De portada
El arresto de Jean Alain profundiza persecución de los que se han aprovechado del patrimonio público.
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Por Elba García
Estos hechos constituyen un escenario diferente en la sociedad dominicana, ya que gobiernos tras gobiernos se utiliza el patrimonio público para cometer todo tipo de ilícitos sin que nadie se condoliera, pero la preocupación de la gente por el tema creo una fuerte presión en contra de la corrupción que se generalizó durante la administración de Danilo Medina.
El grupo arrestado la mañana de este martes junto a Jean Alain Rodríguez, quien se presentó voluntariamente al órgano persecutor luego de que las autoridades hicieran unos 18 allanamientos en diferentes lugares del país para apresarlo y a otras 22 personas por supuestamente estar imputados en una asociación de malhechores para la falsificación de documentos públicos, sustraer dinero del erario nacional y de otros ilícitos, plantea hasta dónde está dispuesto a llegar el Ministerio Público con la difícil tarea de enjuiciar a individuos que han dejado muy mal parada la economía del país.
Las acciones del Ministerio Público, aunque todavía no hay una condena importante por corrupción, ha creado un ambiente que hace que muchos funcionarios hayan entrado en temor de hacer lo mal hecho para evitar ser perseguidos por los hechos cometidos.
En el caso de Jean Alain Rodríguez nadie cuestiona que exhibía una conducta muy cuestionable, pero la misma sólo podía medirse a través del derecho natural, pero no del positivo, porque no se habían presentados acusaciones en su contra con las pruebas correspondientes.
Sin embargo, se debe admitir que el proceder del Ministerio Público en lo que respecta a Alain Rodríguez no fue el mejor cuando se le impidió la salida del país sin existir una orden de un juez y crea una cierta preocupación con la rapidez con que se inician acciones legales en su contra.
Sin embargo, el error del Ministerio Público es no haber anunciado cuando se produjo la ilegalidad de impedir la salida hacia el exterior de Alain Rodríguez por lo menos algunas cosas de las que venían para quitarle legitimidad a las denuncias que se hicieran al respecto, lo cual nadie puede discutir que se trató de una violación a la libertad de transito, el cual es un derecho fundamental contemplado en el derecho constitucional y convencional.
Nunca ha estado en discusión de que se trata de un personaje odioso, abusivo y aparentemente corrupto, pero eso tendrá que ser ratificado por un tribunal competente, porque todo lo que está en el marco del derecho natural no implica necesariamente un delito o un crimen y que en consecuencia se pueda derivar una condena penal.
Sin embargo, ello no da pie para que se instrumente un expediente en su contra, a menos que no sea por lo que ha dicho la Procuraduría de que este hombre ha cometido una serie de ilícitos que serán ventilados en un tribunal competente.