La tragedia ocurrida en el Jet Set tiene como responsable de la misma, tal vez en igual o mayor proporción, al Estado dominicano, no por comisión, sino por omisión, ya que no tiene una política de fiscalización y supervisión de las obras públicas y privadas que se construyen en el país.
Este periódico ni siquiera atribuye la irresponsabilidad del Estado al hecho de que exista o no exista una ley que disponga la reclamada supervisión y fiscalización pública de los edificios que se levantan en todo el territorio nacional.
Ello así, porque quién no sabe que el país tiene una gran variedad de leyes que son letras muertas, como, por sólo citar una, la que dispone que las construcciones deben regirse por la Ley anti sísmica, la cual no debe ser inaplicada por la realidad nacional de que somos un territorio con grandes riesgos de la ocurrencia de terremotos y otros fenómenos naturales.
Pero la pregunta que se impone es quién cumple con esa norma, absolutamente nadie, y cuando algún funcionario hace un simulacro de aplicarla es para buscar dinero, no para evitar una tragedia nacional.
El problema no se circunscribe al sector de la construcción y a la ley anti sísmica, sino que el país está lleno de regulaciones legales que sólo se aplican mínimamente cuando no hay dinero para el bolsillo del responsable de que la misma se ejecute.
Es decir, que tragedia como la ocurrida en el Jet Set no será la última ni la primera en la República Dominicana, porque en los casos en que la violación llegue a los tribunales, el asunto es tratado de tal manera que las victimas terminan frustradas y decepcionadas porque los jueces le dan larga al problema.
De manera, que la tragedia del Yet Set es un problema que no es tan fácil de resolver por los niveles de corrupción que predominan en el sector público y por la poca cultura de establecer en el país un régimen de consecuencia para el que no cumple con la ley reciba el castigo correspondiente.
Sin embargo, debe agregarse que lo más grave y preocupante en este tenor es la cultura de la improvisación y la falta de planificación estratégica, las cuales son herencias desde los tiempos de la colonia que caminan de la mano con las autoridades nacionales y con cada uno de los ciudadanos dominicanos.
Es decir, que la expresión de que el dominicano le pone candado a la casa después que le roban tendrá vigencia por un largo tiempo a menos que el ciudadano contribuya para construir un Estado que cambie ese paradigma a través de una nueva y más eficiente democracia,