Un Gobierno que rompe su propia legalidad y coloca en la presidencia del PLD a un cuestionable.

El Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) violenta su propia legalidad cuando promueve el no respeto de la  Constitución de la República y de las leyes adjetivas de la nación con procedimientos  como espiar a todo ciudadano que tenga una posición disidente.

Lo ocurrido con los diputados Henry Merán y Rubén Maldonado, a pesar de que nadie comparte sus desaprensivas amenazas,  no tiene ninguna justificación y es  una acción del Gobierno al margen de la ley y violatoria de la carta magna, constituyéndose en un indicativo de que la democracia no es más que de palabras y de retórica política.

Pero el comportamiento del Gobierno al respecto deja claro que esa es una conducta que ha creado una cultura en el sector oficial, donde cada día se envía el mensaje de que nada es nada y que la desvergüenza es su mejor carta de presentación.

El Gobierno de Danilo Medina y de su antecesor Leonel Fernández han sido coherentes con un accionar violatorio de la normativa jurídica y como ejemplos se podrían tomar los casos de Juniol Ramírez, cuyo asesinato fue el resultado de un plan para callarle la boca ante la corrupción prevaleciente en la Oficina Metropolitana de Transporte (OMSA) y que el principal acusado está pendiente de extradición en los Estados Unidos por una cuestión que nadie entiende.

Igual cosa ha ocurrido con una serie de personajes del sector oficial, como Gonzalo Castillo, de quien  no existe ninguna duda de sus vínculos con el caso Odebrecht, lo cual aumenta las sospechas con la escogencia por parte de este candidato presidencial como encargado de su campana al vicepresidente de la Superintendencia de Electricidad, Rubén Bichara, responsable de la planta a carbón de punta catalina, cuerpo del delito del soborno y de la sobrevaluación en perjuicio del gobierno.

El otro paso que va en la misma línea de la conducta delincuencial y de impunidad del Gobierno es la escogencia como presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del ingeniero Temístocles Montas, quien cuando fue imputado en el caso Odebrecht reveló que  ciertamente había recibido dinero de la multinacional para la campaña electoral de su organización del año 2016.

Toda esta conducta indica que el PLD lesiona su propia legalidad y envía el mensaje de que la ley no importa, lo cual institucionaliza  en el país una cultura de la impunidad que deja muy mal parado al Estado y promueve valores éticos y morales equivocados.

Son muchos más los casos que revelan que el PLD se inclina por un tipo de gobierno que vulnera su propia legalidad y que pone en peligro la poca institucionalidad que prevalece en el país, lo cual es una grave amenaza de conducir a la República Dominicana hacia una sociedad donde no exista un verdadero estado de derecho.

Podrían mencionarse una serie de casos más, como por ejemplo el de los supertucanos, los casos de Félix Bautista, el de Diandino Pena y otros tantos personajes vinculados al Gobierno que hoy exhiben fortunas que son un bochorno para cualquier dominicano que se respete.

Nadie en la República Dominicana pone en duda que los gobiernos peledeístas son delincuentes y que han impuesto en el país un sistema de ilegalidad que crea una cultura a este respecto que lesiona gravemente a toda la sociedad y en consecuencia a la mal llamada democracia.