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Sólo falta la designación del titular del nuevo Ministerio de Justicia.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader durante La Semanal del pasado 18 de agosto informó a los medios de comunicación que el Gobierno se encuentra trabajando en la conformación de lo que será el nuevo Ministerio de Justicia.
En esas declaraciones, el gobernante incluso aseguró que ya se tiene ubicada la edificación donde ese ministerio tendrá sus oficinas principales; sin embargo a poco más de un mes de esa comparecencia del encargado del Poder Ejecutivo, aún resta una disposición para que esa nueva institución comience su proceso de estructuración de manera oficial.
El artículo 66 de la ya promulgada ley señala que el Ministerio de Justicia tendrá un plazo máximo de 12 meses para entrar en funcionamiento a partir de la designación de su titular, lo que aún no se ha producido desde el Gobierno.
La ley establece que ese funcionario deberá desarrollar una “estrecha coordinación” con cada una de las instituciones de las cuales asume algún tipo de función; como son el Ministerios Público, Industria, Comercio y Mipymes, el de Relaciones Exteriores, al igual que cualquier otra entidad de los poderes judiciales y ejecutivo del Estado.
Hasta el momento el nombre más señalado a ocupar esa posición ha sido el del propio Romero, quien es la persona que se ha encargado de explicar cuál sería el funcionamiento de la naciente estructura dentro del actual sistema penitenciario.
Por igual se ha mencionado el nombre de Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, partido que fue aliado al Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante el pasado proceso electoral.
Moreno fue el candidato del oficialismo para la senaduría del Distrito Nacional, contienda que terminó perdiendo de Omar Fernández y la Fuerza del Pueblo.
El Ministerio de Justicia tendrá el objetivo de asumir las funciones administrativas del sistema judicial, descargando al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República de diversas asignaciones; de manera específica, asumiría, entre otras responsabilidades, la gestión del esquema penitenciario, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación. Así como también el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.