República Dominicana.-Para enfrentar la inmigración, principalmente haitiana, República Dominicana inició la construcción de un muro en la frontera con ese país a comienzos de 2022.
Pero la construcción de lo que el presidente Abinader denomina ‘valla inteligente’ también suscita críticas. Reportaje de la serie ‘Muros del mundo’ realizado por Alice Campaignolle, enviada especial de RFI a la frontera entre República Dominicana y Haití.
Esta iniciativa de muro, o «valla inteligente» según las autoridades, es otro paso en la política anti-haitiana implementada al nivel más alto del gobierno dominicano.
Las dificultades para obtener documentos y las expulsiones ilegales son corrientes para los migrantes haitianos en República Dominicana desde hace varios años.
Domingo está sentado delante de una pequeña casa de madera. Desde hace unos meses, tiene vista al muro, a pocos pasos del puente fronterizo de Dajabón.
El proceso de construcción del muro o valla inteligente entre República Dominicana y Haití/ JOSÉ ALBERTO MALDONADO | ARCHIVO LD
Domingo está de acuerdo con la construcción del muro y considera que es «una buena iniciativa para todos». La principal razón son los robos.
«Aquí, de este lado, si tienes una vaca, no está segura. Los haitianos te la robarán. Pero ahora van a poner alambre de púas en la parte superior. Porque, bueno, imagínate… No se puede confiar en los haitianos. ¿Ves ese árbol allí? Bueno, se suben a él y logran pasar por encima del muro. Pasan, no les importa. Por eso se necesita poner alambre de púas».
VALLA INTELIGENTE
Por el momento, el muro tiene entre dos y tres metros de altura. Algunas partes aún no han sido terminadas. La impresión general es la de un terreno baldío, más que una zona militar vigilada.
Nos dirigimos al ayuntamiento de Dajabón, donde Santiago Riverón, el alcalde, explica el proyecto: «La gente lo llama muro, pero es una «valla inteligente». Inteligente por la tecnología que incluye, entre otras, un sistema de cámaras, seguridad constante, un sistema de control. Todo ello será gestionado por el ejército. En dos meses, se completará la primera parte. No olvidemos que hay muchos kilómetros de frontera. Por ahora, oficialmente se completarán los primeros 50 kilómetros».
Según el funcionario, el muro ya tiene efectos positivos en la comunidad: «El muro fue una demanda de muchos ciudadanos dominicanos. Especialmente para responder a los robos. Aquí, puede suceder que se roben 30, incluso 40 vacas de una sola vez. Y, por supuesto, está el problema de la migración. Para la mayoría de las personas, este muro permitirá controlar esta situación».
Obreros trabajan en el muro entre Haití y República Dominicana/ JOSÉ ALBERTO MALDONADO | ARCHIVO LD
Impotencia de las autoridades
Pero no todos comparten esa opinión. Uno de ellos es Gonnell Franco, periodista y residente de Dajabón. Lo entrevistamos en el puesto fronterizo situado entre Haití y República Dominicana.
«El sector que más apoya el muro es principalmente el de la cría de ganado. Los ganaderos son los más afectados por los robos. Pero, en realidad, para ese problema, lo que se necesita es hacer cumplir la ley, no construir un muro. Construyendo un muro, las autoridades reconocen su incapacidad. Además, los militares estarán a cargo de vigilarlo. Los mismos militares que son incapaces de controlar la frontera. Hay realmente mucha corrupción. Cada mes, se publica un informe oficial con las cifras de cuántas personas han sido expulsadas (de Santo Domingo), pero siguen repitiéndonos que el país está lleno de haitianos. ¿No piensa usted que es incomprensible?».
La naturaleza tampoco se ha librado de esta construcción: «En la zona de la laguna Saladilla, se derribaron cientos de mangles a pesar de las protestas y el rechazo de la población. Los daños ambientales son realmente terribles».
El muro debería tener eventualmente 164 kilómetros de los casi 400 que conforman la frontera dominico-haitiana. Los primeros cincuenta kilómetros costaron 28 millones de euros y en su mayoría fueron construidos por migrantes haitianos.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.