¿Es el Ministerio Público inepto, negligente o cómplice del delito y el crimen?

Necesariamente todos los dominicanos tienen que colocarse en los zapatos de los familiares de la joven abogada asesinada sin piedad por su esposo en San Pedro de Macorís, cuyas trágicas consecuencias son el resultado de la irresponsabilidad del Ministerio Público, órgano que se ha convertido en el instrumento  ideal para más que combatir, promover el crimen y el delito en la República Dominicana.

Con  respecto a política  criminal la sociedad camina manga por hombre, sin que haya un régimen de consecuencia para el que no sólo comete un acto delincuencial, sino también para los fiscales que se mueven a sus anchas entre la ineptitud, la negligencia y la complicidad.

No hay un día que en el país no salga a la luz  una conducta cuestionable del Ministerio Público, pero las respuestas de la Procuraduría General de la República cuando no es el silencio,  es buscar  de justificar  su mal procedimiento.

No pasaron muchos días del escándalo de proyección internacional de una mujer  que tenia la función de fiscal intentar colocarles drogas a unos jóvenes de una balbería de Villa Vásquez y ahora la alarma se refiere a un asesinato de una joven abogada de San Pedro de Macorís, madre de tres niños, que dejó en la orfandad.

Pero antes ya se conocía el caso de Odebrecht y el de Cesar el «Abusador» por sólo  mencionar algunos, pero el Ministerio Público está involucrado en una lucha sin explicación lógica con aquellos que son victimas de diferentes crímenes y delitos, pero que su misión parece ser  el envío a archivo definitivo de las querellas y denunciadas  presentadas, por un asunto de ineptitud, negligencia o complicidad.

El problema realmente tiene una dimensión mucho mayor de lo que cualquiera se pueda imaginar, ya que es como si los miembros del Ministerio Público hayan sido formados para no identificar los ilícitos penales, porque todos los casos de delitos o crímenes buscan transferirlos a lo civil.

La gente tiene el grito al cielo, dado que ahora los privilegios en la justicia se han democratizados tanto que la falta de acción del Ministerio Público ya no es sólo en favor de aquellos que cuentan con dinero para pagar sobornos, sino que también se observa que ni los rateros reciben la sanción que mandan las leyes penales del país, cuya libertad es otorgada en cuestión de horas.

La conclusión de una buena parte de los ciudadanos es que en la República Dominicana murió el estado de derecho y que el meta mensaje que recibe la gente es que recurra a la vía de hecho, lo cual podría retrotraer la nación a la edad de piedra en la que predominó la expresión de diente por diente y ojo por ojo, constituyéndose en un peligro para la armonía social y la convivencia nacional.

La propia Policía Nacional como auxiliar del Ministerio Público, a pesar de que es parte del problema, pero se observa que luce cansada y enferma, porque ahora no hay forma de procesar a un delincuente a menos que no sea sorprendido en la comisión del crimen o del delito, cuya liberación se produce también casi de inmediato.

Fenómenos como la impunidad y lo que muy bien podría llamarse una corrupción generalizada, que va desde arriba hacia abajo y lo contrario, arropa hoy a la sociedad dominicana que tiene muy preocupados a amplios sectores de la vida nacional.