El Gobierno busca iniciar ofensiva neoliberal para traspasar al sector privado empresas estratégicas del Estado.

Desde el inicio del Gobierno ha existido la preocupación de la sociedad dominicana de que su lealtad con los intereses del empresariado provoque el traspaso de una serie de empresas estratégicas del Estado al sector privado.

La ofensiva asociada con este propósito se inició con la aprobación de la Ley 47-20 de alianzas público-privadas, la cual fue promovida con mucha energía por el propio presidente Luis Abinader, aunque luego los esfuerzos disminuyeron para evitar una reacción de rechazo en la sociedad.

El presidente en ningún momento ha simulado su identidad con los intereses del empresariado nacional, de donde proviene, cuyos principales cuadros están estratégicamente ubicados en despachos en el Palacio Nacional.

Las pretensiones en este orden parecen haberse reactivado frente a la crisis económica generada por la pandemia y la mala calidad del gasto publico y en consecuencia la generación de déficits y la necesidad de implementar una reforma fiscal o en su defecto de un mayor endeudamiento externo e interno, el cual en estos momentos llega a niveles realmente preocupantes porque compromete alrededor de un 70 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El tema se concentra en las gestiones que se hacen para traspasar al sector privado la empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), aunque ahora es rectificado porque quien lo había anunciado, a pesar de que la misma genera un promedio de 173 millones de dólares anuales en favor del Estado, según lo revelo el consultor eléctrico Bernardo Castellanos.

El experto precisó que hay una intención desde el Gobierno, especialmente del ministro de Energía y Mina, Antonio Almonte, de entregar todos los activos eléctricos del Estado para que sean administrados por el sector privado.

José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, reveló el pasado jueves que el Gobierno tendrá listo para el próximo año el procedimiento para la venta de activos del Estado, incluyendo los de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), pero ahora ha reculado frente a la reacción de la sociedad por las pretensiones oficialistas.

Negar lo pretendido es una norma en el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader, pero ello tiene su parte mala y también una buena, porque ante la posibilidad de incurrir en un gran error político y económico retrocede por la presión mediática y social, pero que de cualquier modo deja clara una intención que no se ajusta a los mejores intereses del país.

Por su parte, el Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, también ha entrado en los debates al respecto con la afirmación de que la única manera de fortalecer el servicio eléctrico en el país es mediante la inversión de capitales por parte del sector privado.

Sin embargo, aclara que en el Gobierno no existe la intención de privatizar el servicio de energía eléctrica y que las distribuidoras de electricidad se mantendrán como propiedad del Estado.

Agrego de inmediato que el compromiso del Gobierno es con la energía renovable y que a partir del próximo año se harán licitaciones sobre este tipo de recurso.

 Castellanos consideró que no es posible entregar al sector privado empresas muy estratégicas, porque una de las que más beneficio le da al Estado es la EGEHID.

 Explicó el técnico en la materia que del 2009 al 2020 esa empresa ha tenido ingresos por dos mil millones de dólares, para un promedio anual de 173 millones de dólares y que en el 2017 alcanzó los 250 millones de dólares.

Recordó que EGEHID no es una empresa comercial, en el sentido de que no fue concebida bajo la normativa de Código de Comercio, como sucede con las empresas distribuidoras de electricidad y algunas generadoras.

Por su parte, Rafael Salazar, director de la EGEHID, explicó que, aunque ese no es un tema de agenda, ese es un bien del Estado que no puede ser transferido al sector privado, porque está prohibido por las propias leyes dominicanas.

Señaló que esa empresa tiene un valor incalculable y que no representa una carga para el Estado. “la misma maneja sus propios recursos, es un tema que no está ni debe estar en agenda porque es un bien estratégico del país.

Añadió que 92 obras son ejecutadas con recursos de esa institución, como caminos vecinales, mejora de irrigación para cultivos agrícolas, construcción de presas, cuarteles y otros.

Los aprestos para traspasar empresas eléctricas del Estado al sector privado generan en los actuales momentos una gran preocupación en la población, porque lo retrotrae al pasado proceso de capitalización durante el primer gobierno de Leonel Fernández en el que fueron destrozadas varias instituciones públicas que ha dejado un recuerdo amargo al país.