Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República aprobó este miércoles en primera discusión la modificación a la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un proyecto busca enmendar los fallos a la normativa aprobada en enero y que fue cuestionada por considerarse un atentado a la intimidad y libertad de expresión.

La pieza contó con 23 votos de 24 senadores presentes. El único que votó en contra fue Omar Fernández, representante del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo (FP). Previamente, se leyó un informe favorable y se votó para la que la propuesta sea incluida en el orden del día.

La enmienda fue depositada en el Congreso por el Poder Ejecutivo tras un consenso entre el Gobierno, la sociedad civil y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), que objetó la legislación por ser un atropello al ejercicio periodístico.

Modificación

Para esta ocasión, los senadores modificarán los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley 1-24, con el objetivo de clarificar y especificar la sujeción constitucional de la legislación.

Además, plantea la fusión de los artículos 1 y 2, a fin de definir los términos clave que envuelve la ley, como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros.

Asimismo, se modificará el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación institucional entre la protección de la privacidad de los usuarios. Este se leerá: «Garantizar, en coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la seguridad cibernética en las telecomunicaciones, protegiendo la privacidad e integridad de los datos de los usuarios finales, conforme se establezca en el reglamento de la presente ley».

El artículo 11 se alterará para fortalecer las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales.

La pieza deberá leerse en una próxima sesión antes de aprobarse en segunda lectura y ser enviada a la Cámara de Diputados.

Santo Domingo, R.D.-El pasado 31 de octubre, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) reveló que desmembró una red delictiva en el interior de la Policía Nacional dedicada a la venta ilegal de municiones.

Las informaciones compartidas por el órgano rector del cuerpo policial fueron enviadas en un comunicado, donde expuso también a oficiales superior y subalterno que eran parte esencial en la ejecución de este entramado criminal, perseguido por una supuesta “extracción irregular” de las cargas.

Los artefactos de metralla estaban en los depósitos ubicados en las oficinas del Palacio de la Policía, donde se supone deben ser protegidos y utilizados únicamente para labores que aseguren la seguridad ciudadana.

A diferencia de otros casos en los que quienes son investigados no pertenecen a la institución policial, el MIP fue muy cerrado al expresar ayer datos importantes sobre este caso, ya que aseguraron su intención de no “entorpecer” el proceso de investigación.

Para la titular del MIP, Faride Raful, detalles tan fundamentales como los es la cantidad de agentes involucrados y los nombres de los miembros policiales no son posibles exponerlos en este momento, debido a que podría alterar la recolección de pruebas realizada por el Ministerio Público (MP).

Aclaró que esto permitirá tener una justicia con mayor precisión e independencia. Por lo que, según resaltó, no se trata de “revestir con impunidad” las pesquisas que desarrolla el órgano persecutor.

“Todos los procesos investigativos se determinan de esta manera para poder tener una justicia precisa e independiente tenemos que cumplir con el debido proceso No por esperar que se quiera decir que estamos revistiendo de impunidad”, dijo Raful.

Respondiendo a las preguntas de los periodistas, la incumbente fue reiterativa al adelantar que serán los representantes del Ministerio Público quienes señalarán a los agentes policiales acusados.

“Sometimos ante el Ministerio Público los mismos y el Ministerio Público está realizando ya la parte completiva que corresponde, me imagino que en los próximos días estarán viendo todos los detalles”, explicó.

Además, resaltó el compromiso del director de la entidad ciudadana, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue uno de los principales colaboradores que lograron identificar estas anormalidades.

“Inmediatamente, pudimos determinar algunas incidencias con la colaboración del respaldo pleno de nuestro general Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, que hay que decir que hubo un hecho sin precedentes para esta policía, pues quien la encabeza, es uno de los principales actores para que esta investigación saliera a flotes, sin importar quienes estuvieran involucrados”, aseveró Raful, mientras presidía la rueda de prensa de la reunión del Plan de Seguridad Ciudadana, donde los organismos de seguridad comparten los resultados de la semana.

Peralta aprovecho su intervención para confirmar que se produjeron «cambios rutinarios» en la Intendencia de Armas de la Policía, donde ordenó la sustitución del extitular, coronel Narciso Félix Romero para colocar al Francisco Adolfo Francisco Pimentel, quien tiene el mismo rango.

Nuevo mecanismo

Partiendo de los hallazgos detectados en una etapa de introspección que tardó tres meses, el MIP anunció que implementará un esquema diferente de supervisión, para garantizar la seguridad del inventario policial.

Bandas criminales

Precisamente, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó el pasado 8 de octubre a los países suscritos la importancia de aplicar y cumplir el embargo de armas para frenar los suministros que reciben las agrupaciones criminales en Haití.

Esta es una medida acogida por el Consejo de Seguridad de la ONU para reducir las muertes violentas que se han registrado en el vecino país.

Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que transfirió RD$349 millones a los distritos educativos para que cubran sus gastos operativos y anunció que esta semana transferirá RD$700 millones adicionales a diferentes regionales educativas del país.

La directora de Ejecución Presupuestaria del Minerd, Carmen Cepeda, explicó que la transferencia de recursos se hizo en cumplimiento de lo que establece la Resolución No. 02-2019 para el Manejo de los Fondos Asignados a las Juntas Descentralizadas.

No obstante, la cartera educativa recordó que esa normativa establece claramente que aquellas juntas descentralizadas que no ejecuten el 65 % de los fondos de la última transferencia no recibirán los fondos correspondientes al siguiente período.

 Cepeda indicó que el distrito educativo al que pertenecen la Escuela Filomena Gómez Santana y el Liceo Secundario Coronel Rafael Tomás Fernández, cuyo equipo de gestión se quejó por falta de recursos, dispone de más de RD$11 millones.

“A ese distrito se le indicó, al igual que a otros, que con la disponibilidad de recursos que presentaban cubrieran las necesidades de los diferentes centros educativos bajo su dependencia”, indicó Cepeda. La recomendación fue extendida a las regionales, distritos y centros educativos que reciben recursos de manera directa.