Palacio de Justicia de Santiago es una cloaca con pasillos repletos de traficantes de lo mal hecho

Por Elba García

El presidente Joaquín Balaguer, no se sabe si como una burla, convirtió el lugar donde siempre estuvo la cloaca en el centro donde descansa  una instancia  tan importante del Estado y de la democracia como es la administración de justicia del Distrito Judicial de Santiago, el Palacio de Justicia Federico Carlos Alvarez.

Ese lugar, por donde circulaban las heces fecales y grandes cantidades de aguas negras, fue convertido en un monumento al desagravio a ese reconocido abogado de Santiago, cuyo nombre era en honor de quien había sido desconsiderado y calificado hasta de loco por la dictadura trujillista,  porque aceptó un reconocimiento sin poner en primer orden el nombre de Rafael Leonídas Trujillo Molina, pero que luego de grandes atropellos recibe de quien criticó un acto para destacar su hoja de servicio, la colocación de su nombre a un lugar donde hoy se cometen todo tipo de atropellos como una forma de continuar con su   persecución  hasta más no poder.

El Palacio de Justicia de Santiago constituye en términos generales una vergüenza para cualquier ciudadano que se respete, porque es una expresión muy fiel del deterioro que sufre la sociedad dominicana.

Las sentencias, la gran mayoría, obedecen, no a una buena administración de justicia, ni están fundamentadas en derechos, sino en el capricho, la componenda y la ineptitud de unos jueces que no se ve clara la razón por lo que fueron llevados a esas posiciones, a menos de que sea porque ahí operó el lugar donde se depositaba toda el agua cloacal de la zona.

La abundancia de aguas negras y de olores nauseabundo era de la misma magnitud de los atropellos y la deficiencia de fiscales, jueces, alguaciles e incluso abogados que no son capaces de levantar su voz de protesta frente a tanta inmundicia.

Muchas veces cualquiera pudiera pensar que en sus decisiones los fiscales y jueces piensan en su familia y sus hijos, pero no es así, porque la confabulación con el delito y el crimen sin un régimen de consecuencias ciega su mal proceder.

En la actualidad el porcentaje de casos que por lo menos son ventilados apegados a la justicia  en los tribunales que operan en el Distrito Judicial de Santiago, son contados con los dedos de las manos, sin que no haya nadie que muestre su preocupación por el problema.

Hay muchas denuncias del proceder de los jueces que conocen el caso Odebrecht, pero si cualquiera conociera al dedillo la conducta de fiscales y jueces frente a los robos y delincuencia general que azota a la zona de Santiago y sus pueblos aledaños,  se queda prácticamente pasmado.

Los cambios en el ámbito de la justicia son partes de las deudas pendientes del Estado dominicano, a fin de que la República Dominicana pueda proclamar que entró al concierto de naciones con un fuerte estado de derecho y de respeto a los derechos humanos para exhibir con orgullo  que es un país  civilizado y donde predominan los derechos de la gente.