El caso Odebrecht crea un impacto social, político y legal que marca la sociedad dominicana.

Por Elba García

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha tomado una decisión que en realidad parece muy polémica, pero que desde el punto vista jurídico tiene lógica, aunque social y políticamente crea muchas dudas y daños a la sociedad dominicana.

La decisión que manda a lo que se conoce como al juez natural a través de un tribunal ordinario cuando han pasado años en que el caso se ventilaba en una jurisdicción privilegiada por estar involucrado el senador Tommy Galán, quien ahora será procesado en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, impacta negativamente al sistema de justicia.

La tesis levantada por algunos penalistas es que la decisión del Pleno de la Suprema reivindica la normativa procesal porque desde el principio la mayoría de los imputados debieron ser enjuiciados en un tribunal de primera instancia ordinaria para que ellos tuvieron derecho a recurrir cualquier sentencia en su contra.

Otra cuestión que tampoco se ha entendido en el proceso fue precisamente el arrastre que se produjo en este caso que fue declarado complejo por la cantidad de  personas involucradas en el supuesto soborno de la compañía constructora Odebrecht.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia ya ha generado una ola de opiniones  de supuestos expertos en derecho penal que atacan y otros que defienden la disposición, porque la mayoría de estos abogados se la pasan en los tribunales nacionales defendiendo lo indefendible, pero que en estos casos se la lucen con unos análisis legales que distan mucho de su conducta.

Lo cierto es que la decisión la Suprema Corte de Justicia es un reconocimiento de que el procedimiento ha sido equivocado en virtud de que no hay una razón procesal lógica, ya que la mayoría de los imputados debieron ser juzgados en un tribunal de primera instancia para que gozaran del derecho a la apelación ante otro superior.

Sin embargo, debe decirse que la decisión del Pleno de la SCJ tiene un efecto socio-político que podría impactar negativamente a los que tienen la misión de controlar y dirigir el Consejo Nacional de la Magistratura, que designó en la presidencia del más alto tribunal del país a una persona que ha sido severamente cuestionada por ser miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, como lo es Luis Henry Molina.

Ahora el más perjudicado con la decisión de la SCJ es la Procuraduría General de la República, cuya cabeza ha sido acusada de haber iniciado un proceso lleno de deficiencias, que en opinión de muchos perseguía que el mismo se cayera como ha ocurrido, porque en realidad este es un caso que tendrá de hecho que iniciarse de nuevo a partir del rol jugado por el juez de instrucción y la investigación del Ministerio Público.

Por lo pronto se puede colegir que el caso Odebrecht tendrá un primer desenlace luego de concluido el actual proceso electoral del 2020, por lo que se puede asegurar que desde la perspectiva social y política el Gobierno será el gran perjudicado.

Otro detalle importante del caso es en lo que respecta a lo que pasará en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia con el senador Tommy Galán, cuyo presidente del alto tribunal tendrá en algún momento  que inhibirse por alegadamente haber dirigido la campaña de este legislador antes de pasar a presidir el mismo.

La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha perdido mucho de su credibilidad porque en su seno hay una serie de jueces que no son de carrera y que también pertenecen al Comité Central del PLD, lo cual parece que ha incidido en decidir un no ha lugar en favor de peledeístas que han ocupado posiciones públicas y que se les ha enrostrado la comisión de una serie de actos de corrupción, como Félix Bautista.

De cualquier modo, el hecho de que el caso Odebrecht prácticamente se haya caído o que deba iniciarse de nuevo consolida la idea en el seno del pueblo dominicano de que en el país la impunidad le ha ganado la batalla al estado de derecho.