Editorial
El Ministerio Público soporte de lo mal hecho y de la corrupción.
La Jueza del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Kaila Pérez Santana, acaba de ser apoderada de un recurso de objeción al archivo definitivo de ocho de los encartados del caso Odebrecht, entre cuyos beneficiarios está Temístocles Montás, quien luego de ser apresado admitió haber recibido dinero de los actos de corrupción que envuelve el proceso.
El recurso de oposición se produce mucho tiempo después del que otorga la ley para recurrir con la objeción, pero el argumento fundamental en este caso es que se violaron todos los procedimientos para acogerse a la figura jurídica conocida como archivo provisional y definitivo.
Habría que ver qué tratamiento le da esta jueza de instrucción al caso, lo cual podría implicar que el más escandaloso caso de corrupción en contra del Estado tomaría otro curso y que incluso el proceso podría dejar los resultados esperados por la sociedad.
Sin embargo, hay que dejar claro que este tipo de recurso ha causado grandes daños a la sociedad dominicana, porque los archivos definitivos son pocas las veces en que han sido revertidos, sobre todo porque se trata de un sistema profundamente corrompido y concebido para promover anti valores y distorsiones que matan la poca credibilidad que tienen las instituciones, sobre todo las del sector público.
La procuraduría general de la República, cuya titular es una mujer con una buena reputación de independiente y que se supone que quiere salir fortalecida del puesto, debe disponer una investigación en todo el territorio nacional para que compruebe los miles de casos que están archivados en el Ministerio Público por una irresponsabilidad de los fiscales.
En estos casos las víctimas se han cansado de dar viajes a las sedes del Ministerio Público y a su auxiliar, la Policía Nacional, porque en ambas órganos sólo reciben maltrato e indiferencia frente a sus querellas o denuncias.
El problema es mucho más grande de lo que cualquiera pueda pensar, dado que la presencia y en consecuencia la ineficiencia del Estado es una realidad innegable y palpable mientras el ciudadano se aleja de la ciudad capital, tanto es así que prácticamente no existe el estado de derecho y lo que se impone es la vía de hecho.
Este fenómeno es tan fácilmente comprobable que para vivirlo no hay que ir hasta Dajabón o cualquier otro pueblo fronterizo, sino que con sólo examinar la conducta de los fiscales en la segunda ciudad en importancia del país, Santiago, se confirmará cual es la realidad del órgano que está supuesto perseguir el delito y el crimen.
Naturalmente, el fenómeno no es exclusivo del Ministerio Público, sino que igual ocurre en el nivel jurisdiccional, ya que los jueces fallan los casos después de mantenerlos secuestrados por muchos meses y hasta años y al final emiten una sentencia sin haber estudiado los expedientes.
Seria una gran cosa que la procuradora general de la República Dominicana iniciara una revisión del comportamiento de los fiscales para que compruebe que el país todavía es una selva en lo que respecta al Ministerio Público y que el estado de derecho hace mucho que no existe, fruto de que el órgano que debe jugar el papel persecutor para resarcir a las victimas y a la sociedad sencillamente es una gran falsa.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana