Latinoamericanas
El Papa pide por “los obispos y sacerdotes privados de la libertad” en Nicaragua
Francisco denuncia durante la misa de Año Nuevo la detención por parte del régimen de Daniel Ortega de 13 sacerdotes y dos seminaristas
En un gesto poco habitual, el Papa se refirió durante la misa de Año Nuevo a la detención de sacerdotes y seminaristas en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha acelerado desde el 20 de diciembre la persecución contra miembros de la Iglesia Católica. “Obispos y sacerdotes han sido privados de la libertad en los últimos días. Expreso a ellos, a sus familias y a la entera Iglesia del país, mi cercanía en la oración”, dijo Francisco durante la tradicional oración del Ángelus desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico. “Oremos por Nicaragua”, dijo el Papa. Lo escuchaban miles de fieles en la Plaza San Pedro. Francisco hizo un llamado a la paz y la reconciliación y pidió para Nicaragua “diálogo para superar las dificultades”.
El régimen de Nicaragua detuvo el jueves pasado a monseñor Carlos Áviles, vicario de la arquidiócesis de Managua, el último de una larga lista que integran otros 12 sacerdotes y dos seminaristas iniciada el 20 de diciembre pasado, en coincidencia con las celebraciones de Navidad. Entre los arrestados hay curas conocidos, como los monseñores Silvio Fonseca y Miguel Mántica, además de Áviles. Está también el padre Pablo Villafranca. Estas detenciones se suman a la condena del obispo Rolando Álvarez a 26 años de cárcel por “traición a la patria”, y la del titular de la diócesis de Siuna, Isidro Mora Ortega.
Solo el 30 de diciembre fueron arrestados además de Matica, el sacerdote Gerardo Rodriguez, Jader Hernández y Raúl Zamora, este último párroco de la Iglesia Divina Misericordia, la iglesia que fue atacada por paramilitares sandinistas el 13 de julio de 2018. Algunos de los sacerdotes ahora perseguidos y apresados participaron entonces como mediadores en el fallido proceso de diálogo nacional entre el Gobierno sandinista y la oposición.
Monseñor Silvio Fonseca, detenido el 29 de diciembre, es crítico del Gobierno, al que acusa de “promover un odio nunca visto” contra la Iglesia católica, y de “privar al pueblo católico a formarse en su fe”. La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), que defiende a los presos políticos, advirtieron de que las detenciones de Navidad se suman a la condena contra Rolando Álvarez, quien no quiso acogerse al destierro ordenado por Ortega en octubre pasado a otros miembros de la Iglesia. Ese mes, el régimen sacó de las prisiones a una docena de curas que mantenía como presos políticos y los envió en un avión a Roma. Sin embargo, la expulsión de religiosos comenzó en 2018 con monseñor Báez, una de las voces pastorales más críticas contra la deriva autoritaria y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Nicaragua rompió relaciones con la Santa Sede en 2023, tras la expulsión un año antes del nuncio de ese entonces, Waldamer Stanislaw Sommertag, en marzo de 2022. En agosto del año pasado, el Gobierno canceló la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua. El argumento de Ortega fue que los jesuitas “no reportaron sus estados financieros de los años 2020, 2021 y 2022″. Una semana antes, el régimen había confiscado los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por la orden religiosa desde hace más de 60 años en Nicaragua. “Tenían su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020″, decía en el decreto.
elpais.com
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.
Latinoamericanas
Intervienen una cárcel de Venezuela donde la directora era pareja del reo «Dinamita»
Agencia EFE
Caracas.-El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una «relación sentimental» con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
«Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias ‘Dinamita’, que se autodenominaba ‘pran’ del recinto carcelario», sostuvo el MP en una publicación en Instagram.
La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 «teléfonos inteligentes», 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 «armas punzo cortantes».
Igualmente, dijo que fueron decomisados 1.885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de «pasta base» y 320 gramos de presunta cocaína.
El MP señaló que no se descartan «nuevas aprehensiones».
Los operativos forman parte de la ‘Operación Gran Cacique Guaicaipuro’, comenzada el año pasado para el desmantelamiento de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos «reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena», según una nota oficial.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que «generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información».
En 2023, las autoridades desmantelaron ocho «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.