Editorial
El país ha tocado fondo en el irrespeto de la ética.
La mayoría de los países del mundo que han logrado colocarse en un sitial de crecimiento y desarrollo nacionales importantes ha sido sobre la base del respeto a la ética y del apego a ejes tan importantes como la educación.
Esta ha sido la clave para convertir en un ejemplo en esta materia a una serie de países, sobre todo de Asia y Europa, así como de América del Norte.
Entonces estos valores son de primer orden para una verdadera transformación nacional, lo cual, naturalmente, tiene que ser reforzado con otros de igual importancia en una sociedad como la dominicana.
Este periódico entiende que el país demanda de que amplios sectores de la vida nacional construyan herramientas para restablecer valores, como la lealtad, la solidaridad, la reciprocidad y la hermandad, porque ello representa una buena zapata para desarrollar ideas de trabajo colectivo y de defensa de la familia, de la sociedad y del Estado.
Esto no es tan fácil de entender con el tipo de educación que prevalece en el país, donde no importa la cantidad de dinero del producto interno bruto que se destine a este sector, ya que los resultados siempre serán los mismos.
Donde no interviene la ética y la moral muy difícilmente los resultados pueden ser buenos y necesariamente hay que tomar de ejemplo lo que ha ocurrido con el cuatro por ciento, cuyos mayores recursos han quedado en las garras de la corrupción administrativa.
Es tan grave el problema que son incontables las escuelas construidas con el cuatro por ciento, pero ninguna representa una garantía de que el país tendrá estudiantes que llenen las expectativas.
Es un problema de nunca acabar y ante esa realidad el trabajo es duro e intenso para los propósitos deseados, lo cual será mucho más difícil con los supuestos mecías que se convierten en candidatos a cargos electivos porque están confabulados a lo interno de la partidocracia o porque se suman a ella a través de la compra de una de esas organizaciones.
Es un asunto mucho más complejo de lo que cualquiera pueda creer, ya que no se trata de que se busquen soluciones puritanas, pero que si predominen las buenas ideas y que los actores de esos cambios estén dotados de una profunda espiritualidad y que estén convencidos de la transitoriedad de la vida.
Siempre este periódico ha creído de que en la vida hay dos grandes filas, la del banco para depositar o retirar dinero, de la cual usted puede salirse cuando le sea conveniente y una segunda que está asociada con la muerte, la cual la persona no puede abandonar aunque quiera, por lo que se impone darle más valor a la segunda porque es la única que lleva a que se piense en el legado más que en la mercancía llamada dinero, esta última fuente de discordia y de grandes divisiones familiares.
Se impone restablecer valores para el logro de una mejor sociedad, cuyo proceso no choca con los avances científicos y tecnológicos, pero si con las distorsiones que hoy constituyen grandes obstáculos para tener una autentica y racional armonía social, un mejor estado de derecho y una verdadera democracia.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.