Editorial
El derecho convencional no basta para sancionar el crimen de la corrupción administrativa.
Desde hace muchos años se ha planteado que con la corrupción administrativa que se ha producido en la República Dominicana se pueden construir varias republicas dominicanas con mejores estándares de vida del que tiene el país actualmente.
Y ciertamente es así.
Pero, lo que más sorprende es que si la República Dominicana es signataria de una serie de convenciones y acuerdos internacionales en el contexto del derecho público y en los que se ha consignado que el crimen de la corrupción no perime, por qué en el país ha sido tan difícil sentar jurisprudencias en esta materia?
Qué de especial tiene la República Dominicana para que sea tan difícil sentar precedentes en términos de condenas en contra de los corruptos?
Una pregunta que se queda sin respuesta, ya que incluso los intentos serios que ha habido para por lo menos a nivel de determinadas instancias acabar con el flagelo de la corrupción, por qué entonces surge la inquietud de cuál es la razón de que esos esfuerzos terminen diluyéndose y convirtiéndose en un mal ejemplo para los que no quieren acogerse al mandato de la ley en esta materia.
Pero habría que preguntarse también por qué en Perú y El Salvador, entre otros países latinoamericanos, es posible juzgar a presidentes y expresidentes comprometidos con la corrupción y en la República Dominicana resulta tan difícil cuando el derecho público internacional es transversal a todos los países y va a la par o es de igual aplicación en todas las naciones, porque la que no es signataria de las convenciones y los tratados, se supone que en algún momento lo será.
De manera, que en lo que respecta al derecho público internacional se produce un desarrollo disparejo entre naciones con problemas por lo menos similares, donde impera la impunidad, aunque en los textos los crímenes y los delitos sean castigados por las normas jurídicas.
En los países del llamado tercer mundo es donde más se impone que se respeten las leyes aparte de sus constituciones y las convenciones y los tratados internacionales, porque esos preceptos del derecho internacional se constituyen en una garantía para combatir un flagelo que lleva más subdesarrollo y atraso a las naciones de la llamada América Morena.
Lo lamentable de todo esto es que los niveles de la corrupción administrativa en la República Dominicana, podría decirse, que son desproporcionados, si es que se admitiera que este mal es consustancial a la existencia de la nación.
Pero, siempre habrá que preguntarse, por qué en El Perú y en El Salvador se mete preso a un presidente, mientras en la República Dominicana esa es una acción prohibida social y políticamente?
La respuesta no parece fácil, aunque las cantidades involucradas en los robos en contra del Estado en estas naciones son prácticamente insignificantes con los montos que se sustraen del patrimonio público de la República Dominicana.
Pero, aun así, si se pondera la doble moral de los actores de la vida política y pública de la nación, la sorpresa será mucho mayor.
Aunque ciertamente las elecciones de los Estados Unidos no constituyen un asunto de fondo, porque ya lo ha dicho este periódico, porque ambos candidatos representan prácticamente lo mismo en política exterior, aunque sí hay una cierta diferencia en asuntos internos como la inmigración.
Sin embargo, hay que ser realista y reconocer que no es lo mismo Trump que Harris, porque el primero tiene una posición ultraconservadora y de maltrato a los que provienen en los Estados Unidos de naciones pobres y subdesarrolladas.
Y eso visto desde los intereses de la región implica mucho, porque no hay quién se atreva a decir que la inmigración no ha sido una válvula de escape de la crisis eterna de las naciones del tercer mundo, máxime en sus economías que se manejan en medio de grandes déficits fiscales y deudas, cuya principal tabla de salvación es precisamente la remesa que procede de su gente en el exterior.
Entonces, a partir de cómo impactan las elecciones estos temas, tiene una importancia capital las elecciones que tuvieron lugar el pasado martes en los Estados Unidos y donde resultó elector Donald Trump.
Buscar eliminar la inmigración de la gente de Latinoamérica hacia los Estados Unidos representa una fórmula de agudizar sus crisis, incluida la política.
Pero además el hecho de que Trump haya sido el elegido en los comicios de la nación más poderosa del mundo indica que muchos antivalores serán asimilados por los políticos que están bajo su órbita, lo cual indica que la mala conducta y corrupción es una opción mucho más viable en Latinoamérica.
De manera, con las elecciones recién concluidas en la nación mas poderosa del mundo también estaba echada la suerte de los países latinoamericanos.
Ahora no queda duda de la preferencia del ciudadano estadounidense , cuya validación de una conducta supuestamente reprochable por el sistema norteamericano ha sido confirmada, lo que mucho gente no quería y en consecuencia la misma puede ser reproducida por todo aquel actor político que no cree en otra cosa que en eso, sobre todo en las naciones que están bajo su influencia.
Sin embargo, hay que decir que la decisión tomada por el votante en las pasadas elecciones es legitima en atención a sus derechos ciudadanos, pero la misma deja un mal sabor para el que propugna y aboga por verdaderos cambios.
De manera, que nadie ponga en tela de juicio la cuestión, que el voto en favor de Trump tiene un impacto en la vida y el futuro de las familias de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos y de los países de donde son originarios, porque el triunfo de este político podría implicar dañar la vida de los que venden sus fuerzas de trabajo en la unión americana y de la necesaria institucionalidad de las naciones de donde provienen.
El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no pegan una, actúan como si no tuvieran la menor idea de lo que quieren y de sus metas.
Buscan combatir la corrupción, pero al propio tiempo la promueven, cuyo mejor ejemplo de ese comportamiento es que ahora andan de las manos de los corruptos que hace poco fueron acusados de incurrir en este flagelo.
Porque la verdad es que Abinader y el PRM no tienen ninguna diferencia con el PLD, la Fuerza del Pueblo y otras crápulas de la política vernácula.
Puede asegurarse que la diferencia sólo tiene que ver con el nombre de los actores, tal vez el color de la piel u otros detalles de poca trascendencia, porque en el fondo tienen el mismo comportamiento ante el patrimonio público.
Aunque de alguna manera se cuidan de no exhibir su doble moral, pero su conducta los traiciona, como ocurre ahora que hablan de derechos constitucionales, pero los violan cuando entienden que deben hacerlo.
Hace prácticamente horas que en un acto solemne proclaman una nueva Constitución, pero luego viene la violación de los derechos más sagrados del ser humano, el de la intimidad, el honor y el buen nombre.
La desfachatez es tan grande que a los pocos días repiten los mismos errores, aunque con una poderosa razón para incurrir en los mismos, como es la torpeza, lo cual, incluso, va en contra de lo que proclaman, porque es que no saben diferenciar una cosa de otra.
Lo grave de todo esto es que Luis Abinader y el PRM con su comportamiento legitiman a una oposición que no tiene derecho hablar, porque es igual que los que hoy ocupan el gobierno.
De manera, que los que buscan llegar al poder a través de sus críticas al Gobierno sólo tienen como consigna “quítate tú pa ponerme yo y nada más, pero lo propio hacen los que ahora están arriba y que luego se ven abajo.
El presidente Luis Abinader ha hecho un gobierno dependiente casi totalmente del endeudamiento público, cuya falta de planificación estratégica lo convierte en una víctima de esta peligrosa vía.
Su desenfrenada política de endeudamiento es una forma de irse por lo más fácil, siempre a partir de los ejemplos de países de la zona que también se apoyan en una opción que si no hay calidad del gasto sumerge la nación en una situación insostenible.
De acuerdo a economistas nacionales que se manejan al margen del partidarismo político, consideran que ya el país tiene comprometido de sus ingresos alrededor de un 72 o 74 por ciento.
Es decir, es una situación de coger más préstamos para cumplir con los ya asumidos, lo cual crea un circulo vicioso en la economía que conlleva grandes sacrificios para los dominicanos.
Ahora mismo el país se encamina a un endeudamiento público, tanto interno como externo, realmente insostenible, pero el peligro no para porque el Poder Ejecutivo sigue con un reforzamiento irracional de esa vía.
El Congreso Nacional no para de aprobar préstamos, lo cual ya ha preocupado hasta a los propios legisladores oficialistas, cuyo último en pronunciarse fue Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
Evidentemente que no se miden las consecuencias de un endeudamiento público insostenible, máxime sin una reforma fiscal integral y que sea más progresiva que regresiva.
Parece que el Gobierno ha armado su propia trampa, la cual no luce que pueda ser superada, porque la escogencia de la vía más fácil del endeudamiento que procurar aumentar la producción nacional y en consecuencia mejorar los niveles de las exportaciones el país se inclina por lo más peligroso.
El dominicano es bueno que entienda que así como resultada de peligroso un gobierno corrupto, igual ocurre cuando el mismo también es incapaz, porque es un riesgo doble, porque si bien una cosa es mala la otra todavía es peor.
Ojos pelaos.