Nacionales
El país registra 1,095 homicidios en los primeros ocho meses de este año
SANTO DOMINGO. Durante los primeros ocho meses de este año en el país se han registrado 1,095 homicidios, según estadísticas de la Procuraduría General de la República. Estos datos dejan al descubierto una cruda realidad: que muchos jóvenes están muriendo.
De acuerdo con el informe, los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años de edad, resultaron las víctimas en esos meses en el mayor número homicidios. Unos 601 para ser exactos.
Cuando se comparan esos números con los de igual período del año pasado, se observa que esta situación, en vez de mejorar, ha empeorado, puesto que en los primeros ocho meses de 2016 se registraron 1,082 homicidios, y el número de las víctimas con edades de 18 a 34 años fue de 548.
Esto indica que en ese rango de edad, los homicidios sumaron 53 víctimas más que el año anterior.
Una de esas víctimas en las estadísticas de este año llevaba el nombre de Fullcy Pereira Laureano. El pasado 21 de agosto, mientras ese joven de 21 años llegaba a su residencia en Pedro Brand, dos delincuentes lo intentaron asaltar y lo mataron de un disparo. El hecho ocurrió a las 9:00 de la noche.
En el caso de Pereira se conjugan muchos de los componentes que se presentan en las estadísticas de 2017. Fue una de las 292 personas que murieron víctimas de la delincuencia. Su deceso se produjo en la noche, y, de acuerdo con el informe, desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana es el lapso en el que más homicidios ocurren.
Otra información que se desprende del informe da cuenta que desde enero hasta agosto del 2017, los hombres fueron el mayor número de víctimas de homicidio, o sea, de 1,095 homicidios 942 eran de sexo masculino, frente a 153 féminas.
Los fines de semana son los días en los que más homicidios se cometen. Los domingos se registran los números más elevados. Los datos de la Procuraduría General de la República indican que de enero hasta agosto, la mayor cantidad de homicidios ocurrieron los domingos: 263 de un total de 1,095; seguido de los sábados y los lunes.
El mayor número de homicidios se comete con armas de fuego (537 en ocho meses), además, 408 muertes de este tipo fueron utilizando armas blancas como cuchillos y puñales, mientras que 150 homicidios fueron llevados a cabo con otros tipos de armas que la Procuraduría no especifica.
El Distrito Nacional y la provincia Santiago son las dos demarcaciones a nivel nacional en donde mayor cantidad de homicidios ocurrieron, establecen los datos oficiales.
En el período en cuestión ocurrieron 292 homicidios relacionados con la delincuencia. Además de 482 que las autoridades no relacionan a esa causa.
En los primeros ocho meses de este año, julio fue el que más homicidios registró, en total hubo 151. Seguido por marzo, con 150 casos, y mayo con 144.
Hay que mencionar que en el período en cuestión, la Procuraduría General de la República registró 68 homicidios en los que estuvo involucrada la acción de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas o las Fuerzas Armadas.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.