no anticipa la educación a largo plazo. Sociedad poco educada, aún no preparada para el futuro.
• Estado endeudado sin gran margen de maniobra fiscal.
• El país se arriesga a no tener una segunda oportunidad, más aún cuando el cuerpo social no ha aprovechado el impulso económico.
• El pueblo tiene un sentimiento de abandono que lo lleva al individualismo y a desconfiar de las instituciones con desempleo endémico, mercado informal considerable, política de salud poco eficaz y criminalidad en aumento.
• La Estrategia Nacional de Desarrollo debe ser desplegada a partir de 2011 con eficacia y rapidez.
• Es fundamental la restauración de la credibilidad del Estado y de la confianza de los ciudadanos.
• El país debe reformar su modelo de desarrollo económico y social para asegurar un crecimiento a largo plazo, con un verdadero contrato social.
• La confianza entre la población, las instituciones y el sector privado será determinante para reformar el país.
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.