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El Gobierno recibirá de la Barrick Gold en cuatro años US$2,200 millones
Manuel Rocha y Gustavo Montalvo firman el acuerdo.
SANTO DOMINGO. Luego de doce meses de negociaciones, el Gobierno y la empresa minera Barrick Gold, llegaron a un acuerdo, en el que se establece que partiendo de un precio promedio del oro de US$1,600 la onza para el período 2013-2016, el Estado dominicano recibiría US$2,200 millones, equivalente a un 26.3% de los ingresos brutos de exportación, casi seis veces más que lo que estaba previsto.
La segunda enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros especifica, tal como se anunció el pasado 8 de mayo, que el gobierno recibirá ingresos de alrededor de US$11,615 millones durante la vida del proyecto, que equivale al 51.3% del total de los beneficios brutos, en vez de un 37.1%, que recibiría con el acuerdo anterior.
Los términos del nuevo contrato y la conclusión de las negociaciones, fueron anunciadas por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en un acto realizado ayer en el Salón Verde del Palacio Nacional, en el que además del funcionario, rubricó el documento Manuel Rocha, presidente de Barrick Pueblo Viejo.
Montalvo dijo que el acuerdo garantiza que el aumento de los ingresos comience a percibirse de forma inmediata. Recordó que antes, el Gobierno tenía previsto recibir US$377.4 millones durante el período 2013-2016, de un total de ingresos proyectados de más de US$8,000 millones. También se acordó que el pago del Impuesto de Participación de las Utilidades Netas (PUN) entre en vigor este año, y no en 2019, como se estipuló en el anterior contrato.
Sostuvo que por concepto del PUN, según la versión anterior del contrato, el Gobierno dominicano no recibiría nada durante el período 2013-2014, sin embargo, ahora obtendrá US$1,283 millones, siempre partiendo del citado precio promedio del oro.
Con relación a las exportaciones realizadas por la Barrick en 2012, las partes acordaron que la empresa minera, retroactivamente, pagará en el 2013 US$36.4 millones, como impuesto mínimo sobre los ingresos brutos generados por las exportaciones de oro y plata, realizadas entre el 13 de noviembre y el 31 de diciembre del pasado año.
Reglas sobre producción y suministro
El Gobierno y la Barrick convinieron que se contemple la sustitución del fuel oil por Gas Natural Licuado en la planta Quisqueya I, que proveerá electricidad a la mina de Pueblo Viejo, «siempre y cuando esta sea factible y garantice un menor costo».
La empresa minera podrá vender el excedente de energía generada por dicha planta al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni), acogiéndose a las normas y regulaciones que establezca este organismo y la Superintendencia de Electricidad.
Procedimientos de exportación
Otro punto importante del acuerdo es que las partes definirán procedimientos de exportación aplicables a la empresa minera «expeditos y consistentes con las prácticas internacionales». Asimismo -agrega- se establecerán mecanismos para la verificación de la mercancía de exportación de la mina y en los puertos del país.
«De esta forma, tanto la Dirección General de Aduanas, como la Dirección General de Impuestos Internos, dejaron conciliados todos los procesos con la empresa minera, con el objetivo de garantizar la transparencia y la eficiencia para ambas partes», precisó Montalvo.
Aunque no forma parte de la segunda enmienda del acuerdo, la Barrick y el Gobierno acordaron que la empresa pagará US$73.1 millones por concepto de Impuesto sobre la Renta por la ganancia de capital derivada de la operación de venta de Placer Dome República Dominicana, que será pagado en el primer semestre de 2014.
«En los próximos días estaremos llevando este acuerdo al Congreso, notificando los aspectos que han sufrido modificaciones, para su consideración. Esperamos contar con el apoyo del Congreso en la rápida aprobación de esta enmienda», precisó Montalvo.
Rocha dice proceso de negociación fue «largo y difícil»
El presidente de Barrick Pueblo Nuevo, Manuel Rocha, al pronunciar un breve discurso, afirmó que a su llegada al país en septiembre del año pasado, la primera llamada que recibió fue que «viniera a conocer al Ministro», y «ahora nos conocemos muy bien».
Definió el proceso como «una larga y difícil negociación» entre la empresa y la comisión negociadora del Gobierno, bajo el liderazgo de Gustavo Montalvo, con quien aseguró ha desarrollado «una excelente relación».
«Las dos partes reconocemos que no ha sido fácil llegar al acuerdo que hemos firmado hoy día. Lo importante para los intereses de los dos es que con mucha insistencia y con mucho trabajo nos hemos puesto de acuerdo», refirió Rocha.
El presidente de la Barrick Gold dijo que el acuerdo protege una larga lista de beneficios económicos, directos e indirectos que su mega inversión, que calificó de histórica, de más de US$4,000 millones, ha traído al país, y citó como constancia las facturas que pasan por su escritorio de mas de 400 empresas criollas suplidoras de su proyecto.
Danilo medina no estuvo presente
Causó extrañeza que al acto de la firma de la enmienda del contrato con la Barrick Gold no asistiera el presidente Danilo Medina, quien fuera el propulsor de la iniciativa, cuando en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el pasado 27 de febrero, advirtió a los ejecutivos de la empresa: «Hasta ahora hemos sido pacientes. Pero la paciencia tiene un límite». Además, encabezó el 8 de mayo, el acto donde se anunció el acuerdo preliminar. DL supo de fuente segura que previo al acto, Medina se reunió ayer en privado con Montalvo y Rocha. Luego éstos se dirigieron al Salón Verde.
Diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.