SANTO DOMINGO. Si el recién firmado contrato entre la Barrick Gold y el gobierno prevé un aumento del costo de producción de la onza de oro de US$300 a US$600, el Estado se protegerá de que esto signifique una pérdida con el establecimiento de un Impuesto Mínimo Anual (IMA) de 23.05% sobre los ingresos brutos derivados de las exportaciones de la empresa minera.
Así lo estima el especialista en comercio internacional, Hugo Rivera Fernández, quien señala que: «Al tú gravarle los ingresos brutos, lo que ellos puedan tener de costo de alguna forma se subsana».
Tras un año de negociaciones, el Gobierno y la empresa Barrick Gold, firmaron el jueves la Segunda Enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros, en el que se establece que partiendo de un precio promedio del oro de US$1,600 la onza para 2013-2016, el Estado recibiría US$2,200 millones, equivalente a 26.3% de los ingresos brutos de exportación, casi seis veces más de lo que estaba previsto.
Aunque el contrato en su extensión, con sus detalles, hasta ayer no había sido publicado, y debe ahora ser refrendado por el Congreso Nacional, Rivera Fernández entiende que por las pautas esenciales que se han dado a conocer a la opinión pública «ha sido un logro para el gobierno».
También como positivo lo considera el exdirector general de Minería, Miguel Peña. No obstante, ante la ausencia de explicaciones técnicas, considera que el acuerdo fue fruto de una negociación «fiscalista».
«Se ve que hubo una concentración en la parte fiscal y una ausencia de la parte ténica, tanto en los aspectos mineros como en los aspectos ambientales. Se ve una negociación completamente fiscalista y sería bueno ponderar cuáles serían los términos finales en que viene redactada esta enmienda porque el contrato original, que es el contrato de referencia que tenemos firmado con Placer Dom, tenía unas ponderaciones técnicas que habían sido eliminadas en el contrato de enmienda de Barrick Gold», dijo.
El Gobierno y la Barrick convinieron que la minera podrá vender el excedente de energía generada por Quisqueya I al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Las ventas estarán sujetas al pago de impuestos sobre la renta del 25% y el 3.75% del Impuesto de Participación de Utilidades Netas (PUN). Sobre este punto, Rivera Fernández destaca que habría que esperar si realmente la Barrick tenga un excedente que pueda contratar esos umbrales para que sea un negocio para el Estado.
Diario Libre