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El Gobierno recibirá de la Barrick Gold en cuatro años US$2,200 millones
Manuel Rocha y Gustavo Montalvo firman el acuerdo.
SANTO DOMINGO. Luego de doce meses de negociaciones, el Gobierno y la empresa minera Barrick Gold, llegaron a un acuerdo, en el que se establece que partiendo de un precio promedio del oro de US$1,600 la onza para el período 2013-2016, el Estado dominicano recibiría US$2,200 millones, equivalente a un 26.3% de los ingresos brutos de exportación, casi seis veces más que lo que estaba previsto.
La segunda enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros especifica, tal como se anunció el pasado 8 de mayo, que el gobierno recibirá ingresos de alrededor de US$11,615 millones durante la vida del proyecto, que equivale al 51.3% del total de los beneficios brutos, en vez de un 37.1%, que recibiría con el acuerdo anterior.
Los términos del nuevo contrato y la conclusión de las negociaciones, fueron anunciadas por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en un acto realizado ayer en el Salón Verde del Palacio Nacional, en el que además del funcionario, rubricó el documento Manuel Rocha, presidente de Barrick Pueblo Viejo.
Montalvo dijo que el acuerdo garantiza que el aumento de los ingresos comience a percibirse de forma inmediata. Recordó que antes, el Gobierno tenía previsto recibir US$377.4 millones durante el período 2013-2016, de un total de ingresos proyectados de más de US$8,000 millones. También se acordó que el pago del Impuesto de Participación de las Utilidades Netas (PUN) entre en vigor este año, y no en 2019, como se estipuló en el anterior contrato.
Sostuvo que por concepto del PUN, según la versión anterior del contrato, el Gobierno dominicano no recibiría nada durante el período 2013-2014, sin embargo, ahora obtendrá US$1,283 millones, siempre partiendo del citado precio promedio del oro.
Con relación a las exportaciones realizadas por la Barrick en 2012, las partes acordaron que la empresa minera, retroactivamente, pagará en el 2013 US$36.4 millones, como impuesto mínimo sobre los ingresos brutos generados por las exportaciones de oro y plata, realizadas entre el 13 de noviembre y el 31 de diciembre del pasado año.
Reglas sobre producción y suministro
El Gobierno y la Barrick convinieron que se contemple la sustitución del fuel oil por Gas Natural Licuado en la planta Quisqueya I, que proveerá electricidad a la mina de Pueblo Viejo, «siempre y cuando esta sea factible y garantice un menor costo».
La empresa minera podrá vender el excedente de energía generada por dicha planta al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni), acogiéndose a las normas y regulaciones que establezca este organismo y la Superintendencia de Electricidad.
Procedimientos de exportación
Otro punto importante del acuerdo es que las partes definirán procedimientos de exportación aplicables a la empresa minera «expeditos y consistentes con las prácticas internacionales». Asimismo -agrega- se establecerán mecanismos para la verificación de la mercancía de exportación de la mina y en los puertos del país.
«De esta forma, tanto la Dirección General de Aduanas, como la Dirección General de Impuestos Internos, dejaron conciliados todos los procesos con la empresa minera, con el objetivo de garantizar la transparencia y la eficiencia para ambas partes», precisó Montalvo.
Aunque no forma parte de la segunda enmienda del acuerdo, la Barrick y el Gobierno acordaron que la empresa pagará US$73.1 millones por concepto de Impuesto sobre la Renta por la ganancia de capital derivada de la operación de venta de Placer Dome República Dominicana, que será pagado en el primer semestre de 2014.
«En los próximos días estaremos llevando este acuerdo al Congreso, notificando los aspectos que han sufrido modificaciones, para su consideración. Esperamos contar con el apoyo del Congreso en la rápida aprobación de esta enmienda», precisó Montalvo.
Rocha dice proceso de negociación fue «largo y difícil»
El presidente de Barrick Pueblo Nuevo, Manuel Rocha, al pronunciar un breve discurso, afirmó que a su llegada al país en septiembre del año pasado, la primera llamada que recibió fue que «viniera a conocer al Ministro», y «ahora nos conocemos muy bien».
Definió el proceso como «una larga y difícil negociación» entre la empresa y la comisión negociadora del Gobierno, bajo el liderazgo de Gustavo Montalvo, con quien aseguró ha desarrollado «una excelente relación».
«Las dos partes reconocemos que no ha sido fácil llegar al acuerdo que hemos firmado hoy día. Lo importante para los intereses de los dos es que con mucha insistencia y con mucho trabajo nos hemos puesto de acuerdo», refirió Rocha.
El presidente de la Barrick Gold dijo que el acuerdo protege una larga lista de beneficios económicos, directos e indirectos que su mega inversión, que calificó de histórica, de más de US$4,000 millones, ha traído al país, y citó como constancia las facturas que pasan por su escritorio de mas de 400 empresas criollas suplidoras de su proyecto.
Danilo medina no estuvo presente
Causó extrañeza que al acto de la firma de la enmienda del contrato con la Barrick Gold no asistiera el presidente Danilo Medina, quien fuera el propulsor de la iniciativa, cuando en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el pasado 27 de febrero, advirtió a los ejecutivos de la empresa: «Hasta ahora hemos sido pacientes. Pero la paciencia tiene un límite». Además, encabezó el 8 de mayo, el acto donde se anunció el acuerdo preliminar. DL supo de fuente segura que previo al acto, Medina se reunió ayer en privado con Montalvo y Rocha. Luego éstos se dirigieron al Salón Verde.
Diariolibre.com
Santo Domingo. El Sistema Electrónico de Manejo de Casos de Inspección (SICIT) fue puesto en marcha por Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mejorar el acceso a información, disponibilidad y recolección de datos de las actividades de cumplimiento laboral e inspección del trabajo.
El nuevo sistema se integra con los programas informáticos que maneja el Ministerio de Trabajo y permite que los usuarios del mismo puedan verificar y consultar, desde cualquier lugar, toda la información relacionada con la labor de inspección del trabajo.
Esta nueva herramienta está disponible en las Representaciones Locales y asegura el inicio, seguimiento y gestión del proceso de la inspección del trabajo, registro administrativo y generación de estadísticas.
La nueva plataforma digital facilita la digitalización de la información recopilada por los inspectores de trabajo, el planeamiento y programación de visitas a empresas, centros y lugares de trabajo, administrar usuarios y sus perfiles y poder realizar auditorías de los procesos.
Santo Domingo, R.D.-Mucha oscuridad prevalece todavía sobre la incautación histórica de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo a principio de diciembre, lo que ha generado diversas contradicciones sobre su procedencia, que incluye a Colombia, Guatemala y Honduras, cuyas autoridades dominicanas aun no cuentan con una versión definitiva del caso.
Mientras declaraciones presidenciales confunden sobre la trazabilidad, las autoridades dominicanas aún no dan su versión definitiva.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscó dos contenedores con sustancias ilícitas. Eran movilizadas en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. Ese día, las autoridades informaron que llegaron al país procedentes de Guatemala y el destino final era Bélgica.
Aunque ningún país había asumido la responsabilidad, ya que esto pondría en evidencia la falta de seguridad e incluso la posible complicidad entre entidades gubernamentales y el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ayer que la droga provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
«Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana y que aquí las luchas de seguridad siguen firmas en la lucha contra el narcotráfico«, dijo el 12 de diciembre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.
Estas declaraciones surgieron un día después de que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación para Guatemala, asegurara que en su país el caso estaba «cerrado», debido a que la República Dominicana descartó que el cargamento se produjera en ese país centroamericano.
Monto en el que se valoró la carga de la cocaína.
«No tocó suelo hondureño»
El Gobierno de Guatemala explicó que el contenedor fue inspeccionado mediante tecnología de escáner. El cargamento partió desde Veracruz, México, y realizó una escala en Puerto Cortés, Honduras, antes de ser interceptado en el puerto de Caucedo, en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Dirección General de Aduanas de Honduras confirmó que, según los registros y la trazabilidad del contenedor, este no llegó a ningún puerto hondureño, según los informes certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
«No hay actualizaciones sobre las 9.8 toneladas»
A pesar de que el presidente Luis Abinader informó el 13 de diciembre que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) elaboraban un informe sobre el alijo de 9.8 toneladas de droga, Diario Libre contactó hoy a la DNCD, desde donde se reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la entidad encargada de la investigación.
El operativo para el histórico decomiso se extendió por más de 20 horas, luego de que un aviso de inteligencia alertara a los agentes sobre movimientos inusuales en uno de los bloques de la terminal portuaria. Esta alerta permitió coordinar un despliegue estratégico para inspeccionar y asegurar el área, lo que culminó en el decomiso.
- Ese día, la DNCD dijo que el contenedor en que fue encontrada la droga provenía de Guatemala y estaba destinado para llegar a Bélgica, en Europa. El 9 de diciembre las autoridades incineraron el cargamento.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.