Consejo del Poder Judicial estremece Distrito Judicial de Santiago con remoción de jueces de primera instancia.

Han sido muchos los casos que dejan claro de que el estado de derecho ha colapsado en el Distrito Judicial de Santiago, donde los tribunales evacuan sentencias en violación de las normativas jurídicas, con cuya practica los jueces se ponen también al margen de principios constitucionales, derechos fundamentales y convencionales.

En los últimos días uno de los magistrados removidos, que se desempeñaba como presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago, Henrry Domínguez, quien, de acuerdo a lo que ha trascendido, fue enviado  a la Corte de Apelación de la misma jurisdicción, ha incurrido en una serie de violaciones a la ley, como por ejemplo, emitir un auto de designación de la Tercera Sala para que fije audiencia de un embargo que desde el mandato de los artículos 690 y 715 del Código de Procedimiento Civil  no existe, porque no cuenta con la inscripción en Registro de Títulos, lo cual representa una violación a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Este juez, que ha tenido una conducta muy cuestionada por fallar casos en violación de lo que disponen las leyes nacionales y los principios constitucionales de legalidad, igualdad, razonabilidad, entre otros, también incurre en las mismas distorsiones en el conocimiento de   recursos que están en el marco de su competencia, como son los referimientos, cuyas ordenanzas son una revelación de que este magistrado cae en prevaricación.

Hay una serie de casos en los que se puede comprobar que este magistrado no estatuye sobre las pruebas aportadas por las partes para justificar sus decisiones, las cuales constituyen una flagrante violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, como bien lo ha establecido en una serie de sentencias el Tribunal Constitucional.

Igual situación se produce en otros tribunales de Santiago, cuyos titulares actúan en componenda  con el magistrado removido como si se tratara de una sociedad para actuar al margen de ley  entre aquellos que tienen la sagrada misión de procurar preservar los derechos de los ciudadanos y al propio tiempo de mejorar la democracia.

Entre los afectados con la disposición del Consejo del Poder Judicial están los jueces titulares de la Primera y la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago, cuyas remociones pueden proyectar la idea de un ascenso, pero en realidad se trata de una medida para despojar del tanto poder que acumulaban estos magistrados.

Para tener una idea de las irregularidades en que se ocurre en los tribunales civiles de Santiago, el magistrado removido de la Primera Sala interpretaba medalaganariamente el mandato de la ley y con esa práctica favorecía a una de las partes involucradas en un proceso que generaba, por ejemplo, una inscripción en falsedad incidental, cuya figura es regida por la normativa procesal establecido en los artículos 216 y 217 del Código de Procedimiento Civil.

Lo más grave de la situación descrita es que los abogados que ejercen en el Distrito Judicial de Santiago no se atreven a cuestionar la conducta de los mencionados magistrados, ya que podrían ser victimas de sentencias contrarias a los intereses de sus clientes.

Los atropellos son tantos en términos de la administración de justicia que son numerosos las sentencias que revelan el comportamiento de estos jueces, los cuales mantienen poses como si fueran verdaderos emperadores que se han atribuido la facultad de interpretar como les parezcan las normativas jurídicas.

De igual modo, desacatan las jurisprudencias sentadas por el Tribunal Constitucional y se sobreponen a la preocupación que en este sentido dejan sentir algunos actores del sistema de justicia en el Distrito Judicial de Santiago.

Si en los actuales momentos el Consejo del Poder Judicial sometiera al Distrito Judicial de Santiago a una inspección profunda no habría otro camino que intervenirlo o cerrarlo temporalmente en virtud de que los jueces han abandonado su responsabilidad de preservar el estado de derecho a través de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Hay tribunales a nivel de la jurisdicción inmobiliaria que llevan meses para conocer una recusación en contra de una juez de uno de los tribunales de la jurisdicción original que acogió un incidental en franca violación de un asunto elemental del derecho como es la jerarquía del ordenamiento jurídico.

Lo preocupante del caso es que la mala practica de violentar las normativas jurídicas y los principios constitucionales y los derechos fundamentales no sólo se produce en los tribunales de primera instancia del Distrito Judicial de Santiago, sino también en  la Corte de Apelación, cuya presidenta, magistrada Altagracia Uffre Rodríguez, acaba de emitir una sentencia o ordenanza en la que secuestró todas las pruebas aportadas por la parte recurrente y en la que sostiene que la  ratifica porque no puede llevarle la contraria a  la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial, a menos que no sea por razones de violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, lo cual constituye un contrasentido que va incluso en contra de la misión de los tribunales de segunda instancia, pero que además el recurso de apelación está sustentado precisamente en esas alegaciones.