Análisis Noticiosos
El Abusador y las pruebas PISA dos heridas en el alma nacional
Por Juan Bolívar Díaz
La captura esta semana en Colombia del narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alias El Abusador, tras haber escapado del país, pone sobre el tapete el alto grado de complicidad de las autoridades nacionales con esa actividad criminal y el nivel de la corrupción que socaba las instituciones.
Otro acontecimiento abrumador de la semana ha sido el resultado de las pruebas PISA que colocaron a los estudiantes dominicanos de 15 años en el último lugar, entre 79 países, en comprensión de la lectura, matemáticas y ciencias, revelador del fracaso de las políticas educativas de las últimas décadas y la incapacidad para superarlas.
Una historia repetida
La captura de El Abusador en Colombia, tras escapar de la República Dominicana, es una historia repetida, esta vez después de un espectacular como ineficiente operativo nacional, pues ocurrió anteriormente con otros grandes narcotraficantes, como Figueroa Agosto, Toño Leña y Arturo del Tiempo. Otros relevantes, como Ernesto Quirino, fueron arrestados en el país, pero virtualmente por agentes del Departamento contra narcóticos de los Estados Unidos (DEA).
En todos esos casos ha quedado de manifiesto la complicidad de autoridades dominicanas, a menudo de tan alto nivel, que ni los estadounidenses se atreven a identificar porque han sido financiadores de gobernantes, políticos y legisladores activos. La DEA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a menudo se conforman con el desmantelamiento de las bandas. En pocas ocasiones los organismos nacionales de inteligencia, policiales, militares y antidrogas han sido eficientes, y han dilatado los requerimientos de las agencias estadounidenses, como ocurrió durante varios meses en el caso de El Abusador.
El involucramiento de altos oficiales militares y policiales ha quedado evidente en casos como el de la matanza de Paya, Baní, en 2008, cuando 7 narcotraficantes colombianos fueron ejecutados por altos oficiales de la Marina de Guerra (Armada) para quedarse con el dinero que acumulaban. En 2013 el general Francisco Hiraldo Guerrero, quien era nada menos que el director de Operaciones de la DNCD, fue extraditado a Estados Unidos y allí condenado tras ser delatado como protector de narcotraficantes. En 2017 fue capturado en Puerto Rico el coronel del Ejército de RD Rafael Collado con un cargamento de 860 paquetes de cocaína. En septiembre pasado, el periódico Acento desplegó, sin ser desmentido, un informe confidencial de que 6 generales y 28 coroneles militares y policiales, incluyendo a tres ex presidentes de la DNCD, estaban bajo observación de la DEA.
Un reinado público
El caso más evidente de enriquecimiento sospechoso y de fácil seguimiento puede haber sido el de El Abusador, quien salió de la nada para acumular una gran cantidad de empresas, vinculadas al espectáculo, el entretenimiento y mobiliarias, que exhibía en las redes yates, autos de lujo y hasta joyas, y quien dejaba las propinas en maletines por donde pasaba. Se le vinculó a altas autoridades militares y policiales, así como a ministros y políticos, lo que explica que ni siquiera atendiera unos 50 requerimientos impositivos que le fueron formulados, pero no les intervenían sus empresas.
En el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras su arresto, se llegó a afirmar que Peralta pudo operar mucho tiempo una red criminal que envió toneladas de drogas a ese país gracias a la corrupción y la complicidad de autoridades que predomina en la República Dominicana.
En la madrugada del domingo 18 de agosto El Abusador estaba en un espectáculo artístico en el hotel Hard Rock de Punta Cana, donde fue saludado por un popular bachatero, y se le vio salir del establecimiento a media tarde de ese día, escoltado por dos vehículos, uno de los cuales ocupado por oficiales policiales. Unas 36 horas después, al amanecer del lunes 20, fue montado el espectáculo de 50 allanamientos, con decenas de fiscales y cientos de agentes que intervinieron sus propiedades, y detuvieron a algunos de sus colaboradores, pero no pudieron atrapar al hombre de vida pública. Y las autoridades dijeron que el operativo había sido minuciosamente preparado durante algún tiempo.
El pisoteo de las PISA
El otro caso de consternación de la semana fue la revelación de los resultados de las pruebas PISA, en las que los estudiantes dominicanos de 15 años quedaron en el último lugar, entre 79 países en capacidad para asimilar la lectura y en matemáticas y ciencias, con una muestra de 5 mil 674 alumnos de 234 escuelas públicas y privadas.
El resultado fue parcialmente sorprendente, al repetir los niveles de 2015, cuando han pasado 7 años desde que las autoridades gubernamentales decidieron acatar la ley de 1997 que disponía invertir el 4% del PIB en educación, pero no del todo, si se toma en cuenta que en los índices de competitividad global del Foro Económico Mundial la educación dominicana ha seguido apareciendo en los últimos cinco o seis lugares de 142 y 144 países.
Sería mezquino atribuir la mayor responsabilidad al actual Gobierno, que ha destinado unos 900 mil millones de pesos a la educación, por la acumulación de atrasos en los estudiantes, o a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), aunque ambos tengan su cuota. Es indiscutible que con la inversión del 4% el Gobierno de Danilo Medina ha hecho esfuerzos, ha logrado mejorías de aulas, alimento a los estudiantes, y Tanda Extendida, aunque ha privilegiado mucho el cemento y el empleo administrativo, con ministros que no eran técnicos en educación ni maestros, dos de los cuales fueron luego precandidatos presidenciales, uno de ellos con un gasto de decenas de millones de pesos en más de un año de campaña política.
La ADP tiene una cuota en el “luchismo” que la ha caracterizado, aunque fue empujada a ello por los años de salarios miserables y falta de materiales didácticos. Tiempos hubo con presidentes intelectuales en que no había ni tiza ni borradores en las escuelas. La mayor responsabilidad ha sido de las políticas sostenidas por décadas, por gobiernos que centran el desarrollo en las construcciones visibles, en vez de la educación. También las universidades, que convertidas en simples fábricas de profesionales, forjaron maestros con enormes deficiencias. Esos que Educa estima que tomará 25 años renovarlos. El clientelismo, la politiquería y el triunfalismo de la “revolución educativa” pregonada con enorme gasto publicitario, han quedado en cuestionamiento, mientras el actual ministro de Educación acaba de ser designado para encabezar la campaña electoral oficialista en Santiago.
Fortaleza institucional
Los dos acontecimientos lacerantes de la semana vuelven a remitirnos a la necesidad que tiene esta sociedad de hacer un alto y recuperar los cauces institucionales, proscribir la corrupción, reducir el clientelismo y la politiquería y privilegiar la planificación y la inversión reproductiva. Se escuchó el miércoles al ministro Antonio Isa Conde proclamar que parece necesario un sacudimiento telúrico para que esta sociedad comience a superar tantos atavismos. Y ayer en un artículo en HOY, Isidoro Santana, hasta hace poco ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, tras denunciar la corrupción, la delincuencia, el mal funcionamiento de los servicios públicos, la evasión de impuestos, que permiten generalizar la conducta delictiva y criminal, escribió que “tendría que pasar algo muy grande” para superarlos.
Todos los diagnósticos y estudios indican que el crecimiento económico de las últimas 6 décadas no ha generado proporcional desarrollo humano, y que las precariedades institucionales, el desconocimiento de la Constitución y las leyes, el clientelismo y el rentismo, corroen y castran las energías sociales.
Una vez más deberíamos echarle una ojeada al Reporte Harvard de, 2012, y al Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la RD, 2010-20, conocida como “Comisión Attalí”. Este último privilegia la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que entonces se discutía y fue promulgada en 2012, quedando pendiente gran parte de sus mandatos. Atrás quedaron los 7 lineamientos, con 77 propuestas de Jacques Attalí, el primero de los cuales pregona la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, con múltiples recomendaciones que duermen el sueño eterno.
Si las máximas autoridades de persecución del crimen quedaron mal paradas por el ineficiente operativo de agosto, cuando fue evidente que El Abusador fue alertado, ahora tras su captura en Colombia han quedado en ridículo, al haber pretendido atribuirse el mérito. La Procuraduría General de la República (PGR) y la DNCD se disputaron una rueda de prensa la tarde del lunes 2, tras la captura, que se realizó alrededor de las 6 en el local de la primera, aunque había sido convocada a las 4 para la sede de la segunda.
Un comunicado escrito de la PGR dice que el arresto “fue posible gracias a un proceso de coordinación entre la PGR, la DNCD, y con el apoyo de alguaciles federales de los Estados Unidos liderados por los marshalls de Colombia”. Luego dice que a través de una labor de inteligencia llevada a cabo por la DNCD, se determinó el paradero de El Abusador y que de inmediato se efectuó su apresamiento.
O las autoridades colombianas son mezquinas, o las locales fantasiosas, porque en las abundantes declaraciones ofrecidas por el general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Colombia, en Cartagena, donde fue apresado el narcotraficante, no aparece la menor referencia a la contribución de las autoridades nacionales. Más bien se ha encargado de contradecir la versión nacional de que El Abusador salió del país una semana antes. Sanabria dice que estaba en Colombia desde fines de agosto o principio de septiembre. En realidad hasta fines de noviembre aquí se hicieron numerosos operativos masivos supuestamente “orientados por labores de inteligencia”, supuestamente para capturarlo. La percepción es que se buscaba atenuar la ineficiencia y complicidad en el caso. Mientras se han difundido por radio grabaciones de conversaciones telefónicas, donde el perseguido ofrecía entregarse si le dejaban en libertad a su esposa y para que atendiera a sus hijos.
MiNI RESUMEN DEL INFORME ATTALI (2010-20)
• De 1970 al 2008, crecimiento económico anual sobre 5.5%, debido en parte a estabilidad política a partir de la segunda mitad de la década de 1970.
• Economía vulnerable, orientada al consumo, poca innovación, no anticipa la educación a largo plazo. Sociedad poco educada, aún no preparada para el futuro.
• Estado endeudado sin gran margen de maniobra fiscal.
• El país se arriesga a no tener una segunda oportunidad, más aún cuando el cuerpo social no ha aprovechado el impulso económico.
• El pueblo tiene un sentimiento de abandono que lo lleva al individualismo y a desconfiar de las instituciones con desempleo endémico, mercado informal considerable, política de salud poco eficaz y criminalidad en aumento.
• La Estrategia Nacional de Desarrollo debe ser desplegada a partir de 2011 con eficacia y rapidez.
• Es fundamental la restauración de la credibilidad del Estado y de la confianza de los ciudadanos.
• El país debe reformar su modelo de desarrollo económico y social para asegurar un crecimiento a largo plazo, con un verdadero contrato social.
• La confianza entre la población, las instituciones y el sector privado será determinante para reformar el país.
Análisis Noticiosos
Diez valores para exprimir el maná de la IA más allá de las grandes tecnológicas en 2025
Citi destaca a la inteligencia artificial, el ocio digital, las ‘fintech’, los videojuegos y los ‘wearables’ como las principales temáticas de inversión
Madrid.-¿Hay vida en la apuesta de los inversores por la inteligencia artificial más allá de Nvidia? Los analistas de Citi tienen claro que sí. El banco de inversión estadounidense cree que el maná de la IA seguirá siendo una de las principales tendencias de inversión para 2025 y aunque sus expertos reconocen que los gigantes del sector son firmas como Apple, Nvidia, Amazon o Alphabet, apuntan a una decena de valores que pueden despuntar el año que viene por rentabilidad esperada. Entre los más conocidos hay empresas como Uber Technologies y Micron Technology, pero hay otras menos conocidas como Schrodinger o Marqeta.
Schrodinger es un desarrollador de software científico que recientemente ha firmado una alianza con Novartis. El acuerdo implica el pago de 150 millones de dólares a Schrodinger y la opción de otros 2.300 millones en función de los hitos obtenidos. El valor, que capitaliza unos 1.500 millones de dólares, se deja un 40% en Bolsa en el año. Los analistas de Citi esperan un retorno total del valor del 87%.
Ligeramente por debajo se sitúa Marqeta, cuyo retorno esperado es del 74%. El valor, que también cede un 44% en el año y cuenta con un valor de mercado de 2.000 millones de dólares, está especializada en la emisión de tarjetas y soluciones de pago. Por su parte, AppLovin está centrada en aportar herramientas de software e IA que ofrecen soluciones a los desarrolladores para monetizar aplicaciones y videojuegos. El valor capitaliza 120.000 millones de dólares y se ha disparado en el año un 748%.
El fabricante de microprocesadores AMD (Advanced Micro Devices) es otra de las apuestas, aunque no ha terminado de sumarse al frenesí de la inteligencia artificial. En lo que va de año, sus títulos se dejan un 9% en Bolsa, frente al 180% que se dispara Nvidia o el 450% de MicroStrategy. Junto a ellos también está el fabricante de chips Micron Technology, que se anota un 35% en el año, la empresa de software Appian —que está a punto de finalizar 2024 en tablas—, la red social Pinterest (-15%), Microchip Technology (-32%), KLA Corporation, con un 18%, y Uber.
Los analistas de Citi tienen claro que apostar por temáticas de inversión puede dar buenos rendimientos. Se trata de identificar grandes tendencias en todo el mundo que se van a ver beneficiadas por una fuerte demanda o una oferta limitada que puede ofrecer elevadas rentabilidades. Eso sí, no todo vale. De cara a 2025 se han centrado en cinco aspectos para identificar cuáles serán las temáticas más atractivas: valoración, crecimiento, calidad, revisiones y conexiones macroeconómicas y apuntan que sus predilecciones reflejan una preferencia por un enfoque de crecimiento y cíclico en la construcción de las carteras de inversión. Con estas cartas sobre la mesa se han decantado por valores ligados al auge de la inteligencia artificial, ocio digital, las fintech, los videojuegos y los dispositivos wearables, siendo estos dos últimos las principales novedades. Pero más allá, tampoco desdeñan lo que definen como demanda agrícola, los combustibles fósiles, el turismo global y las soluciones contra la contaminación.
Entre los valores ligados a la agricultura, sus recomendaciones son Darling Ingredients y Hormel Foods, que según sus analistas registrarán un fuerte incremento de sus beneficios. La primera se deja un 30% en el año y la segunda, un 2%. También apuntan a First Solar, como uno de los más beneficiados dentro de los valores que ofrecen soluciones contra la contaminación, pese a la fuerte corrección que acumula en Bolsa en los últimos seis meses (-28%) por las dificultades que atraviesa el sector de las energías limpias. En Citi creen que será una de las empresas beneficiadas por la Inflaction Reduction Act (IRA) estadounidense, también conocida como Ley para la Reducción de la Inflación.
Con todo ello, Citi prepara una lista de 30 valores a los que otorga el mismo peso, un 3,3%. En ella, hay gigantes como Amazon, Alphabet o Meta —y no está incluido Nvidia—, junto a otras empresas como Paypal, la petrolera Baker Hughes, la naviera Carnival o la biotecnológica Gilead Sciences. De todos ellos, entre los que han logrado una mayor revalorización desde su inclusión en la cesta, destaca AppLovin, con un 802%; seguida por la aerolínea United Airlines, con un 128%, y GoDaddy (108%), firma especializada en el registro de dominios de internet.
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El fallo de la Corte Constitucional declaró que Furukawa perpetró esclavitud moderna por el “origen afrodescendiente” de sus trabajadores. Tres activistas y académicos analizan las deudas pendientes del Estado con esta población
El pueblo negro lleva en Ecuador más de cinco siglos. La mayoría llegaron esclavizados desde Senegal, Gambia, Congo y Angola y fueron obligados a trabajar la tierra de otros; a pertenecer a otros. Estas comunidades, asentadas principalmente en el corredor del Pacífico, llevan resistiendo en los palenques desde entonces. En estos espacios cercados, los esclavos huidos y los que compraban su propia libertad se organizaban en comunidad, atesoraban sus costumbres y su cultura y fueron cocinando la abolición, proclamada tres siglos más tarde, en 1852. Hoy, 172 años después, el Estado ha admitido que estas prácticas similares a la esclavitud continuaron vigentes en pleno siglo XXI.
Para David Quiñonez, médico y secretario general de la Unión del Pueblo Afroecuatoriano, este puede ser un momento clave de reparación real: “Sentimos que al fin encontramos una voz activa que escucha nuestras demandas históricas. El Estado tiene ahora una oportunidad de oro para reparar no sólo a las víctimas de Furukawa. Los indicadores sociales de estas comunidades muestran unas brechas abismales. Este es el racismo estructural del que habla la Corte y que el Estado no ha reparado nunca”.
El 7,2% de la población ecuatoriana es afrodescendiente. Sin embargo, representan el 40% de las personas empobrecidas del país; y el 15% de la pobreza extrema, frente al 4% de la media nacional. Además, uno de cada diez afroecuatorianos no cuenta con saneamiento adecuado. Esta sobrerepresentación recogida en el Informe de Visita del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Afrodescendientes también está presente en las cárceles. En términos educativos, el fenómeno se invierte, y esta comunidad está infrarrepresentada. En Ecuador, un 84% de los estudiantes negros no pueden acceder a estudios superiores; un 10% más que la tasa nacional. “Somos todavía una comunidad excluída y vulnerada”, cuenta el experto, quien presentó un amicus curiae en el juicio tras haber atendido como doctor a las víctimas de esclavitud en las haciendas.
Génesis Anangonó, del Centro de investigación de Estudios de África y Afroamérica, tilda de “agridulce” este fallo. Para ella, el tiempo que se han tomado los tribunales en fallar un caso tan importante para el país “es un espejo de cómo la sociedad no prioriza” las luchas de los afrodescendientes, cuenta por teléfono. Aunque asegura que el discurso negacionista de la colonización o la esclavitud no es tan fuerte en su país, siente que se repite el mismo problema: “Todos creen que el racista es el otro”. Así, explica, se percibe que la reflexión -de haberse hecho- es aún muy superficial. Es por ello que las escasas políticas de acciones afirmativas para achicar más la brecha son completamente desprestigiadas por la sociedad. “Nos siguen diciendo: ‘Es que a ustedes les regalan las cosas”, lamenta.
Jaqueline Gallegos, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatoriano coincide y lamenta que este tema no haya sido politizado ni en Ecuador ni en la región. “Nuestros Estados han nacido de prácticas coloniales, se fundaron en la discriminación y en la esclavitud. Y se ha hecho muy poco por resarcirlo”, asegura.
Para ella, estas vulneraciones actuales tienen muchas similitudes con la “trata transatlántica”. “Entonces se deshumanizaron a las personas y se las vendían, casi como si fueran animales. Esa discriminación, la de no reconocer los derechos del otro, sigue vigentes en nuestros Estados y, sinceramente, no creo que ni el Ecuador ni la sociedad estén preparados para la reparación que necesitamos”. Aunque los tres expertos inciden en que la reparación económica que pide la Corte a Furukawa -y que la empresa ya ha tildado de “imposible” de pagar- no será nunca suficiente para resarcir “los cuerpos atravesados por el racismo”, consideran que es un buen punto de partida. Es la punta del hilo de un ovillo que va a requerir muchas manos para desenredar.
Aunque Gallegos celebra la contundencia de la Corte, habla de “utopía” en su implementación, ya que, dice, “Ecuador es el país de las normas” que luego no salen del papel. “No creo que se priorice este tema, en el momento de crisis de seguridad actual en el que una persona negra sigue siendo sospechosa de cualquier delito por el mero hecho de ser afrodescendiente”, explica Gallegos, quien también anima a los tribunales a empezar a preguntar al pueblo negro de qué forma quiere ser reparado.
“La reparación no puede venir solo desde fuera”, dice. “Es una construcción con los sujetos de derechos. Pasa igual con la lucha antirracista: no puede ser una responsabilidad de las víctimas. Tiene que ser toda una sociedad buscando la igualdad social”.
Para los tres académicos, esta es una gran oportunidad para sentar bases en el mundo de la agroindustria, un sector en el que los trabajadores son la mayoría afrodescendientes e indígenas. “La relación entre los dueños de las tierras y los trabajadores tiene que cambiar ahora”, dice Anangonó. “La Corte sentó un antecedente”.
Gallegos señala a la justicia y a las demás instituciones del Estado como parte también de esa herencia colonial y racista intrínseca al país. “Es difícil ser crítico ante ciertas realidades si no entiende que es necesario trabajar el modelo de justicia desde las interseccionalidades”, narra. Este concepto académico que subraya la superposición de las capas de exclusión, como el género, la raza y el estrato es también recogido pioneramente por la Corte: “Estas personas [las víctimas de Furukawa] se encuentran en condición de vulnerabilidad interseccional, pues existen múltiples factores de vulnerabilidad que confluyen en todos los abacaleros y arrendatarios y que configuran una situación de riesgo en el ejercicio de sus derechos”.
Precisamente porque la Corte reconoce que existen estas capas de discriminación. Las mujeres que han vivido en las haciendas y que se han sumado a la denuncia de Furukawa recibirán un monto adicional, por el hecho de ser mujeres. Nombrarlo, dicen, es un paso gigante. Pero no suficiente. “Es un punto de partida que celebramos”, explica Quiñonez. “Pero sabemos que nos toca seguir vigilantes para que no quede en papel mojado”.
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Cirugía de obesidad “no son tratamientos que compiten, sino que se complementan”
Una investigación reporta que en Estados Unidos los pacientes que se sometieron a una cirugía bariátrica se redujeron un 25%, mientras que aumentó un 123% aquellos a los que se le recetaron los nuevos medicamentos
Los innovadores fármacos contra la obesidad, que ayudan a perder alrededor del 15% del peso del paciente, han revolucionado la lucha contra esta compleja enfermedad crónica. Estos medicamentos, conocidos como agonistas del receptor GLP-1, imitan las hormonas que de forma natural generan la sensación de saciedad: actúan en el intestino y mandan una señal al cerebro para hacernos sentir llenos. Su éxito ha sido tal, que ha sacudido los cimientos de la atención a la obesidad hasta hacer replantear estrategias terapéuticas ampliamente consolidadas, como la cirugía de la obesidad (bariátrica). Una investigación publicada en Jama Network Open ha documentado que entre 2022 y 2023, en Estados Unidos, a la vez que crecía un 123% las personas a las que se les recetaban los nuevos medicamentos, se reducía un 25% aquellos pacientes que se sometían a un procedimiento quirúrgico bariátrico.
Los expertos consultados avanzan que, en una enfermedad tan intrincada como la obesidad, ninguna herramienta sobra, ni los fármacos, ni la cirugía. Pero la irrupción de los nuevos medicamentos ha obligado a repensar el encaje de las distintas estrategias disponibles en la atención a esta enfermedad crónica y fijar dónde quedan exactamente los límites y los tiempos de cada arma terapéutica. “No son dos tratamientos que compitan, sino que se complementan”, defiende José Balibrea, jefe de Cirugía Endocrino-Metabólica y Bariátrica del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
La cirugía bariátrica incluye todas esas técnicas quirúrgicas que alteran la anatomía gastrointestinal para reducir la ingesta y la absorción de los alimentos. Está indicada para los casos más severos de obesidad, esto es, pacientes con un índice de masa corporal por encima de 40 o mayor de 35 si hay patologías asociadas. El estudio de Jama Network Open admite que, por ahora, es “el tratamiento más eficaz y duradero para la obesidad”, pero la aparición de los nuevos fármacos y la tendencia a los medicamentos en detrimento de la cirugía abre un escenario lleno de incógnitas. Se desconoce si la tendencia observada se consolidará o cuáles serán los resultados a largo plazo de ese potencial giro asistencial.
Andreea Ciudin, jefa de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y miembro de la junta directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, admite que los agonistas de GLP-1 son una estrategia revolucionaria: “Por primera vez tenemos tratamientos basados en la fisiopatología de la obesidad”. Y se explica: “En una persona sin obesidad, cuando come, el intestino sintetiza un péptido cuya función, entre otras, es llegar al cerebro para dar la señal de que has comido y de saciedad. En la obesidad hay un desequilibrio en la regulación del apetito y en cómo funciona el metabolismo y una de las causas es que el cerebro no recibe bien esta información, sea porque el intestino no sintetiza bien esta molécula o porque no llega bien la señal al cerebro”. Lo que hacen los nuevos fármacos, comercializados bajo marcas como Ozempic, es imitar el papel de ese péptido para hacer llegar la información correcta de saciedad al cerebro.
Estos medicamentos se han convertido en una de las grandes promesas para combatir la enfermedad, pero todas las voces consultadas coinciden en que su irrupción no supone, al menos a corto y medio plazo, el fin de la cirugía bariátrica. De hecho, ninguno de los tratamientos disponibles, ni quirúrgicos ni farmacológicos, son curativos. La obesidad es crónica y el abordaje tendrá que seguir siendo multidisciplinar, avisa Albert Goday, jefe de sección de Endocrinología del Hospital del Mar: “El escenario no es que han llegado estos medicamentos, van a completar todo el mercado y la cirugía ya está desfasada. Este mensaje es absolutamente erróneo. Que tengamos opciones diferentes para una enfermedad crónica tan grave y tan heterogénea es muy positivo. Pero las 400 personas que tenemos en el hospital esperando para ser operadas no van a borrarse de la lista de espera porque haya un par de medicamentos muy efectivos”, advierte.
Albert Goday, jefe de sección de Endocrinología del Hospital del Mar de Barcelona.
Kike Rincón
La realidad es más compleja. Lo saben bien Antonio Fernández, de 36 años, y su pareja, Sara Gómez, de 34. Ambos se operaron hace cinco años. Él llegó a pesar 155 kilos. Ella, 118. No podían ni atarse los zapatos, cuentan. “Con esos kilos, eres una persona inútil. No te puedes mover, no puedes trabajar ni hacer vida normal. No te ves capaz de nada”, relata Fernández. Él fue el primero en entrar en la Unidad de Obesidad Grave del Mar y empezar a “cambiar el chip”. Porque no es solo una operación, adelanta: “El proceso más grande es reconocer que tienes una enfermedad y dejarte ayudar y aconsejar por los profesionales para aprender a comer y a vivir”.
Después de Fernández fue su mujer. Y tras ellos, varios miembros más de su familia con obesidad grave. Goday cuenta que la pareja fue un ejemplo para su entorno, tuvieron “capacidad de contagio positivo” y ayudaron a mejorar la salud de varios familiares: “De lo que más orgullosos nos sentimos es que hemos conseguido empoderarlos y ahora son conscientes de que viven con una enfermedad y tienen que contribuir para que no se desmadre. Ellos no son culpables de esta enfermedad”, subraya el médico.
El tratamiento más eficaz
A propósito de las esperanzas puestas en los agonistas de GLP-1, Goday resuelve sin titubeos: “Bienvenidos sean, pero no es el único pilar del tratamiento”.
La obesidad es mucho más enrevesada de lo que parece. Por los tipos y grados de la enfermedad, el acceso a los fármacos (no están financiados para esta enfermedad) y los resultados en salud. Anna Casajoana, especialista en cirugía bariátrica del Hospital del Mar, asegura que el porcentaje de peso que se logra bajar con los fármacos es inferior al que se consigue con la cirugía: “Ahora mismo, los fármacos que tenemos hoy en día, por mucho que estén mejorando, tienen una indicación cuando hay sobrepeso. No es un tratamiento para una enfermedad establecida con obesidad. ¿Que puede ser un puente para pacientes que no tienen clara la cirugía y quieren probar primero tratamiento farmacológico? Es una opción, pero a la que lo interrumpes, el paciente gana peso porque no hemos hecho otra intervención más allá, no ha habido intervención educacional de hábitos saludables. En un futuro, todos esperamos que el tratamiento de la obesidad no sea quirúrgico porque sabemos que la cirugía no es la solución mágica, pero hoy en día es el tratamiento más eficaz que tenemos”, defiende la cirujana.
Los agonistas de GLP-1 disponibles son todavía una primera generación y, a pesar de sus buenos resultados y de investigaciones en marcha para mejorar y optimizar todavía más su potencial, por lo pronto, los resultados en salud se muestran más favorables con la cirugía. Un estudio publicado en Nature Medicine concluyó, por ejemplo, que las intervenciones quirúrgicas se asociaban con una mayor reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva. “La cirugía genera una pérdida de peso significativamente mayor, mejora los problemas cardiovasculares y las enfermedades por hígado graso, y el control de la diabetes es similar. También aumenta significativamente la longevidad y reduce el riesgo de cáncer”, enumera Balibrea, que es también portavoz de la Asociación Española de Cirujanos.
Antonio Fernández muestra, en un momento de la entrevista, una imagen suya antes de someterse a una cirugía bariátrica para tratar su obesidad.
Kike Rincón
Por otra parte, ni los agonistas de GLP-1 ni la cirugía bariátrica están exentos de recaídas. Se pueden producir reganancias de peso tras ambas estrategias terapéuticas. Goday vuelve incidir en la importancia de un abordaje integral: “Tienes que hacer un replanteamiento de que tienes una enfermedad crónica. El medicamento, sin todo este contexto de empoderamiento de la persona, no va a funcionar. Y las operaciones tampoco son un tratamiento definitivo. Esta enfermedad está intentando ganarte la partida como sea y tu entorno, los precios de los alimentos y la publicidad están ayudando a ganarte la partida. Cada vez hay más herramientas, pero tenemos muchos enemigos en contra para que la enfermedad gane la batalla”.
En lo que coinciden todas las voces consultadas es que, en los casos más severos, se seguirá necesitando una intervención quirúrgica. “La cirugía bariátrica quedará para pacientes que, habiendo recibido tratamiento, no responden, que no consiguen el resultado adecuado o que no pueden pagarlo”, sintetiza Balibrea.
Sinergias entre fármacos y cirugía
En el nuevo escenario que se abre tras la aparición de las nuevas estrategias terapéuticas, también hay cabida para las sinergias. El cirujano del Germans Trias i Pujol apuesta a que estos fármacos pueden ayudar a disminuir las segundas cirugías ocasionadas por la ganancia de peso. “Tras la cirugía bariátrica, puedes añadir uno de estos fármacos para mantener la pérdida de peso o para bloquear la reganancia si se detecta precozmente”. También se podrían usar para bajar de peso antes de la cirugía.
Coincide Ciudin: “Hay que reescribir la historia. [Estas dos estrategias terapéuticas] no pueden ser excluyentes, pueden ir juntas. La cirugía bariátrica no va a desaparecer, tiene un lugar en la obesidad de grado muy severo, como se hacía al principio, cuando apareció. Pero todavía falta mucho por hacer, ver dónde quedan estos nuevos fármacos y si tienen un potencial similar a la cirugía bariátrica”.
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