Nacionales
El caso de Emely sigue abierto con nueva coerción
Domésticas con impedimento de salida y presentación periódica
SAN FRANCISCO DE MACORÍS. El procurador fiscal del Distrito Judicial de aquí declaró ayer que el caso del crimen de Emely Peguero sigue abierto, por lo que dijo en los próximos días otras personas podrían ser interrogadas al respecto.
Regis Victorio Reyes hizo el señalamiento , luego de que una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente imponer impedimento de salida y presentación periódica a las dos domésticas que laboraban en la residencia de Marlin Martínez, madre de Marlon, y por cuyo caso guardan prisión preventiva junto a Simón Bolívar Núñez (El Boli).
“Todas las personas que el Ministerio Público entienda pueden aportar algo para la conclusión del proceso investigativo del crimen de esa jovencita, serán citadas ya para ser interrogadas o procesarlas judicialmente”, subrayó el fiscal francomacorisano.
Ayer, en una audiencia que sólo duró 23 minutos, la jueza Albania Contreras impuso impedimento de salida del país a las domésticas María Balbina Rodríguez Santos y a Sugel Miguelina Polo García, que laboraban en la residencia de Marlin Martínez.
Al término de la audiencia, Vicente Alberto Fañas, abogado de las domésticas, declaró que la decisión de la jueza estuvo correcto y atinado. “Además, ese fue el pedimento del Ministerio Público, ya que las imputadas no tienen ninguna relación con el crimen, y si van a ser citadas cuando comience el juicio de fondo, será como testigos referencial”, precisó Fañas.
De acuerdo con el Ministerio Público, una de las dos domésticas había sido la persona que llevó a Emely Peguero al lugar donde se le practicaría un aborto, ya que estaba de cinco meses de embarazo de su novio Marlon.
En tanto que la otra doméstica, habría sido quien entregó RD$100 mil en efectivo a Simón Bolívar Núñez (El Boli), para que desaparecieran el cadáver de Emely Peguero.
En la causa de ayer, donde se le conoció la medida de coerción a las trabajadores domésticas de la familia Martínez no estuvieron presentes ni los familiares de las víctimas ni sus abogados. El abogado de la familia lo atribuyó que no fueron notificados.
El cuerpo sin vida de Emely Peguero, de 16 años de edad, fue encontrado dentro de una maleta en una finca propiedad de Marlin Martínez, en el municipio Cayetano Germosén, provincia Espaillat, tras varias semanas de búsqueda. La autopsia reveló que la menor falleció a causa de un aborto inducido y golpes contundentes en diversas partes del cuerpo.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.