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Establecerá controles para el transporte turístico en RD
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Un proceso de recertificación de las empresas de transporte inició el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a fin de crear un Centro de Control de Transporte Turístico.
Hugo Beras, director de la institución, informó que ha sido iniciada la evaluación de licencias y los requisitos de quienes pueden prestar estos servicios a fin de imponerles más controles.
“Lo hemos estado haciendo con el transporte de carga, aplicando con tecnología para detectar cualquier tipo de situación como el exceso de velocidad o imprudencias, y el mismo modelo haremos con el servicio de transporte turístico”, dijo.
La medida se da a conocer horas después del accidente de tránsito ocurrido el jueves, en el que un autobús cargado de turistas se volcó en el Boulevard Turístico del Este, en Bávaro, con saldo hasta el momento tres fallecidos y más de 40 heridos.
Reveló que junto al Ministerio de Turismo está siendo instalado un Centro de Control de Transporte Turístico con el fin de evitar estos accidentes.
INVESTIGAN CAUSA DEL ACCIDENTE
Beras señaló que un equipo del INTRANT realiza un levantamiento para determinar la razón del accidente e implementar las acciones correspondientes.
Dijo que específicamente se intervino el cruce Domingo Maíz, lugar de cercanía del accidente, donde están siendo colocados reductores de velocidad.
RESPONSABLE ACCIDENTE BAVARO NO CONDUCIRA MAS
Beras también informó que le fue suspendida la licencia a Franklin Nin, el conductor del autobús accidentado.
Explicó que debido a la imprudencia cometida, Nin no podrá conducir jamás un vehículo de manera legal, por lo menos hasta que pase su proceso judicial.
Nin se encuentra detenido y es investigado por las autoridades.
El Director del INTRANT corroboró, asimismo, la versión de la turista chilena Dominique Dreman, sobreviviente del accidente, quien aseguró que Nin conducía a alta velocidad.
El autobús se volcó con 52 extranjeros cuando se dirigían a una excursión a la isla Saona.
Las tres víctimas fatales han sido identificada como Valeria Victoria Brovelli, argentina de 33 años; Karla Rodríguez Dionisio, peruana de 40, y Valeria Paola Medina, argentina de 44.
Unos 14 turistas argentinos viajaban en el autobus, de los cuales tres están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Dos se encuentran en estado delicado y uno estable.
24 TURISTAS SIGUEN INGRESADOS
Este sábado las autoridades de socorro informaron que 24 turistas permanecían ingresados en tres centros de salud de Bávaro.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aseguró en un comunicado que en la clínica Hospiten se encuentran seis de los 19 turistas heridos.
Asimismo, 10 pacientes se encuentran recibiendo asistencia en el Centro Médico Punta Cana y otros 14 permanecen internados en la clínica IMG.
Este sábado, psicólogos y psiquiatras estarán dando apoyo a los afectados, dijo el COE, al precisar que un grupo de funcionarios del área de la salud se encuentra en el lugar para dirigir el proceso.
«Actualmente todo está bajo control y con capacidad resolutiva», afirmó el documento.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.