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Alexis utilizó poder de su hermano, presidente de entonces, Danilo Medina, para alzarse con cantidad enorme de dinero público.
Santo Domingo, RD.-Es un hecho que Alexis Medina utilizó poder de su hermano como presidente de la República para sustraer una cantidad enorme de dinero del patrimonio público.
Según los fiscales, Alexis Medina utilizó a “título personal” la presidencia de su consanguíneo para favorecerse de las operaciones que realizaba a través de sus empresas con varias instituciones estatales.
Tanto así, que llegó a emplear la presidencia del país como un “escudo” para realizar esas supuestas maniobras fraudulentas, con las que formó un entramado societario que distraía fondos del patrimonio público.
Esto se evidenció, según los fiscales, en uno de los allanamientos realizados al imputado, donde le fue incautado un portanombre de escritorio con el escudo nacional en la parte superior y debajo el texto “Lic. Juan A. Medina Sánchez”.
Cuatro meses después de que su hermano se sentara en la silla presidencial, Alexis Medina firmó un contrato con el que se comprometió personalmente “a realizar gestiones de comercialización, promoción y desarrollo de actividades relativas a la compra y contrataciones de bienes y servicios para instituciones del Estado dominicano, así como dependencias autónomas”.
Esto a sabiendas de que el artículo 4 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones establece que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado “los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición”.
Los fiscales indican que no había forma de que se garantizara el cumplimiento de esta ley “con un hermano del presidente de la República merodeando las instituciones públicas en calidad de promotor y gestor de negocios a cambio de un 40% de los beneficios”.
La corrupción: “política estatal”
Las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que las presuntas acciones delictivas de la organización criminal que dirigía Alexis Medina afectaron a instituciones como Salud Pública, el Ministerio de Educación y la Policía Nacional.
A esta lista se agregan el sistema de energía eléctrica del país, a través de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. y la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS); la seguridad vial; el orden socio económico, y las elecciones de los aós 2016 y 2020.
Según los fiscales, desde las distintas instituciones estatales se gestó un “proceso de normalización de la corrupción” para distraer activos al patrimonio del Estado de los contribuyentes.
La principal “fuente” de la señalada corrupción fueron las numerosas licitaciones supuestamente adulteradas, ya que en ningún caso las empresas de Juan Alexis Medina fueron seleccionada previamente a participar en el proceso.
No obstante, “todos los casos obtenían informaciones previas y la mayoría de las veces se ejecutaba el proceso sin tener las características que requería el procedimiento aplicado”.
El Ministerio Público enumera dentro de las principales acciones que evidencian la corrupción administrative: las licitaciones por urgencia, las falsificaciones de documentos públicos, las cubicaciones adulteradas, las sobrevaluaciones de hasta un 90%, el uso de testaferros y las nóminas adulteradas.
Asimismo, en varias de estas instituciones fueron desvinculados servidores públicos que a juicio de la presunta red criminal eran un “obstáculo” para su expansión económica.
Los fiscales subrayan que la red desplegó “técnicas ordinarias y especiales” a través de la estafa, falsificaciones, desfalco, coalición de funcionarios, financiamiento ilícito de campañas electorales y lavado de activos.
Riquezas injustificadas
De acuerdo con el expediente, Juan Alexis Medina tuvo un ascenso económico injustificado por vías legítimas, ya que pasó de ser un “pequeño negociante con mala reputación” a un exitoso empresario con millones en los bolsillos.
“La investigación demuestra el ilícito crecimiento económico de la organización criminal de la que actuaba como gerente operativo el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, quien no era un empresario, ni un emprendedor y que, de hecho, había llevados a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado”, se lee en el documento.
Juan Alexis Medina era “omnipresente” en las contrataciones de las instituciones estatales en las que intervino.
Según el Ministerio Público este crecimiento fue posible gracias a “acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”.
“Se crearon las condiciones para construir un entramado societario que impactó de manera negativa los principales indicadores de desarrollo de República Dominicana”, continúa la acusación.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Nacionales
MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.