Nacionales
El país registra 1,095 homicidios en los primeros ocho meses de este año
SANTO DOMINGO. Durante los primeros ocho meses de este año en el país se han registrado 1,095 homicidios, según estadísticas de la Procuraduría General de la República. Estos datos dejan al descubierto una cruda realidad: que muchos jóvenes están muriendo.
De acuerdo con el informe, los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años de edad, resultaron las víctimas en esos meses en el mayor número homicidios. Unos 601 para ser exactos.
Cuando se comparan esos números con los de igual período del año pasado, se observa que esta situación, en vez de mejorar, ha empeorado, puesto que en los primeros ocho meses de 2016 se registraron 1,082 homicidios, y el número de las víctimas con edades de 18 a 34 años fue de 548.
Esto indica que en ese rango de edad, los homicidios sumaron 53 víctimas más que el año anterior.
Una de esas víctimas en las estadísticas de este año llevaba el nombre de Fullcy Pereira Laureano. El pasado 21 de agosto, mientras ese joven de 21 años llegaba a su residencia en Pedro Brand, dos delincuentes lo intentaron asaltar y lo mataron de un disparo. El hecho ocurrió a las 9:00 de la noche.
En el caso de Pereira se conjugan muchos de los componentes que se presentan en las estadísticas de 2017. Fue una de las 292 personas que murieron víctimas de la delincuencia. Su deceso se produjo en la noche, y, de acuerdo con el informe, desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana es el lapso en el que más homicidios ocurren.
Otra información que se desprende del informe da cuenta que desde enero hasta agosto del 2017, los hombres fueron el mayor número de víctimas de homicidio, o sea, de 1,095 homicidios 942 eran de sexo masculino, frente a 153 féminas.
Los fines de semana son los días en los que más homicidios se cometen. Los domingos se registran los números más elevados. Los datos de la Procuraduría General de la República indican que de enero hasta agosto, la mayor cantidad de homicidios ocurrieron los domingos: 263 de un total de 1,095; seguido de los sábados y los lunes.
El mayor número de homicidios se comete con armas de fuego (537 en ocho meses), además, 408 muertes de este tipo fueron utilizando armas blancas como cuchillos y puñales, mientras que 150 homicidios fueron llevados a cabo con otros tipos de armas que la Procuraduría no especifica.
El Distrito Nacional y la provincia Santiago son las dos demarcaciones a nivel nacional en donde mayor cantidad de homicidios ocurrieron, establecen los datos oficiales.
En el período en cuestión ocurrieron 292 homicidios relacionados con la delincuencia. Además de 482 que las autoridades no relacionan a esa causa.
En los primeros ocho meses de este año, julio fue el que más homicidios registró, en total hubo 151. Seguido por marzo, con 150 casos, y mayo con 144.
Hay que mencionar que en el período en cuestión, la Procuraduría General de la República registró 68 homicidios en los que estuvo involucrada la acción de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas o las Fuerzas Armadas.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.