Latinoamericanas
El Constitucional de Perú dice que Fujimori debe ser liberado, pese a orden de la CorteIDH
EFE
El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Francisco Morales, afirmó se deben proceder a la excarcelación inmediata del expresidente
Perú.-El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Francisco Morales, afirmó este miércoles que las autoridades de su país «deben proceder a la excarcelación inmediata» del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado.
«Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia», declaró Morales al Canal N de televisión, al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.
Morales dijo que la decisión ya se remitió al juez de ejecución de un habeas corpus presentado en la ciudad sureña de Ica a favor del exgobernante y defendió su cumplimiento por encima de la resolución de la CorteIDH que pidió que no se ejecute otra sentencia del Constitucional que ordenó la restitución del indulto otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
«Valoramos mucho las opiniones de la Corte Interamericana, pero en este caso estimamos que el tribunal tiene la competencia originaria para poder determinar la libertad de un ciudadano peruano», sostuvo.
Invocó, en ese sentido, a la ciudadanía y «a los actores» involucrados en esta medida «que deben cumplirse» las decisiones judiciales porque si eso no se hace se estará «en una anarquía porque cada uno va hacer lo que quiera».
Morales sostuvo que decidió hacer esta declaración porque el TC ha visto que «hay una cierta confusión, opiniones encontradas» sobre la resolución que emitió sobre el caso.
«La voz del tribunal en mayoría es que hemos retirado los obstáculos para que esta sentencia se cumpla», anotó antes de sentenciar que esta «es una cuestión que va más en el ámbito de la política internacional».
Este miércoles, el abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado Fujimori, adelantó a EFE que acudiría a la CorteIDH si se ordenaba la liberación del exmandatario.
«Vamos a ver si el día de hoy hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento», remarcó.
Consideró que, si se hace eso, «la Corte va a emitir una ratificación de lo que fue su decisión del año pasado» y además se estaría «de nuevo ante un reiterado incumplimiento del Estado peruano sobre lo que ya el año pasado dijo que iba acatar».
«Evidentemente se está ante una movida política que intenta sacar a Fujimori por la puerta falsa, no sobre la base de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido no solamente cuestionada, sino que, en su momento, el propio Tribunal Constitucional decidió acatar la resolución de la Corte Interamericana», dijo.
El abogado también recordó que «Perú es parte de un sistema internacional de justicia en derechos humanos» y sostuvo que «no se puede decir que una sentencia del TC puede traerse abajo una resolución y una sentencia, o varias sentencias, de la Corte Interamericana».
El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-El incremento de la violencia de las bandas de la que no escapan siquiera los aviones, el nombramiento de un nuevo primer ministro o el papel de la misión multinacional, son algunas de las claves que marcan la caótica situación en Haití, donde 5,4 millones de personas, la mitad de la población, sufre hambre aguda.
Una violencia que no cesa
Haití, el país más pobre de América, lleva años sumergido en una crisis en todos los órdenes, agravada por la incursión de las sanguinarias bandas armadas, que se han hecho prácticamente con el control de la capital, Puerto Príncipe, causando miles de muertos y heridos.
Cada cierto tiempo, la capital es paralizada, como ocurrió esta semana después de que el pasado domingo las bandas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble (Vivir Juntos), liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, anunciaran días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ante la indiferencia de las autoridades, que no dieron señales concretas para sofocar la situación.
Sólo entre julio y septiembre pasado al menos 1,223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño (Binuh).
A ello se suman las 3.900 víctimas, entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8.000 víctimas.
La ineficiencia de las fuerzas de seguridad
La llegada hace casi cinco meses al país de los primeros miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, no ha producido ningún cambio en la situación de la seguridad en el país, que, por el contrario se ha deteriorado completamente y el 80 % de la capital permanece en manos de las bandas armadas.
El dominio territorial de las bandas armadas obliga a miles de personas a huir de sus barrios capitalinos, convirtiendo a sus habitantes en eternos desplazados.
Las escasas operaciones llevadas a cabo por la fuerza multinacional y la Policía Nacional haitiana han sido ineficaces y no han logrado recuperar los territorios ocupados por las bandas.
Con las carreteras nacionales bloqueadas, la escasez de combustible y el cierre del principal aeropuerto de la capital, el país corre el riesgo de sufrir un grave deterioro de la crisis humanitaria, que desde hace tiempo se encuentra en estado crítico.
Casi una década sin elecciones
Haití celebró sus últimas elecciones 2015 y 2016, cuando ganó Jovenel Moise, el presidente asesinado en julio de 2021 en su residencia privada por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.
Tras el asesinato de Moise fue designado Ariel Henry, quien terminó dimitiendo tras la violencia que estalló en Puerto Príncipe el 29 de febrero de este año, cuando se supo que planeaba posponer las elecciones hasta agosto de 2025 a pesar de que su mandato expiró el 7 de febrero.
Desde abril el país cuenta con un Consejo Presidencial de Transición (CPT), que asumió con el objetivo de organizar votaciones en el país a finales de noviembre de 2025.
Pero existe una lucha por el control y la toma del poder entre el CPT, una pugna que desembocó hace casi dos semanas en la destitución del primer ministro, Garry Conille, quien, de acuerdo con varias fuentes, exigió la salida de tres miembros del Consejo señalados en un caso de corrupción.
Conille, médico de profesión, fue sustituido por el empresario Alix Didier Fils-Aimé, quien al juramentar el sábado a su Gabinete dijo que el país vive una situación «crítica» y afirmó que «no hay tiempo que perder».
La hoja de ruta del Gobierno, declaró el primer ministro, «consiste en restablecer la seguridad, responder a la emergencia humanitaria, relanzar la economía y preparar las elecciones».
Latinoamericanas
Consejo Presidencial de Haití condena el tiroteo contra dos vuelos comerciales de EE.UU.
Agencia Efe
Puerto Príncipe.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití condenó este martes con el «máximo rigor» el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas en Puerto Príncipe y el ataque perpetrado el lunes contra dos aviones comerciales estadounidenses en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture.
«Este crimen cobarde, que amenaza la soberanía y la seguridad de Haití, pretende aislar a nuestro país en la escena internacional. Los autores de estos actos atroces serán perseguidos y llevados ante la Justicia», afirmó el Consejo en un comunicado.
La parte oficial dijo que «en las últimas 48 horas, miembros de bandas armadas han puesto en peligro la vida de ciudadanos pacíficos, han incendiado propiedades privadas e incluso han disparado contra un avión de Spirit Airlines que procedió de Fort Lauderdale el lunes 11 de noviembre». de 2024″.
Además del ataque a ese vuelo, un avión de la aerolínea JetBlue también fue tiroteado ayer cuando despegaba de Puerto Príncipe con destino a Nueva York.
El Consejo recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional haitiana, y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad han desplegado inmediatamente sus unidades para reforzar la seguridad de las familias y de los alrededores del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, con el fin de garantizar la protección de los vuelos comerciales que operan en el país.
El CPT llamó a la población para que permanezca vigilante y colabore estrechamente con las fuerzas del orden para prevenir cualquier acción que pueda comprometer la paz y la seguridad colectiva.
«Juntos, pondremos fin a estos actos incalificables», concluyó la nota.
Puerto Príncipe vivió este martes una jornada de tensa calma, con tiroteos esporádicos en algunas zonas y sin operaciones en el aeropuerto internacional, cerrado hasta el 18 de noviembre.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció este martes la suspensión temporal de la entrega de ayuda humanitaria en Haití por la imposibilidad de acceso al puerto y al aeropuerto en la capital debido al grave deterioro de la situación de seguridad.
Este mismo día, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. prohibió los vuelos comerciales a Haití tras los ataques a tiros que sufrieron el lunes las dos aeronaves.
Además, la compañía estadounidense American Airlines anunció este martes que suspendió sus vuelos a Haití por los próximos tres meses, tras descubrir que uno de sus aviones que despegó desde Puerto Príncipe fue impactado por una bala.
Mientras, el ministro de Justicia en funciones, Carlos Hércules, condenó el ataque armado perpetrado contra los aviones.
«Se trató de un acto terrorista contra la vida de nuestros compatriotas y de todos los que se encontraban a bordo de este avión», dijo Hércules en referencia al tiroteo contra el avión de la aerolínea Spirit.
El funcionario pidió a las fuerzas de seguridad nacional que tomen medidas para restablecer un clima de seguridad en el país, para que se puedan reanudar las actividades, especialmente en la capital y sus alrededores.
Latinoamericanas
Fiscalía argentina imputa a tres personas por la muerte de Liam Payne en Buenos Aires
Agencia efe
Buenos Aires, Argentina.-Una fiscalía argentina imputó este jueves a una persona por abandono de persona seguido de muerte y a otras dos por suministro de estupefacientes en la causa que investiga la muerte del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.
«En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes», informó hoy la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14.
Uno de los acusados es una persona que acompañó a Payne durante su estadía en Buenos Aires, otro es un empleado del hotel en el que tuvo lugar su fallecimiento y el tercero fue descrito como «un proveedor de estupefacientes».
La fiscalía informó que la imputación de estas tres personas, cuya detención ya ha sido ordenada, llegó tras una extensa investigación que incluyó decenas de testimonios, el análisis de más de 800 horas de filmaciones de cámaras del hotel y de la vía pública y del contenido del móvil de Payne y de varios testigos, así como estudios tanatológicos y de laboratorio.
El primero de los acusados fue descrito en el anuncio como «quien acompañaba de manera cotidiana al artista» durante su estadía en Buenos Aires y se le imputaron los delitos de abandono de persona seguido de muerte y de suministro y facilitación de estupefacientes.
El segundo es un empleado del hotel Casa Sur, en el que se encontraba alojado Payne, acusado de haber suministrado cocaína al músico durante su estadía; mientras que el tercero habría suministrado estupefacientes al músico en dos ocasiones.
Los informes presentados a la fiscalía concluyeron que «todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas».
Además, confirmaron las pericias iniciales que indicaban que el músico no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que consideran que «pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia» y descartan la posibilidad de «un acto consciente o voluntario» ya que «en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo».
«Más allá de la contundencia probatoria que se logró hasta el momento (visual, registral, médica, científica, documental, telefónica, testimonial, etc), se debe continuar la investigación, pues, entre otras diligencias, aún está en curso el desbloqueo de la netbook personal de la víctima -que está averiada- y otros aparatos incautados en la investigación», añadió el comunicado.
El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction fue trasladado ayer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) hacia Londres en un vuelo de la aerolínea British Airways, poco después de que fuera embalsamado en el Cementerio Británico de Buenos Aires con el fin de preservar sus restos.