Declaración Universal de Derechos Humanos se celebra de boca en el país porque no existe estado de derecho.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos del diez de diciembre de 1948, que fue el resultado de las atrocidades cometidas durante  la Segunda Guerra Mundial, llega un día como hoy a la República Dominicana con una serie de proclamas, que no pasan precisamente de eso, simples proclamas, que hablan de un Estado democrático, social y   de derechos.

Sin embargo, la realidad es que todavía la República Dominicana está en niveles primitivos en lo que respecta a los derechos fundamentales, cuya mejor medición es lo que ocurre en el sistema de justicia, en el que importa muy poco el estado de derecho y en cambio envía el mensaje de que la gente debe recurrir a hacer justicia con sus propias manos.

Desde el Ministerio Público, instrumento al servicio más que a la persecución del delito y el crimen, que ha sido concebido para promover todo lo que vaya en contra de los derechos ciudadanos, donde ocurren todo tipo de violaciones a las leyes, principalmente de la normativa procesal y a cuya complicidad se suma una gran mayoría de los jueces.

El Estado social, democrático y de derechos que esta consignado en la Constitución de la República es parte de una retórica que ha caracterizado históricamente a la sociedad dominicana, pero se recurre a los mecanismos que se han creado para hacer valer estos propósitos, pero  de inmediato se puede comprobar que no son más que simples enunciados.

Habría que preguntarse si en un día como hoy el Estado no es el principal promotor de las debilidades, las ineptitudes, las negligencias y las complicidades que ocurren en el sistema de justicia, cuyos resultados constituyen un desmentido a todo lo que se proclama al margen de la realidad.

Un ejemplo palpable de que el Estado sólo cuenta con proclamas en lo que respecto al estado de derecho son los feminicidios, los cuales si bien tienen un componente cultural, también hay otros que obedecen a razones socio-económicas y de impunidad, esta última generada por el corrompimiento y vulnerabilidad del Ministerio Público.

El Día Mundial de los Derechos Humanos sorprende a la sociedad dominicana en medio de grandes escándalos de corrupción con una justicia al servicio de la politiquería y lleno de un  lodo pestilente  que arropa a prácticamente todas las instituciones públicas del país.

Este día ha llegado mientras entre los dominicanos hay más preguntas que respuestas en lo que respecta al combate del  flagelo como la violencia y la impunidad, las cuales son promovidas desde las instancias más altas del Estado dominicano.

El sistema de seguridad social y el patrimonio público hoy son recursos que usan los que controlan el Estado para enriquecer a grupos económicos y a personeros del Gobierno, mientras la gran mayoría de la gente no tiene acceso a la salud que le permita disfrutar de atenciones eficientes cuando se trata de enfermedades de alto costo.

Lo mismo hay que decir del sistema de pensiones que controlan una serie de AFP privadas, pertenecientes, principalmente, a la banca y a otros sectores del comercio nacional, negándole el derecho del trabajar a tener un retiro digno.

En las actuales circunstancias podría afirmarse, sin temor a equivocarse, que El Día Universal de la Declaración Universal de los Derechos ha llegado a la República Dominicana en momentos en que todos los derechos fundamentales son violados sin que haya un régimen de consecuencia, ya que los que así actúan lo hacen avalado por un sistema de partidos y una justicia manipulada y al servicio de lo peor.