Con 105 votos a favor, la moción de vacancia impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014), superó el número de apoyos que exige la Constitución (87 sobre 130 diputados) y automáticamente abrió el paso para despojar al mandatario de su poder.

La resolución parlamentaria declaró la «permanente incapacidad moral del presidente» y por tanto «la vancancia de la Presidencia de la República».

En consecuencia, se aplicará «el régimen de sucesión establecido en la Constitución», que será efectivo en cuanto se comunique al presidente, al primer ministro Walter Martos o se publique en el diario oficial, lo que suceda primero.

Así, ahora la responsabilidad del cargo de Presidencia de la República recaerá en el presidente del Congreso, Manuel Merino, del grupo político de Acción Popular.

Esta decisión del Congreso resultó sorpresiva, pues si bien se conocía que muchos legisladores ya pensaban forzar la destitución de Vizcarra, todo parecía indicar que estaban aún lejos de llegar a sumar los votos necesarios para la vacancia, como se conoce en Perú este proceso.

Vizcarra, tal y como había prometido, se presentó a primera hora de la mañana del lunes en el debate para presentar su defensa y allí negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de soborno y criticó duramente que el proceso de destitución en su contra se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia.

«No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno (…) Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis», dijo Vizcarra.

Congreso hostil

Sin embargo, el Congreso, desde prácticamente todas las bancadas, se mostró desde un inicio muy hostil al mandatario, que fue acusado de «mentiroso», «inmoral», «corrupto» y de ser de hecho el responsable de toda la inestabilidad política que vive el país.

También fueron constantes las declaraciones de los diputados que indicaron que ellos votarían «por el país» y sin considerar «cálculos políticos» ni «presiones mediáticas», referencias todas a los pedidos a la calma y la responsabilidad que medios de comunicación, gremios empresariales y asociaciones de la sociedad civil pidieron a los congresistas ante el riesgo que podría suponer para la estabilidad del país la caída del Poder Ejecutivo.

El debate demostró así la absoluta soledad política del mandatario, que no contaba con ninguna bancada oficialista en la cámara y a quien incluso los diputados que votaron por mantenerlo en el poder consideraron responsable de los actos por los que es acusado.