Economía
El Gobierno gastó el año pasado RD$112,464 millones en educación
Ministerio de Educación (MINERD)
SANTO DOMINGO.- El Gobierno gastó el año pasado RD$112,464 millones en actividades educativas, lo que representa el 97.1% del presupuesto asignado a ese sector, según un informe de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
Originalmente, el monto original destinado a esa función fue de RD$118,017.9 millones, lo que representaba el 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, ese monto fue recortado en RD$2,138.2 millones, quedando RD$115,832.8 millones, de los que se ejecutó el 97.1%.
Aun así, comparado con la reestimación del PIB realizada por el Banco Central, que toma como referencia el año 2007 (antes era el 1991), el monto ejecutado asciende al 4% del PIB.
Según la DIGEPRES, la clasificación funcional sirve como “fuente de información general sobre la naturaleza de las funciones del gobierno, y sobre la proporción de los gastos públicos que se destina a cada función en particular”.
Además, revela la verdadera dimensión del esfuerzo financiero del Estado para alcanzar un objetivo, en este caso, la educación que de forma “dispersa” realizan el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), y otras entidades que reciban fondos públicos para esa misma función.
En el ámbito institucional correspondiente al MINERD, que regula la educación básica, el presupuesto ejecutado ascendió a RD$105,980.3 millones, lo que representa el 97.1% de lo asignado para el año.
Esa partida no refleja con precisión el esfuerzo financiero por la educación realizado por el Gobierno a través del MINERD. Esto es así, porque como institución, ese ministerio realiza otros gastos que no se corresponden con la función educación, como es el caso del gasto en propaganda y publicidad, o el de levantar una caseta a un costo de RD$18.5 millones en la pasada Feria del Libro, por ejemplo.
Para 2014, la suma de los presupuestos asignados a ambos ministerios fue de RD$120,295.2 millones, de los cuales el 93.5% fue ejecutado para financiar la actividad educativa (clasificación funcional). Los restantes RD$7,831.3 millones de pesos (6.5 puntos porcentuales), o no se ejecutó, o se ejecutó en actividades que no eran educativas.
Durante 2014, era frecuente ver en los medios de comunicación impresos y televisivos costosas propagandas en las que el MINERD anunciaba las inauguraciones de escuelas y aulas por parte del presidente Danilo Medina, en cada rincón del país.
La Ley General de Educación (Ley 66-97) establece en su artículo 198 que “el gasto público anual en educación guardará una proporción de hasta un ochenta por ciento (80%) para gastos corrientes, y al menos un veinte por ciento (20%) para gastos de capital”. Agrega que en caso de que los planes de desarrollo educativo del país demanden de mayores inversiones de capital “el Estado podrá recurrir al financiamiento o ayuda externa para lo cual se harán las previsiones de lugar”.
Pero por lo sucedido durante el año pasado, parecería que la Ley designa un porcentaje del gasto público anual en propaganda y publicidad, que se recortaría de la inversión o del gasto corriente (que por lo general es para pagar los salarios de los docentes y los insumos y servicios necesarios para la docencia).
El dos de marzo pasado, en un artículo escrito por Jenny Torres, de la Coalición por una Educación Digna (CED), se enumeran los contrastes entre propaganda y realidad en el sector educativo: “Aulas inauguradas cuyas bibliotecas están desprovistas de libros”, “comedores que no tienen la capacidad para atender la cantidad de estudiantes por plantel”, ” inexistencia de talleristas”, “inexistencia de un currículo para cubrir las horas adicionales”, son sólo algunas de las observaciones hecha por la CED en un informe.
En el informe se detallan los casos de 51 escuelas, la mayoría integrada a la modalidad de la tanda extendida, cuya inauguración fue anunciadas con costosas propagandas, “pero arrastrando los males que teníamos anteriormente como la sobrepoblación de estudiantes por aulas y el déficit de profesores por promedio de alumnos en cada plantel”.
Fuente: DIARIO LIBRE
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.