Análisis Noticiosos
El PLD seguiría evadiendo las reformas políticas básicas
Por Juan Bolívar Díaz
República Dominicana.-El fracaso del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en lograr consenso sobre el proyecto de Ley de Partidos, refleja la fuerte división que lo sacude, con un revés para el grupo dominante del presidente Danilo Medina que, aún teniendo mayoría absoluta en ese organismo, no pudo imponer el padrón electoral abierto que ha pretendido.
Pero al mismo tiempo, luce casi imposible que las reformas políticas en discusión hace dos décadas vayan a ser aprobadas por los peledeístas sin la voluntad expresa del presidente Danilo Medina, a no ser que éste reconozca las dificultades de su continuidad en el poder más allá del 2020 y se proponga legar al país el constitucional “Estado Social y Democrático de Derecho”.
Fracasa el Comité Político
Si algo deja claro la decisión del Comité Político (CP) del PLD del lunes 5 de febrero, es que el máximo y poderoso organismo no ha podido superar el profundo antagonismo que sacude al partido gobernante y evadió el bulto transfiriendo a sus legisladores el empeño del grupo gobernante de imponer el padrón electoral universal en la elección de los candidatos de todos los partidos, que conlleva la búsqueda de mayores posibilidades de continuidad en el poder.
El CP reconoció el fracaso de su resolución del 2 de octubre de constituir una comisión de juristas para que dijeran si es constitucional impone r a todos los partidos un solo método de elección de sus candidaturas, lo que ya en el 2005 la Suprema Corte de Justicia dictaminó inconstitucional sobre una ley al efecto del 2004. Dejaron pasar 4 meses sin constituir la comisión pero desde que se decidió se veía muy difícil de materializar, por la pugna de poderes entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, por demás presidente del partido y ya lanzado en abierta campaña por la candidatura presidencial del 2020, lo que los danilistas ven con aprehensión y abierto rechazo.
La circunstancia de que tanto la Ley de Partidos como la del Régimen Electoral requieren dos tercios de los votos de cada cámara se ha constituido en una retranca para su aprobación, y obliga a un amplio acuerdo político
Que la casi dos tercereas partes del CP alineada con el presidente Medina no haya impuesto su voluntad es, hasta cierto punto, un revés para ellos, indicativo de la profundidad de la lucha por el poder y la conciencia de que podrían poner en juego la unidad del partido en que han basado su dominio político de 18 años, con el interregno 2000-04.
Pero es también un reconocimiento de que divididos ninguno de los dos grupos peledeistas beligerantes tiene posibilidad de reunir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar leyes orgánicas, como la de partidos y la del régimen electoral, Remitirlo a la decisión de los propios legisladores no cambiará la situación, porque los danilistas tropiezan con la negativa de casi todos los legisladores de oposición , y los leonelistas no se atreverán a concertar con los opositores a espaldas del primer mandatario, lo que mantendrá las reformas en un limbo.
Es que el poder no se cede
No debería sorprender que la propuesta de dejar el tema de la elección primaria a los legisladores proviniera de José Ramón Fadul, una de las cabezas del llamado “Grupo Otán” integrado por prominentes dirigentes de la vieja guardia peledeísta, que hace años hacen profesión casi religiosa del fundamentalismo político de que “el poder no se cede”, Ese grupo no sólo se opone y alienta toda resistencia a la ley de partidos, sino también a la reforma del Régimen Electoral, imperante desde que ellos mismos aprobaran y promulgaran en el 2010 su propia Constitución.
Reinaldo Pared, Danilo Medina, Leonel Fernández y Margarita Cedeño.
Esa Constitución, en la que influyeron los vuelos internacionalistas y modernizantes del expresidente Fernández, creó nuevos órganos electorales y proclamó un “Estado Social y Democrático de Derecho”, con nuevos ordenamientos políticos y electorales que obligan a una reforma legislativa que los aterrice. Pero no hubo voluntad para hacerlo, como correspondía, antes de las elecciones congresuales y municipales del 2010, ni de las presidenciales del 2012 y 2016.
A dos años de los próximos comicios municipales y a 27 meses de los presidenciales, no hay la menor señal de que el peledeísmo vaya a cambiar las ventajas que otorga el desenfreno y la ausencia de regulaciones de la competencia por el poder de que adolece el país, considerado como el peor en la región en esa materia. De hecho instituir las primarias abiertas sería otro factor a favor de quienes ostenten el poder, porque disponen de más recursos para solventar una doble campaña de búsqueda de votos en el universo de los electores, primero para elegir los candidatos y luego para la elección del presidente, vicepresidente, legisladores y autoridades municipales.
Factor de distracción
No faltan quienes sustentan que, al margen del interés presidencial por las primarias abiertas el intento de imponer el padrón abierto, mantenido más de un año, es una forma de obstruir los aspectos fundamentales de la ley de partidos y de las reformas al régimen electoral, que incluyen mecanismos democráticos para elegir dirigentes y candidatos, límites a la extensión de las campañas interna y nacional, así como al gasto de precandidatos y candidatos, limitar y transparentar los ingresos y gastos de partidos y candidatos, instituir mecanismos de control y sanción del abuso de los recursos estatales y del dinero lavado, con las sanciones disuasivas correspondientes.
De hecho, ya en los principales partidos hay precandidatos a la presidencia en actividades proselitistas y gastando dinero con miras a las elecciones del 2020, como Hipólito Mejía y Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno, abiertamente Leonel Fernández en el PLD, y subrepticiamente el presidente Medina y varios de sus ministros, con abundante propaganda política pagada con recursos públicos. Esta misma semana se publicaron tres páginas pagadas en los periódicos promoviendo la obra del mandatario, y el Ministerio de Obras Públicas pagó patrocinios en la transmisiones del beisbol y en el uniforme del equipo nacional que participó en la Serie del Caribe.
En otras palabras, que ya las campañas internas para definir candidaturas comenzaron otra vez sin que se haya aprobado la ley que las regularía. Aún aprobando la Ley de Partidos en la legislatura que comienza el 27 de febrero, en el mejor de los casos se llegaría a mitad del año y luego vendría la discusión y aprobación de los reglamentos, mientras seguirían corriendo las campañas internas. De ahí que hay quienes postulan que la distracción de la ley de partidos, obstruye la reforma más trascendente políticamente, que es la del Régimen Electoral, que normaría la disputa por el poder estatal.
Enfocar al presidente DM
La mayoría de los partidos de oposición han venido reclamando en bloque la aprobación de las reformas electorales y oponiéndose al padrón abierto en las primarias, considerándolo como contra reforma que agravaría el tráfico de dinero en la lucha política interna y nacional, incentivando el lavado en la competencia por las candidaturas, y los intereses grupales y personales que han debilitado el sistema partidista. El pasado lunes la presidenta del partido Opción Democrática, Minou Tavaerez Mirabal, adelantó que el bloque opositor de 11 partidos prepara un nuevo comunicado y acciones para presionar por las reformas electorales.
Si bien es cierto que el presidente Medina no tiene una avenida abierta para el continuismo, por la prohibición constitucional y las dificultades internas y a nivel nacional de volver a reformar la Constitución, nadie cree que los legisladores de su partido se asociarán con la oposición para decidir algo que vaya en dirección contraria, sin provocar una grave confrontación política que pondría en juego la unidad del PLD.
De ahí que la presión por las reformas electorales, tanto de los partidos, como de las organizaciones sociales y de la opinión pública, debería dirigirse directamente al presidente Danilo Medina, sobre todo apelando a su condición de máximo responsable del Estado, quien debería reclamar el mérito de auspiciar las reformas políticas ampliamente demandadas por la sociedad.
La próxima comparecencia de Medina ante la Asamblea Nacional el 27 de este mes para rendir las memorias del 2017, sería una nueva oportunidad para hacer honor a la majestad de la primera magistratura del Estado y asumir un compromiso claro y definitivo con las reformas. Ese día estará obligado a romper el silencio que guarda sobre asuntos cardinales, tanto del orden político, como económico, social e institucional.
En la cancha del PLD
La circunstancia de que tanto la Ley de Partidos como la del Régimen Electoral requieren dos tercios de los votos de cada cámara se ha constituido en una retranca para su aprobación, y obliga a un amplio acuerdo político, que es lo que han reclamado sin éxito instituciones como la Finjus y Participación Ciudadana y la mayoría del liderazgo político.
Tras veinte años desde que en 1998 se elaboró el primer anteproyecto de Ley de partidos, por amplio consenso en la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, creada por el presidente Leonel Fernández, retomado y ampliado en la Comisión Nacional para Reforma del Estado instituida por el presidente Hipólto Mejía, la pieza ha sido introducida al Congreso en más de una decena de legislaturas. La evasión ha sido la normativa aunque fue objeto del “Pacto de las Corbatas Azules” del 2009, entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, y en la campaña electoral del 2012 los candidatos presidenciales se comprometieron a aprobarla “tan pronto pasaran las elecciones” de ese año.
Perimidos en la legislatura que concluyó el mes pasado, ya la Junta Central Electoral anunció que reintroducirá sus proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, que ha presentado sistemáticamente desde el 2011, tras ser elaborados por una misión técnica contratada con la Organización de Estados Americanos, en consulta con los partidos y tomando en cuenta los consensos anteriores.
Es significativo que se haya decidido introducir los proyectos por vía del Senado donde el PLD tiene 28 de los 32 votos. La pelota queda en su propia cancha y ahí se verá si hay alguna voluntad para aprobarlo, sin convertirlo en una mojiganga política como ya hizo la Cámara de Diputados en el 2015, considerado tan burlesco, que tuvieron que recogerlo.-
Análisis Noticiosos
Una posible amnistía tiene en vilo a los presos políticos venezolanos tras la salida del poder de Maduro
Cúcuta / Caracas .-Las últimas 72 horas han sido electrizantes para el mundo entero, especialmente para todos los venezolanos. Pero hay unos que han vivido aún con más intensidad el desarrollo de los acontecimientos desde que un comando de fuerzas especiales detuviera la madrugada del sábado a Nicolás Maduro en Caracas y se lo llevara a Nueva York, donde va a ser procesado ante un tribunal. Los familiares de los presos políticos, e incluso ellos mismos desde la celda, se encuentran esperanzados de que la nueva situación política sirva para conseguir su liberación.
Una amnistía general vuelve a tomar fuerza en este contexto. La sensación es que las cosas no van a volver a ser como apenas hace unos días, cuando el derrocado presidente de Venezuela se encontraba al mando. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, asegura que su administración se encuentra a “cargo” del país, sin que haya quedado claro de qué forma se traducirá eso en la operatividad del Estado. Por lo pronto, Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidente y alguien de la máxima confianza de Maduro, ha juramentado este lunes como presidenta interina.
La situación resulta confusa, pero a la vez esperanzadora. A estas horas se realizan gestiones al más alto nivel para tratar de poner este tema encima de la mesa. Se suceden llamadas de presidentes, ministros, exmandatarios, personas con influencia, según as fuentes consultadas. Las familias de los presos también a su vez contactan con estos para agilizar los trámites. Por un momento, ven que se ha abierto una ventana de oportunidad. El primero en alzar la voz, a las pocas horas de la caída de Maduro, fue Edmundo González, el candidato que, según los observadores electorales y organismos internacionales, ganó las últimas elecciones presidenciales, las de julio de 2024. “La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, dijo Edmundo.
Una de las presas más conocidas es Rocío San Miguel, una prestigiosa analista experta en el ejército bolivariano. Fue detenida en febrero de 2024 acusada de formar parte de un plan para asesinar a Maduro -las organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una acusación falsa-. “Sí, estamos muy esperanzados”, dice al otro lado del teléfono Mini Díaz Paruta, su cuñada. “Esperamos que pronto sea liberada. Todo es un poco confuso, pero creemos que es un buen momento para que ocurra”. La misma ilusión cunde en el entorno de Enrique Márquez, un opositor venezolano, candidato a las presidenciales de julio de 2024, que fue apresado tras negarse a reconocer la victoria en las urnas de Maduro. Con cautela, esperan que este tema tan sensible, en el que suele imperar la discreción, pase a un primer plano con la nueva situación.
Las ONG de derechos humanos contabilizan cerca de 1.000 presos políticos y han exigido la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos como un gesto primario para iniciar una transición política. También se ha pedido garantizar la libertad plena de más de 9.000 personas que todavía enfrentan procesos judiciales policiales. Aunque Hugo Chávez tuvo presos políticos, como el comisario Iván Simonovis —exiliado luego de escapar del arresto domiciliario— o la jueza Lourdes Afiuni, los calabozos venezolanos se llenaron de presos políticos en la última década, la de mayores fricciones políticas durante el Gobierno de Maduro. Las grandes oleadas de manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024 dejaron centenares de detenidos por protestar, en la más reciente están incluidos adolescentes.
Pero la persecución contra opositores se convirtió en una política represiva, para la que el chavismo más radical ha reforzado los cuerpos de inteligencia y sus formas intimidatorias como la llamada Operación Tun Tun (violentos allanamientos sin órdenes judiciales) o la detención de familiares para presionar a los verdaderos objetivos. Los últimos años, Maduro ha estado soportado por un sistema policial represivo con un aparato judicial alineado. Así ha logrado arrinconar y censurar a la sociedad civil. Los expertos de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas han documentado torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, persecución y violencia sexual en prisión, casos que también están soportados en la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional, la primera que ocurre en un país de América Latina.
Por ello, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas, el organismo de la ONU ha señalado la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por su Gobierno. En un comunicado difundido el fin de semana advierten que si bien el largo historial de violaciones de Maduro no justifica una intervención militar por parte de Estados Unidos, la ilegalidad de la operación no disminuye su responsabilidad en esos delitos.
Entre los presos de Maduro más emblemáticos está los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda -además de San Miguel-. También figuran políticos como Nicmer Evans, vuelto a encarcelar hace unas semanas. Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, cercanos colaboradores de María Corina Machado, se encuentran apresados junto a los más de 130 de sus militantes de esa formación. También está el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, apresado a principios de 2025 y condenado a 30 años sin haber recibido visita de sus familias ni asistencia de sus abogados. También 174 son militares, que son una huella de las fisuras en la Fuerza Armada Nacional que ha tenido que contener el chavismo estos años.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón ha señalado que ante la coyuntura actual, “que podría abrir paso a un proceso de transición en Venezuela”, un punto de partida para redemocratización del país sería la liberación plena de todas las personas presas por motivos políticos, civiles y militares. Los bombardeos de Estados Unidos del fin de semana tomaron a varias familias de detenidos a la espera de un centenar de excarcelaciones que se concedieron en Navidad y fin de año.
El chavismo ha usado estas medidas de gracia como válvulas para liberar presión. Los defensores lo han llamado “la puerta giratoria”: salen unos, pero siempre entran otros. En las últimas semanas, ha rechazado la selectividad con la que se conceden, siempre a media noche, por goteo y en total incertidumbre para sus familiares.
Desde Provea, una de las ONG con más trayectoria en defensa de derechos humanos en Venezuela, que ha pedido garantías para Nicolás Maduro y Cilia Flores y han condenado los ataques de Estados Unidos, también han señalado que “la única hoja de ruta legítima para superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad” debe enmarcarse en un Estado democrático que garantice la vigencia de la justicia. “Un paso importante es proceder a la liberación de los más de 900 presos políticos y garantizar libertad plena a quienes están sometidos a regímenes de presentación”.
elpaos.com
Madrid.-Cuando Blanca Frías conoció a un hombre en una aplicación de citas en 2014 no se imaginaba que aquel encuentro acabaría en una relación marcada por la manipulación emocional. Él le dedicaba palabras bonitas y afecto, mientras se ganaba su confianza con un objetivo claro: conseguir su dinero y desaparecer. Ella tardó cuatro años en ponerle nombre a lo que le había pasado porque entonces nadie hablaba de “estafas del amor”. Consciente de la existencia de otras víctimas, en 2023 utilizó su experiencia para crear la Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (ANCEME). Desde ahí acompaña a 300 mujeres y hombres que lidian con el silencio por “la vergüenza” y el “juicio social” que rodea a este tipo de engaños.
Las aplicaciones de citas, redes sociales y grupos de inversión en plataformas de mensajería se han convertido en terreno fértil para los timadores financieros. Desde la pandemia “ha aumentado mucho” su uso, explican fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El supervisor emitió recientemente una advertencia sobre estas estafas tras detectar más consultas de ciudadanos preocupados. “Es un fenómeno del que también nos han informado supervisores de otros países”.
Las cifras aportan una medida de la dimensión del problema. El año pasado se incoaron 22.614 procedimientos por estafas online, lo que supone un 83,43% del total de causas por cualquier clase de ciberdelito, según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. El informe llama la atención sobre los fraudes de inversión en monedas virtuales dada su proliferación y “la complejidad que puede entrañar el seguimiento de las operaciones y la identificación de sus autores”. Para dificultar el rastreo, suelen invitar a las víctimas a trasladar las conversaciones de redes sociales a aplicaciones de mensajería encriptada.
La CNMV traza un patrón: “Buscan personas solas”, ya sean hombres o mujeres, “sin muchas relaciones sociales y que pasen tiempo conectadas”, aunque “cualquiera puede ser el objetivo” ya que no existe un perfil único. “Este tipo de estafas no atacan a la inteligencia”, sino a la vulnerabilidad emocional, recalca Frías, cuya formación como economista no la inmunizó frente a su timador. “Hablamos de personas con la mente secuestrada”. En ocasiones han pasado por una separación, un suceso traumático tras enviudar o se enfrentan a la soledad no deseada. Por eso, es necesario que dejen de ser “señaladas y revictimizadas”.
A la hora de actuar, los timadores también se valen de los sesgos cognitivos. Son “atajos mentales que usamos para simplificar decisiones complejas”, como “dar más peso a historias de gente que se hizo rica que a la estadística real, seguir lo que hacen otros sin evaluar riesgos o creer que yo controlo más de lo que realmente sé”, explica Francisco Rodríguez, director de Estudios Financieros de Funcas. El centro de análisis publicó este año una estadística que muestra “el papel crucial” de la educación financiera en la decisión de invertir en monedas digitales. Las personas con alta confianza en sus habilidades, pero con conocimientos reales limitados, tienen un 75,3% más de probabilidad de hacerlo, pudiendo asumir riesgos que no comprenden.
Para hacer frente a este problema, la educación financiera es clave, considera Blanca Narváez, directora general de Fundación Mutualidad. Según varios informes del Observatorio del Ahorro del que forma parte, los hogares españoles presentan un “déficit importante de conocimientos financieros”, tanto en lo que se refiere a conceptos básicos como la inflación o los tipos de interés, como sobre los productos de inversión. Por eso, llama los poderes públicos a “impulsar estos contenidos desde edades tempranas”.
La desregulación en el mundo de los criptoactivos, unida a la falta de alfabetización financiera y de herramientas de los supervisores para actuar sirvieron de catalizador para un cambio regulatorio que entró en vigor hace ahora justo un año: el reglamento MiCA. La Fiscalía señala que ya “está contribuyendo a mejorar las posibilidades de investigación” de los fraudes de inversión. La norma obliga a cualquier empresa o plataforma que preste servicios relacionados con criptoactivos en la Unión Europea a tener “una autorización previa de la CNMV”. También “impone el deber de identificación de los clientes, el registro de las operaciones y el establecimiento de mecanismos de supervisión”, explica la abogada Cristina Sánchez, asociada de Regulación Financiera de Garrigues.
Por eso, antes de invertir en una plataforma recomendada por cualquiera, es importante “verificar” si la misma está autorizada por la CNMV, aconseja el abogado Enrique Nieto, socio de Mercado de Valores de Uría Menéndez. Y ello porque MiCA “no prevé mecanismos específicos de recuperación del dinero en caso de estafa en plataformas no autorizadas”. La víctima deberá acudir a la vía judicial, donde no es fácil obtener reparación a la comisión del delito. En este escenario en el que la manipulación emocional y el fraude financiero convergen, la mejor defensa es una ciudadanía informada y consciente de los riesgos.
Criminales organizados o solos
La Guardia Civil ha destapado el funcionamiento de organizaciones criminales por golpes como la operación Fake James, llevada a cabo este año. Las redes que actúan en España pueden hacerlo también en otros países de Europa o África. La estructura se reparte tareas: unos captan a las víctimas, otros devuelven el dinero estafado al circuito legal. No hay datos oficiales sobre el dinero que se mueve, aunque la operación mencionada es ilustrativa: 21 detenidos por la estafa de 1,5 millones a 70 personas. Individualmente, los agentes detuvieron en abril a una persona en León por un fraude de 350.000 euros.
elpais.com
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Años de investigación de una reserva para salvar al loro carirrojo de la extinción
Tras varios años sin avistamientos, se volvió a registrar la presencia de esta especie en peligro de extinción en la recién creada reserva Ridgely, al sur del país andino
La primera expedición fue en 2022. Visitaron casa por casa en un pueblo de la provincia austral de Loja, al sur del Ecuador. Los científicos cargaban un par de fotografías en busca de un loro con brillantes manchas rojas alrededor del pico. “Preguntamos a los habitantes si lo habían visto”, cuenta Patricio Mena, coordinador de especies de la Fundación Jocotoco. Por aquella época había registros de poco más de 20 ejemplares en la zona. “Muchos respondieron que no, sobre todo los más jóvenes”. Pero, mientras avanzaban por el camino, los habitantes mayores de Selva Alegre confirmaron haber visto y hasta escuchado al ave. “Una persona nos dijo: ‘Sí, ese periquito suele estar ahí”, mientras señalaba un parche de árboles. Aquella pista encendió la esperanza de proteger al loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), tanto así que, tres años después, en marzo de este año, crearon la reserva Ridgely, en el mismo Loja, para cuidar a esta especie, cuya población no supera los 2.400 individuos en el mundo.
Tras aquella primera expedición de 2022, emprendieron nuevos recorridos por las montañas y cordilleras cercanas en busca de más ejemplares. Ornitólogos, observadores de aves y personas de la zona trabajaron para confirmar que Selva Alegre era el lugar indicado para cuidar al loro. Es una especie neotropical muy rara, que habita únicamente en los bosques montanos nublados del sur de Ecuador y el norte de Perú. En los últimos años, su población ha disminuido de manera preocupante. Ha sido catalogado como una especie en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que es muy sensible a las alteraciones en su hábitat. Estudios recientes advierten que su población está experimentando declives rápidos, en gran parte por la pérdida de su entorno.
Recuperar su hábitat
La reserva Ridgely es hoy prácticamente una isla de árboles nativos a más de 2.500 metros de altura. A su alrededor, predominan extensas hectáreas de pino —una especie introducida hace más de un siglo en Ecuador, y que ha desplazado a los árboles y plantas originarias. A esto, se suman actividades ganaderas y agrícolas, que han reducido aún más el hogar del loro, explica David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco, convirtiendo a la reserva en un sitio clave para la vida de las aves.
José Espinoza es el centinela del loro. Una mochila, unos binoculares y un teléfono son sus herramientas para contabilizarlos y proteger su hábitat. Espinoza fue uno de los primeros en lograr fotografiar al loro carirrojo, pocos meses después de la creación de la reserva. Todos los días patrullaba y abría camino en medio de la maleza. “Trataba de buscarlos y no los encontraba. Ya habían pasado más de dos meses”, dice este joven de 26 años mientras camina por los alrededores de la reserva.
En uno de sus patrullajes, en abril de este año, mientras recorría los senderos, llevaba un parlante que reproducía el canto del loro. “Cuando dejó de sonar, respondieron con el mismo sonido”, relata. Apenas los escuchó, alzó la mirada hacia las copas de los árboles y encontró un grupo de diez ejemplares entre las ramas. “Se quedaron varios minutos perchados, logré tomarles fotos. Estaba muy feliz porque rara vez se los logra ver”, cuenta ilusionado.
El siguiente paso es identificar si anidan o se desplazan en busca de comida en esta zona, explica Leovigildo Cabrera, administrador de las reservas del programa Chocó– Tumbes, una zona que combina las selvas tropicales del Chocó con los bosques secos de Tumbes, entre Ecuador y Perú, y de la que forma parte la reserva Ridgely. “Hay que entender cómo es su comportamiento, sus movimientos” y “para eso son necesarios los recorridos de monitoreo”, agrega. Hay que realizar largas horas de caminatas desde el amanecer, a las seis de la mañana, hasta entrada la tarde. Una tarea que exige paciencia, dedicación y constancia.
Pero el loro carirrojo no es único habitante de estos bosques. A más de 3.600 metros de altura, donde los pajonales y la vegetación de páramo domina el paisaje, vive el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), en la reserva Cerro de Arcos que, junto con Ridgely, forman un corredor ecológico. “Las especies que habitan esta larga y delgada cordillera son muy móviles”, menciona Parra. Y, añade, estos ecosistemas “se comportan como islas porque guardan a especies únicas”.
Los vigilantes del colibrí son Ángel Macas y Norberto Ordóñez, dedicados a monitorear los nidos de esta especie única. En la aplicación de su celular llevan un registro exacto de cuántos colibríes habitan en la reserva. “Incluso identificamos los nidos con código y placas para diferenciarlos”, comenta Macas. Los recorridos los realizan en solitario por lo sensibles que pueden ser las aves. Pero su trabajo no se termina ahí, también participan en la reforestación con plantas nativas, como la chuquiragua, una especie de arbusto andino, que es el principal alimento del colibrí de garganta azul.
La meta de la nueva reserva Ridgely es aumentar su extensión. “Actualmente, tiene alrededor de 200 hectáreas y en el futuro se espera duplicar el área para crear un hábitat más grande que permita incrementar la población del loro carrirojo”, cuenta Mena. Proteger al loro crea un efecto paraguas: “Al conservar estos bosques, donde habita el loro, protegemos a muchas otras especies. La reserva empieza desde los 2.800 hasta los 3.500 metros, llegando casi el páramo. Al cuidar este ecosistema, preservamos fuentes hídricas y garantizamos la supervivencia de osos y aves, como el tucán andino, las pavas de monte, los colibríes o las ranas”, zanja el investigador.
La historia detrás del loro carirrojo y del colibrí garganta azul en Selva Alegre es también la de las personas que dedican su vida a protegerlos en medio de una región del Ecuador que está cada vez más amenazada por el impacto del cambio climático, además de la nueva presión que ha puesto en jaque a las áreas protegidas del país andino: la minería ilegal. La creación y expansión de la reserva Ridgely no solo busca salvar a una especie, sino preservar un bosque entero, sus ríos, su páramo y la increíble diversidad que habita en este ecosistema único.
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