La titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, afirmó ayer que el acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht es “crucial” para desmantelar de raíz la estructura financiera utilizada en el país para movilizar los US$92 millones que el consorcio brasileño pagó como sobornos y que el Ministerio Público se apresta a reintroducirlo ante un juez su homologación sobre la base del criterio de oportunidad.

Guerrero Pelletier dijo que, dada la complejidad del proceso, no existe un plazo fatal para hacer esa diligencia, además de que la ley faculta al Ministerio Público para firmar este tipo de pactos para asegurar colaboraciones específicas que faciliten las investigaciones de un caso como el de Odebrecht.

La funcionaria recordó que el acuerdo de marras no solo le permitirá al Ministerio Público obtener un resarcimiento de US$184 millones para el Estado dominicano, sino lo más importante, la verificación de los funcionarios que recibieron los US$92 millones por los sobornos y la forma del entramado a través del cual el consorcio brasileño logró 17 contratos para la ejecución de obras en República Dominicana que le generaron ganancias por unos US$163 millones.

“La información obtenida mediante dicho pacto, junto a la que será suministrada por las autoridades brasileñas y la recabada durante la investigación en nuestro país, permitirá verificar quiénes fueron sobornados, conocer en detalle la forma en que se hizo y cuándo se hizo, a fin de poder apresar, someter a la justicia y lograr que sean condenados los funcionarios públicos, exservidores del Estado, intermediarios, representantes o empresarios que hayan violado las leyes”, señaló Guerrero Pelletier.

Sobre el acuerdo. El acuerdo firmado por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y la empresa Odebrecht fue devuelto el pasado primero marzo por el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, Alejandro Vargas, porque consideró que la figura de la conciliación no aplicaba para este caso pues tal como ambas partes admitieron se trata de hechos graves que necesitan otro remedio de mayor rigurosidad.

“Este convenio no ha prescrito ni tampoco existe un plazo fatal para que, en caso de considerarse necesario, el mismo sea reintroducido para homologación judicial sobre la base del criterio de oportunidad previsto en el Código Procesal Penal; ese trámite puede realizarse en cualquier momento del proceso”.

“Además, la ley faculta a que el Ministerio Público suscriba pactos de este tipo para asegurar colaboraciones específicas que faciliten las investigaciones de un caso y este que ya fue declarado complejo por el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional”, sostuvo la titular de la Pepca en declaraciones para HOY.

Guerrero Pelletier recordó que gracias a este acuerdo de colaboración, el cual solo abarca el delito de soborno, se ha logrado que al sobornador, es decir, a la empresa Odebrecht, a modo de resarcimiento se le imponga la sanción máxima prevista en la Ley número 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, que es precisamente de tipo económico.

Avanzan pesquisas. La procuradora anticorrupción aseguró que el Ministerio Público avanza con resultados positivos en las pesquisas y en la validación de los miles de documentos e informaciones que se están recopilando en el proceso de investigación que inició a finales de diciembre pasado y durante el cual han sido interrogadas unas 30 personas, diligencias que muy pronto el país tendrá oportunidad de conocer.

“Hemos realizado y seguimos realizando muchas otras diligencias que no pueden ser divulgadas en este momento para no entorpecer el proceso. De esta forma estaremos adelantados en las indagatorias para cuando recibamos los datos solicitados a Brasil, porque ambas investigaciones se complementan”, agregó Guerrero Pelletier.

Afirmó que para poder desenmarañar un caso tan complicado como este de los sobornos admitidos por la empresa Odebrecht se necesita tiempo y la investigación en la República Dominicana apenas tiene tres meses.

Los brasileños duraron cinco años de levantamientos preliminares y recolección discreta de pruebas, más tres años de investigación y judicialización. “Hay que tener paciencia y permitir que el Ministerio Público continúe realizando su trabajo como lo está haciendo”, puntualizó.

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