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El Gobierno advierte a dueños de clínicas que medida viola Constitución
SANTO DOMINGO. Los sectores que intervienen en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) analizan los aspectos jurídicos y los que tienen que ver con los procedimientos establecidos en las leyes de Salud y 87-01 que servirían de base para sancionar a las clínicas privadas que exigen exclusividad a sus pacientes para practicarse estudios diagnósticos.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) advirtió a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) sobre una posible violación a la Ley 42-08 que crea la entidad.
La entidad planteó que la medida conlleva la apertura de procesos sancionadores administrativos de conformidad con esa ley, con sanciones que oscilan entre los 200 y los 3000 salarios mínimos.
En ese orden, los sectores que representan la Salud Pública y el SDSS coinciden en que es inconstitucional, violatoria a la Ley de Seguridad Social, en el aspecto al derecho a la libre elección que tienen los afiliados, la decisión de las 116 clínicas que conforman la Andeclip, de exigirle a los pacientes que requieran cirugías y otras intervenciones hacerse los estudios diagnósticos en los centros donde estén ingresados.
La ministra de Salud Pública, el titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la incumbente de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) coincidieron en que la medida no es prudente.
Altagracia Guzmán Marcelino invitó al presidente de Andeclip, Rafael Mena, a revisar la decisión, porque no debe darse el lujo de irse al extremo de la inconstitucionalidad.
De su lado, Waldo Ariel Suero, presidente del CMD, dijo que es totalmente ilegal y que encarecería el ejercicio privado de la medicina, porque un paciente no podrá practicarse varios estudios en lugares más económicos.
Mientras tanto, el titular de la Sisalril, Pedro Luis Castellanos, solicitó al presidente de Andeclip, Rafael Mena, suspender la aplicación de la decisión y lo convocó a una reunión para este martes, a fin de discutir el tema.
Nélsida Marmolejos, incumbente de la DIDA, dijo que las clínicas privadas violan el artículo 50 de la Constitución y el principio de la libre elección consagrado en los artículos 3 y 4 de la Ley 87-01.
“La posición de Andeclip imita la decisión de otros Prestadores de Servicios de Salud (PSS), como lo hace la Plaza de la Salud”, comentó Marmolejos.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.