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Alexis utilizó poder de su hermano, presidente de entonces, Danilo Medina, para alzarse con cantidad enorme de dinero público.
Santo Domingo, RD.-Es un hecho que Alexis Medina utilizó poder de su hermano como presidente de la República para sustraer una cantidad enorme de dinero del patrimonio público.
Según los fiscales, Alexis Medina utilizó a “título personal” la presidencia de su consanguíneo para favorecerse de las operaciones que realizaba a través de sus empresas con varias instituciones estatales.
Tanto así, que llegó a emplear la presidencia del país como un “escudo” para realizar esas supuestas maniobras fraudulentas, con las que formó un entramado societario que distraía fondos del patrimonio público.
Esto se evidenció, según los fiscales, en uno de los allanamientos realizados al imputado, donde le fue incautado un portanombre de escritorio con el escudo nacional en la parte superior y debajo el texto “Lic. Juan A. Medina Sánchez”.
Cuatro meses después de que su hermano se sentara en la silla presidencial, Alexis Medina firmó un contrato con el que se comprometió personalmente “a realizar gestiones de comercialización, promoción y desarrollo de actividades relativas a la compra y contrataciones de bienes y servicios para instituciones del Estado dominicano, así como dependencias autónomas”.
Esto a sabiendas de que el artículo 4 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones establece que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado “los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición”.
Los fiscales indican que no había forma de que se garantizara el cumplimiento de esta ley “con un hermano del presidente de la República merodeando las instituciones públicas en calidad de promotor y gestor de negocios a cambio de un 40% de los beneficios”.
La corrupción: “política estatal”
Las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que las presuntas acciones delictivas de la organización criminal que dirigía Alexis Medina afectaron a instituciones como Salud Pública, el Ministerio de Educación y la Policía Nacional.
A esta lista se agregan el sistema de energía eléctrica del país, a través de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. y la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS); la seguridad vial; el orden socio económico, y las elecciones de los aós 2016 y 2020.
Según los fiscales, desde las distintas instituciones estatales se gestó un “proceso de normalización de la corrupción” para distraer activos al patrimonio del Estado de los contribuyentes.
La principal “fuente” de la señalada corrupción fueron las numerosas licitaciones supuestamente adulteradas, ya que en ningún caso las empresas de Juan Alexis Medina fueron seleccionada previamente a participar en el proceso.
No obstante, “todos los casos obtenían informaciones previas y la mayoría de las veces se ejecutaba el proceso sin tener las características que requería el procedimiento aplicado”.
El Ministerio Público enumera dentro de las principales acciones que evidencian la corrupción administrative: las licitaciones por urgencia, las falsificaciones de documentos públicos, las cubicaciones adulteradas, las sobrevaluaciones de hasta un 90%, el uso de testaferros y las nóminas adulteradas.
Asimismo, en varias de estas instituciones fueron desvinculados servidores públicos que a juicio de la presunta red criminal eran un “obstáculo” para su expansión económica.
Los fiscales subrayan que la red desplegó “técnicas ordinarias y especiales” a través de la estafa, falsificaciones, desfalco, coalición de funcionarios, financiamiento ilícito de campañas electorales y lavado de activos.
Riquezas injustificadas
De acuerdo con el expediente, Juan Alexis Medina tuvo un ascenso económico injustificado por vías legítimas, ya que pasó de ser un “pequeño negociante con mala reputación” a un exitoso empresario con millones en los bolsillos.
“La investigación demuestra el ilícito crecimiento económico de la organización criminal de la que actuaba como gerente operativo el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, quien no era un empresario, ni un emprendedor y que, de hecho, había llevados a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado”, se lee en el documento.
Juan Alexis Medina era “omnipresente” en las contrataciones de las instituciones estatales en las que intervino.
Según el Ministerio Público este crecimiento fue posible gracias a “acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”.
“Se crearon las condiciones para construir un entramado societario que impactó de manera negativa los principales indicadores de desarrollo de República Dominicana”, continúa la acusación.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.