Por Elba García
El presidente Danilo Medina ha querido hacer justicia con aquellos que no están en su entorno político y que conjuntamente con los suyos, incluyéndolo a él, presuntamente incurrieron en la comisión de una serie de actos de corrupción.
El Jefe de Estado se ha salido con la suya, porque la República Dominicano es uno de los pocos países latinoamericanos donde la democracia sólo existe de manera simulada, no importa el delito que cometa el presidente, ya que lo más seguro es que no sea juzgado por los tribunales competentes del país.
En la nación existen tres ejemplos, para no ir muy lejos, de presidentes que debieron estar en el banquillo de los acusados y éstos son Leonel Fernández, Hipólito Mejía y ahora Danilo Medina, quienes exhiben una seriedad e inocencia que sólo creen sus allegados políticos, familiares y aquellos que se rigen por la ignorancia o la pasión.
En el caso de estos tres jinetes del Apocalipsis, el primero, Leonel Fernández, llegó a la presidencia de la República Dominicana desde el subsuelo económico y social, mientras que el segundo, Hipólito Mejía, su supuesta fortuna aparece públicamente luego de ser secretario de Agricultura durante el gobierno de Don Antonio Guzmán Fernández y el tercero, Danilo Medina, viene de la más espantosa pobreza, pero sus vínculos con el bajo mundo de la política son conocidos por todos.
El caso Odebrecht, que ha servido para delatarlos a los tres, parece constituirse en el persecutor del triangulo de mandatarios, pero el que más lleva la carga pesada es Danilo Medina, quien se ha escabullido de responsabilidad porque el Poder Ejecutivo controla al Procurador General de la República, que sólo accionará aquellos delitos que no inculpen a su jefe.
Sin embargo, en la República Dominicana nadie tiene duda de que Danilo Medina está involucrado hasta los tuétanos en el escándalo Odebrecht, pero cualquier pequeña incertidumbre que quedaba en el escenario nacional ha quedado despejada con las revelaciones de Rodrigo Tacla, quien se identifica como uno de los que se desempeñaron como abogados de la companía multinacional promotora de corrupción en prácticamente todo el mundo.
Este personaje, que en la actualidad es juzgado en España, porque fue imposible su extradición hacia Brasil, donde fue acusado de los hechos vinculados a la distribución de corrupción a través de Odebrecht, ha hablado de las fiestas con prostitutas que organizaban en la República Dominicana.
También ha dejado claro los vínculos del presidente Medina con los altos ejecutivos de ODEBRECHT, lo cual describe la conducta del jefe de Estado con los hechos que han llevado a la cárcel a mandatarios de otros países latinoamericanos, como Brasil, Perú, entre otros.
Los más agudos analistas políticos del país sostienen que Medina podría salirse con la suma en lo que respecta a un posible enjuiciamiento en los tribunales, pero que su culpabilidad muy difícilmente pueda ser eclipsada de la mente de los diferentes sectores que conforman la vida nacional.
nician Consejo Nacional de la Magistratura,en Palasio con el presidenta danilo Medina
El asunto toma ribetes sumamente preocupantes para una democracia como la dominicana, donde el presidencialismo es el principal escudo o dique de contención para la funcionalidad del sistema de justicia, tercer poder del Estado, pero cuyos jueces son designados sobre la base del capricho del presidente de turno.
El presidente acaba de encabezar la escogencia de los jueces de las llamadas altas cortes, como son el Tribunal Superior Electoral y los miembros faltantes de la Suprema Corte de Justicia, cuya influencia del partidarísmo político nadie pone en duda, lo cual se convierte en un elemento de mucha fuerza cuando se presenta el momento de enjuiciar las inconductas de los protagonistas de la vida pública del país.
El Jefe de Estado Medina es en estos momentos un gran beneficiario del poder que proporciona la Presidencia de la República y de la tolerancia que han imponer los medios de comunicación social, donde comunicadores pagados por el gobierno llevan la voz cantante en torno a la defensa de los actos cuestionados por una parte de los hacedores de opinión pública.
Mientras el caso Odebrecht se disluye en la República Dominicana en otros países latinoamericanos se agiganta la denuncia y el involucramiento de sus gobiernos en un escándalo que ha puesto en tela de juicio la ética de muchos políticos tradicionales y no tradicionales que detentan el poder en naciones llenas de asimetrías sociales y de pobreza relativa y extrema.
En la actualidad sólo se está a la espera de qué curso toma la demanda de amplios sectores nacionales para que la Procuraduría General de la República conforme una comisión que visite a España para interrogar al abogado Rodrigo Tacla, quien ha hecho importantes delaciones sobre la conducta de Odebrecht, no sólo en la República Dominicana, sino también en Panamá y otras naciones del hemisferio.