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El chofer de Alexis Medina, hermano de Danilo, murió de un infarto durante la investigación del caso Antipulpo
Murió de un infarto el chofer y testaferro de Alexis Medina mientras el Ministerio Público desarrollaba su investigación sobre el entramado societario de su jefe.
Su muerte se produjo en noviembre del año pasado a pocas semanas de los primeros allanamientos ejecutados como parte de la Operación Antipulpo.
Conforme con los relatos del Ministerio Público, este hombre tenía a su nombre o figuraba como socio o gerente de Domedical Supply, una de las empresas del presunto entramado que fue favorecida de manera irregular por contratos millonarios del Estado a favor del Juan Alexis Medina.
En la página 46 de la acusación, el Ministerio Público establece la siguiente precisión sobre el caso del fenecido chofer:
“El Ministerio Público obtuvo mediante allanamiento los contraescritos de fecha 15 de marzo de 2016, en el que los socios en ese momento, José Dolores Santana Carmona y Omalto Gutiérrez Remigio, reconocen de manera formal, expresa e irrevocable que el único propietario de la sociedad comercial Domedical Supply, S.R.L. es el señor Juan Alexis Medina Sánchez, que ellos le sirven como representantes ante dicha sociedad para todos los trámites y procesos que sean necesarios para la administración. Entre otras estipulaciones, los prestanombres reconocen no tener derecho alguno sobre la referida sociedad”.
El sustituto y sometido
Todo indica que el chofer Omalto Gutiérrez Remigio sabía que sería imputado. Ya que en el expediente del Ministerio Público se establece que, tras la muerte de Gutiérrez Remigio, fue sustituido dentro del entramado por Rafael Leónidas De Oleo, uno de los nuevos acusados que fueron incluidos en la acusación presentada por el Ministerio Público.
Omalto Gutiérrez Remigio también tenía participación en la fundación Tornados Fuerzas Vivas.
De manera precisa, antes de la muerte del chofer se dieron las condiciones para que este pasara sus responsabilidades y poder a Rafael Leónidas De Oleo. El Ministerio Público relata lo sucedido de la siguiente manera:
“En una Asamblea General combinada Ordinaria/Extraordinaria del mismo 15 de noviembre de 2018 fue aceptada la renuncia a la gerencia presentada por Omalto Gutiérrez Remigio y descargado de gestiones y responsabilidades, por lo que la entidad procedió a nombrar por un periodo de seis 6 años, como segundo gerente, al nuevo accionista Rafael Leónidas De Oleo, al igual que el ya gerente José Dolores Santana Carmona”.
Los hechos
De acuerdo con la acusación, desde el año 2012, cuando Danilo Medina asumió la Presidencia de la República, su hermano, el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, creó una red de corrupción y una asociación de malhechores integrada por funcionarios públicos y particulares para lucrarse de contratos con el estado a través de tráfico de influencia.
Por este entramado fueron sometidas nuevas personas, entra ellas Rafael Leónidas De Oleo, Lib Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo (del equipo de campaña de Gonzalo Castillo y dueña de la Fundación Molina Zuazo), y Carlos Martín Montes de Oca.
Además, un supuesto exdirector técnico de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, identificado como Víctor Matías Encarnación Montero. Otro de los nuevos acusados es Francisco Ramón Brea Morel, de la Fundación Tornados Fuerzas Vivas, también Rigoberto Alcántara Batista y Carlos José Alarcón Veras.
Asimismo, están en el listado Lewyn Ariel Castillo Robles, Lina Ercilia De La Cruz Vargas, Antonio Florentino Méndez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, José Miguel Genao Torres y María Isabel de los Milagros Torres Castellanos.
También figuran los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oisoe; Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy), exsecretario de Salud Pública; el excontralor Rafael Antonio Germosén Andújar, el expresidente del Fonper, Fernando A. Rosa Rosa; Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.