Nacionales
El chofer de Alexis Medina, hermano de Danilo, murió de un infarto durante la investigación del caso Antipulpo
Murió de un infarto el chofer y testaferro de Alexis Medina mientras el Ministerio Público desarrollaba su investigación sobre el entramado societario de su jefe.
Su muerte se produjo en noviembre del año pasado a pocas semanas de los primeros allanamientos ejecutados como parte de la Operación Antipulpo.
Conforme con los relatos del Ministerio Público, este hombre tenía a su nombre o figuraba como socio o gerente de Domedical Supply, una de las empresas del presunto entramado que fue favorecida de manera irregular por contratos millonarios del Estado a favor del Juan Alexis Medina.
En la página 46 de la acusación, el Ministerio Público establece la siguiente precisión sobre el caso del fenecido chofer:
“El Ministerio Público obtuvo mediante allanamiento los contraescritos de fecha 15 de marzo de 2016, en el que los socios en ese momento, José Dolores Santana Carmona y Omalto Gutiérrez Remigio, reconocen de manera formal, expresa e irrevocable que el único propietario de la sociedad comercial Domedical Supply, S.R.L. es el señor Juan Alexis Medina Sánchez, que ellos le sirven como representantes ante dicha sociedad para todos los trámites y procesos que sean necesarios para la administración. Entre otras estipulaciones, los prestanombres reconocen no tener derecho alguno sobre la referida sociedad”.
El sustituto y sometido
Todo indica que el chofer Omalto Gutiérrez Remigio sabía que sería imputado. Ya que en el expediente del Ministerio Público se establece que, tras la muerte de Gutiérrez Remigio, fue sustituido dentro del entramado por Rafael Leónidas De Oleo, uno de los nuevos acusados que fueron incluidos en la acusación presentada por el Ministerio Público.
Omalto Gutiérrez Remigio también tenía participación en la fundación Tornados Fuerzas Vivas.
De manera precisa, antes de la muerte del chofer se dieron las condiciones para que este pasara sus responsabilidades y poder a Rafael Leónidas De Oleo. El Ministerio Público relata lo sucedido de la siguiente manera:
“En una Asamblea General combinada Ordinaria/Extraordinaria del mismo 15 de noviembre de 2018 fue aceptada la renuncia a la gerencia presentada por Omalto Gutiérrez Remigio y descargado de gestiones y responsabilidades, por lo que la entidad procedió a nombrar por un periodo de seis 6 años, como segundo gerente, al nuevo accionista Rafael Leónidas De Oleo, al igual que el ya gerente José Dolores Santana Carmona”.
Los hechos
De acuerdo con la acusación, desde el año 2012, cuando Danilo Medina asumió la Presidencia de la República, su hermano, el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, creó una red de corrupción y una asociación de malhechores integrada por funcionarios públicos y particulares para lucrarse de contratos con el estado a través de tráfico de influencia.
Por este entramado fueron sometidas nuevas personas, entra ellas Rafael Leónidas De Oleo, Lib Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo (del equipo de campaña de Gonzalo Castillo y dueña de la Fundación Molina Zuazo), y Carlos Martín Montes de Oca.
Además, un supuesto exdirector técnico de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, identificado como Víctor Matías Encarnación Montero. Otro de los nuevos acusados es Francisco Ramón Brea Morel, de la Fundación Tornados Fuerzas Vivas, también Rigoberto Alcántara Batista y Carlos José Alarcón Veras.
Asimismo, están en el listado Lewyn Ariel Castillo Robles, Lina Ercilia De La Cruz Vargas, Antonio Florentino Méndez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, José Miguel Genao Torres y María Isabel de los Milagros Torres Castellanos.
También figuran los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oisoe; Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy), exsecretario de Salud Pública; el excontralor Rafael Antonio Germosén Andújar, el expresidente del Fonper, Fernando A. Rosa Rosa; Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.