Nacionales
El Gobierno recibirá de la Barrick Gold en cuatro años US$2,200 millones
Manuel Rocha y Gustavo Montalvo firman el acuerdo.
SANTO DOMINGO. Luego de doce meses de negociaciones, el Gobierno y la empresa minera Barrick Gold, llegaron a un acuerdo, en el que se establece que partiendo de un precio promedio del oro de US$1,600 la onza para el período 2013-2016, el Estado dominicano recibiría US$2,200 millones, equivalente a un 26.3% de los ingresos brutos de exportación, casi seis veces más que lo que estaba previsto.
La segunda enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros especifica, tal como se anunció el pasado 8 de mayo, que el gobierno recibirá ingresos de alrededor de US$11,615 millones durante la vida del proyecto, que equivale al 51.3% del total de los beneficios brutos, en vez de un 37.1%, que recibiría con el acuerdo anterior.
Los términos del nuevo contrato y la conclusión de las negociaciones, fueron anunciadas por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en un acto realizado ayer en el Salón Verde del Palacio Nacional, en el que además del funcionario, rubricó el documento Manuel Rocha, presidente de Barrick Pueblo Viejo.
Montalvo dijo que el acuerdo garantiza que el aumento de los ingresos comience a percibirse de forma inmediata. Recordó que antes, el Gobierno tenía previsto recibir US$377.4 millones durante el período 2013-2016, de un total de ingresos proyectados de más de US$8,000 millones. También se acordó que el pago del Impuesto de Participación de las Utilidades Netas (PUN) entre en vigor este año, y no en 2019, como se estipuló en el anterior contrato.
Sostuvo que por concepto del PUN, según la versión anterior del contrato, el Gobierno dominicano no recibiría nada durante el período 2013-2014, sin embargo, ahora obtendrá US$1,283 millones, siempre partiendo del citado precio promedio del oro.
Con relación a las exportaciones realizadas por la Barrick en 2012, las partes acordaron que la empresa minera, retroactivamente, pagará en el 2013 US$36.4 millones, como impuesto mínimo sobre los ingresos brutos generados por las exportaciones de oro y plata, realizadas entre el 13 de noviembre y el 31 de diciembre del pasado año.
Reglas sobre producción y suministro
El Gobierno y la Barrick convinieron que se contemple la sustitución del fuel oil por Gas Natural Licuado en la planta Quisqueya I, que proveerá electricidad a la mina de Pueblo Viejo, «siempre y cuando esta sea factible y garantice un menor costo».
La empresa minera podrá vender el excedente de energía generada por dicha planta al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni), acogiéndose a las normas y regulaciones que establezca este organismo y la Superintendencia de Electricidad.
Procedimientos de exportación
Otro punto importante del acuerdo es que las partes definirán procedimientos de exportación aplicables a la empresa minera «expeditos y consistentes con las prácticas internacionales». Asimismo -agrega- se establecerán mecanismos para la verificación de la mercancía de exportación de la mina y en los puertos del país.
«De esta forma, tanto la Dirección General de Aduanas, como la Dirección General de Impuestos Internos, dejaron conciliados todos los procesos con la empresa minera, con el objetivo de garantizar la transparencia y la eficiencia para ambas partes», precisó Montalvo.
Aunque no forma parte de la segunda enmienda del acuerdo, la Barrick y el Gobierno acordaron que la empresa pagará US$73.1 millones por concepto de Impuesto sobre la Renta por la ganancia de capital derivada de la operación de venta de Placer Dome República Dominicana, que será pagado en el primer semestre de 2014.
«En los próximos días estaremos llevando este acuerdo al Congreso, notificando los aspectos que han sufrido modificaciones, para su consideración. Esperamos contar con el apoyo del Congreso en la rápida aprobación de esta enmienda», precisó Montalvo.
Rocha dice proceso de negociación fue «largo y difícil»
El presidente de Barrick Pueblo Nuevo, Manuel Rocha, al pronunciar un breve discurso, afirmó que a su llegada al país en septiembre del año pasado, la primera llamada que recibió fue que «viniera a conocer al Ministro», y «ahora nos conocemos muy bien».
Definió el proceso como «una larga y difícil negociación» entre la empresa y la comisión negociadora del Gobierno, bajo el liderazgo de Gustavo Montalvo, con quien aseguró ha desarrollado «una excelente relación».
«Las dos partes reconocemos que no ha sido fácil llegar al acuerdo que hemos firmado hoy día. Lo importante para los intereses de los dos es que con mucha insistencia y con mucho trabajo nos hemos puesto de acuerdo», refirió Rocha.
El presidente de la Barrick Gold dijo que el acuerdo protege una larga lista de beneficios económicos, directos e indirectos que su mega inversión, que calificó de histórica, de más de US$4,000 millones, ha traído al país, y citó como constancia las facturas que pasan por su escritorio de mas de 400 empresas criollas suplidoras de su proyecto.
Danilo medina no estuvo presente
Causó extrañeza que al acto de la firma de la enmienda del contrato con la Barrick Gold no asistiera el presidente Danilo Medina, quien fuera el propulsor de la iniciativa, cuando en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el pasado 27 de febrero, advirtió a los ejecutivos de la empresa: «Hasta ahora hemos sido pacientes. Pero la paciencia tiene un límite». Además, encabezó el 8 de mayo, el acto donde se anunció el acuerdo preliminar. DL supo de fuente segura que previo al acto, Medina se reunió ayer en privado con Montalvo y Rocha. Luego éstos se dirigieron al Salón Verde.
Diariolibre.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.