Nacionales
La digitilización en todas las áreas llega de nuevo al Poder Judicial.
La presencialidad pasa otra vez a un segundo plano en el Poder Judicial, ya que comenzará de nuevo a utilizar la tecnología para realizar la mayoría de sus procesos legales y administrativos.
Desde contactar a las partes de un proceso por videollamada, notificar los procedimientos digitalmente, tener acceso a los expedientes de forma remota y hasta realizar audiencias virtuales (menos en lo penal), son parte de las novedades que este poder de Estado comienza a experimentar.
Uno de los cambios es la firma electrónica, que serán utilizadas en todos los documentos donde corresponda la suscripción a los jueces, secretarios y servidores judiciales.
Para una mayor seguridad, la firma deberá cumplir con una serie de requisitos, y los documentos que contengan esta rúbrica contendrán una estampa al final (código QR).
Además de esto, los expedientes estarán digitalizados y disponibles a través de una plataforma digital que entrará en funcionamiento de manera gradual. Esta plataforma permitirá realizar solicitudes, someter asuntos y dar acceso a procesos, roles de audiencias y todo documento de carácter público.
Las audiencias virtuales del Poder Judicial
Otras de las novedades son las audiencias virtuales, que fueron utilizadas en medio de la pandemia en todas las materias, pero que solo estaban reguladas por reglamentos del Consejo del Poder Judicial y fueron anuladas por el Tribunal Constitucional meses después.
Ahora, con la nueva ley, se realizarán en todas las materias, exceptuando la penal, que es una de las áreas más mediáticas y donde mayores procesos judiciales se conocen.
Para esto, se habilitarán las plataformas correspondientes. Además, para la celebración de la audiencia virtual se debe disponer de espacios, en las sedes judiciales donde sea posible y cualquier otro lugar público destinado a facilitar el acceso a la audiencia virtual.
Estos espacios tendrán como requisitos mínimos acceso a internet, cámara, amplificación de sonido y micrófono.
La negativa de una de las partes, impide que el proceso sea conocido en esta modalidad.
Las notificaciones y demás procesos
Por otro lado, las notificaciones, citaciones, comunicaciones y avisos a cargo de la secretaría de los tribunales podrán ser remitidas por la vía digital. Deben cumplir con todas las formalidades que exige la ley en cada materia.
Los usuarios que deseen recibir sus notificaciones deberán habilitar el buzón judicial digital en el Portal Judicial, completando varios requisitos.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial y el Comité Estratégico para la implementación de medios digitales en el Poder Judicial, serán los encargados de la estrategia, diseño, implementación, despliegue, seguimiento y mejora constante de los sistemas tecnológicos.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.