Economía
El BID insta a países de América Latina y el Caribe a reducir la brecha digital
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8 años agoon
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LA REDACCIÓNSANTO DOMINGO. América Latina y el Caribe necesitan modernizar la gobernanza de sus telecomunicaciones para reducir la brecha digital y preparar a los países hacia la economía digital, según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La región muestra importantes desafíos en materia de adopción, uso, asequibilidad y acceso a las TIC, de acuerdo con el estudio La gobernanza de las telecomunicaciones: Hacia la economía digital, que ofrece un diagnóstico de la brecha digital de la región y de la gobernanza y necesidades de reforma para 26 países de América Latina y el Caribe (ALC).
Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la penetración de banda ancha fija es de 10% en la región, frente a un 28% en los países de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En cuanto a la banda ancha móvil, la penetración alcanza al 30% de la población, muy lejos también del promedio de los países de la OCDE, de 72%.
Además del acceso, la región también enfrenta problemas de calidad. Según datos de Akamai —un proveedor de servicios de contenidos digitales en la nube—, la velocidad media de las conexiones fijas en los países de América Latina y el Caribe en 2016 fue de 4,64Mbps, frente a 13,14Mbps en los países de la OCDE. Una brecha similar se observa en las conexiones móviles: en los países de ALC, la media se sitúa en 3,87Mbps, y en 10,84 Mbps en los países de la OCDE.
«El desarrollo de la economía digital depende del despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones con el desarrollo de las aplicaciones, los contenidos y las plataformas en las que converge un gran número de bienes y servicios», según Pau Puig Gabarró, especialista en telecomunicaciones del BID, uno de los autores del estudio.
«Si bien los actores clave del ecosistema digital comparten objetivos estratégicos de alto nivel, los intereses de todos los actores no siempre están alineados”, dijo Joan Prats, especialista senior en mercados financieros del BID y también autor del estudio. “Una buena gobernanza de las telecomunicaciones es esencial para alinear al máximo posible los intereses de los actores del sector privado con los del público y los de los consumidores para crear una economía digital que ayude a promover el desarrollo».
Según el estudio, un aumento del 10% en la penetración de servicios de banda ancha en la región lleva asociado un incremento promedio de 3,2% del producto interno bruto (PIB) y un aumento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.
La publicación recomienda a los países modernizar sus marcos regulatorios para asegurar que lleven en cuenta los cambios tecnológicos y la convergencia de los servicios. Es decir, la reforma de los marcos regulatorios debe enfocarse en asegurar el derecho al acceso a la banda ancha y la promoción de la competencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en vez de concentrarse en la regulación de los servicios de conectividad a través de los diferentes tipos de tecnologías.
Además, el estudio propone reformar las regulaciones asociadas al acceso a la infraestructura para promover al máximo la inversión privada sin desatender a los colectivos y a las zonas más desfavorecidas o de acceso más costoso. El libro también sugiere el fortalecimiento de las reglas de protección al consumidor y de estímulo a competencia, a fin de aumentar la asequibilidad y la calidad de los servicios, y el desarrollo de políticas públicas que tengan un enfoque transversal e incluyan un conjunto amplio de sectores para aumentar la capacidad de las personas y de las organizaciones para adoptar y aprovechar los beneficios generados por las TIC.
Solamente el 27% de la población de ALC está cubierta por redes de cuarta generación de banda ancha móvil (4G), frente a 77% de la población de los países de la OCDE. Dentro de la región se pueden encontrar niveles de desarrollo muy dispares. Por ejemplo, en el Caribe prácticamente no hay 4G, mientras que la cobertura en el Cono Sur es de 36% de la población, en Centroamérica, de 22%, y en los Países Andinos, de 20%.
En cuanto a los hogares con acceso a internet, el promedio de ALC (44%) es prácticamente la mitad del promedio de la OCDE (81%) y una vez más existen diferencias importantes entre varias subregiones: Cono Sur (54%), Centroamérica (34%), Países Andinos (34%) y Caribe (20%).
diariolibre.com
Economía
El petróleo de Texas baja un 4,39 % pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz
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5 días agoon
marzo 16, 2026
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Economía
Con alza de combustibles e impacto en remesas, se siente la guerra del Golfo en RD
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5 días agoon
marzo 16, 2026
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.

Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Economía
Marcas blancas deben ajustarse a norma del sector industrial, adivierte Procompetencia.
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1 semana agoon
marzo 12, 2026
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.
