De portada
Entramado de corrupción de Operación Coral es sólo una muestra de lo podrida que está la sociedad dominicana.
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Las delaciones del mayor Raúl Girón Jiménez, exdirector financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), podrían sorprender a muchos, aunque son cosas que todo el mundo sabe que pasan en el país y que constituyen percatas minutas frente a lo que aún no se conoce en donde predomina una corrupción integral que involucra a los sectores públicos y privados.
Sin embargo, estas denuncias son eslabones importantes en la lucha en contra de la corrupción administrativa y dejan claro como operan estas mafias dentro incluso de los cuerpos castrenses del país, pero en todo esto hay detalles que la gente debe tomar muy cuenta para ver el rumbo que ha tomado este flagelo en el país.
La realidad es que son espeluznantes las revelaciones de este mayor del Ejército Nacional, quien incluso debe ser protegido para que no caiga víctima de los grupos que operan esta red de corrupción dentro de la Policía Nacional y demás cuerpos castrenses del país.
El testigo clave de la fiscalía ha abordado un tema de una gran trascendencia y cuando dice que la falta de un régimen de consecuencia y la no condena de gente que hace lo mismo que ellos les sirve de estimulo a los que son parte de estos depredadores del patrimonio del Estado.
La audiencia de ayer del caso conocido como Operación Coral, de alguna manera, también dejó establecido que muchos abogados se convierten en algo más que defensores de los imputados, ya que algunos hasta elaboran documentación falsa para justificar los malos pasos de sus defendidos.
El caso, cuya decisión de la solicitud de medida de coerción se conocerá el próximo lunes, constituye un verdadero reto para la judicatura nacional, primero para el Ministerio Público y segundo para los jueces en virtud de que son los que tienen la última palabra a través de sus sentencias.
Lo conocido en el curso de la audiencia de solicitud de medidas de coerción para los imputados permite colegir que mal anda la sociedad dominicana, porque el asunto es tan grande y complejo que la pregunta que se impone es si el país está preparado institucionalmente para contrarrestar este flagelo.
Lo preocupante de todo esto es que todavía los peledeístas quieren proyectar la idea de que las acciones del Ministerio Público se inscriben en la persecución política, lo cual deja el asunto en manos del ciudadano, que es quien tiene la última palabra a la hora de escoger a las autoridades que dirigirán los destinos nacionales.
Después de las graves delaciones del mayor Girón sólo falta ver el desenlace que tendrá el presente caso, porque de ahí dependerá el camino que trillará la República Dominicana, donde los políticos lo han corrompido todo, incluida la Policía Nacional y todos los cuerpos castrenses del país.