El Gobierno ha tomado una iniciativa que a todas luces es positiva, aunque puede ser de mayor alcance.

 La decisión del Gobierno ha sido una buena iniciativa de someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca regular los referendos como mecanismos para el ejercicio del derecho de participación política de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo a la Constitución y las leyes adjetivas, pero deja que pensar de que se haya excluido el revocatorio.

El depósito de la pieza legislativa en la Cámara de Diputados  estuvo a cargo del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, la cual lleva como título  Ley de referendo, cuya  elaboración estuvo a cargo de una comisión de juristas.

El referendo o referéndum es un mecanismo jurídico mediante el cual se somete al voto popular, leyes o actos administrativos la ratificación de cualquier proyecto de modificación de la propia Constitución de la Republica.

El referendo tiene una multiplicidad de modalidades que no impide el desarrollo de otras formas de participación en la vida política, económica, social y cultural ni el ejercicio de otros derechos civiles o conexos, protegidos por la Carta Magna, las leyes y los tratados internacionales de los que es signatario el país.

El sufragio en sus diversas expresiones será un privilegio de las personas habilitadas para ejercer el voto, incluidos los naturalizados en el país al momento de la celebración del mismo, cuya aplicación del referendo no excluye a los criollos que residen en el exterior  que estén debidamente inscritos en el registro electoral correspondiente.

El referendo contemplado en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo será en dos modalidades, el aprobatorio, el cual será para las reformas constitucionales y el de naturaleza consultiva, pero no se incluyó el revocatorio, pese a que es muy necesario a partir de la realidad nacional.

 Establece el proyecto de ley que los funcionarios encargados de la organización y celebración de los referendos deben evitar situaciones de conflicto de intereses, real o en apariencia, que afecte la integridad del proceso y de cualquier otra circunstancia que impida un comportamiento razonable, justo y equitativo.

La participación en el referendo será mediante el voto universal, libre, igual, directo y secreto, por lo que nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni revelar su voto.

Las actuaciones, por acción y omisión, tendentes a impedir o suprimir el ejercicio del sufragio, serán sancionadas de conformidad con las leyes electorales.

Un aspecto que toma en consideración el proyecto de ley es que cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, así como el de moneda y sobre los procedimientos de reformas establecidos en la Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral.

 La pieza deja claro que la participación ciudadana no altera la representación política de quien detenta el poder político, sino que supone su existencia, con la garantía de la efectividad y la perpetuidad de las políticas de desarrollo y de ese modo lograr que las mismas trasciendan un periodo de gobierno y se conviertan en verdaderas políticas de Estado.